Dieta de adelgazamiento

Las comunidades autónomas han pactado reducir el déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 al 1,5% que les ha marcado el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a partir del nuevo programa de estabilidad presupuestaria. Un modesto avance que habrá que cumplir inexorablemente si se desea mantener el sistema autonómico sin reducir servicios esenciales tal como se planteó inicialmente. Conviene recordar que el déficit autonómico y, en menor medida el municipal, han sido los elementos decisivos en el hecho de que el desequilibrio presupuestario del conjunto de las administraciones públicas fuera el pasado año del 8,5 por ciento en lugar del previsto 6 por ciento. La mayor dificultad estará en 2013 cuando desde 5.8% ahora impuesto por Rajoy será necesario hacer una nueva reducción hasta el 3%

Esta tarde el gobierno ha lidiado la parte más delicada de su política económica. Rajoy tiene que imponer a las autonomías el techo de déficit que no puede ser mas del 1.5%. Andalucía se ha opuesto creo yo por razones electorales, para la consejera andaluza ese reparto desigual y, por ello, que se "someta a las comunidades a un plus de exigencia", solo tiene "una justificación", es decir, "poner en crisis la prestación del modelo de bienestar". "Se quiere hacer negocio con lo que son derechos y prestaciones básicas".Se han abstenido Cataluña y Canarias. Y este es solo el primer envite. Solo Madrid y Galicia cumplieron las expectativas para 2011. Siendo conscientes que Cristóbal Montoro, que dice que no tiene intención de volver a subir los impuestos para reducir el déficit presupuestario, cosa que, desde luego, los españoles le agradeceremos mucho.

La aparente firmeza en el tope de déficit puede encontrar una indeseable válvula de escape en la lamentable decisión del ministro Montoro de elevar el tope de deuda de las autonomías hasta el 13 por ciento de sus respectivos PIB, reflejada en el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobado en el último Consejo de Ministros, frente al 10% que fijaba el anteproyecto de dicha ley de 27 de enero de 2012. Esperemos que la posibilidad de contraer nuevos créditos, que este nuevo tope permitirá a muchas autonomías, no sea una forma de burlar el esfuerzo por ajustar gasto e ingresos.

Si el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dice que no tiene intención de volver a subir los impuestos para reducir el déficit presupuestario, cosa que, desde luego, los españoles le agradeceremos mucho, entonces no tendrá más remedio que empezar a trabajar en lo que, en cualquier caso, debe ser una de las reformas fundamentales de esta legislatura: La reforma del carísimo e insostenible sector público.

Pero el problema real no consiste en cuadrar las cuentas este ejercicio sino en conseguir que los problemas presupuestarios de hoy no vuelvan a reaparecer mañana, cuando la economía española enfile la senda de la recuperación y los Ejecutivos regionales vuelvan otra vez a las andadas con sus gastos y solo hay una posibilidad, reducir el número de empleados públicos innecesarios que el Gobierno Zapatero y los virreyes autonómicos han sobrecargado los gastos de las administración locales y autonómicos desde 2.004  y esto tendrá que hacerse a partir de la aprobación del presupuesto de 2012. Mientras la administración central ha reducido en esta década el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%. Calculo que existe un excedente de 600.000 empleados públicos que tendrán que pasar ineludiblemente a la empresa privada o…al paro.

En cualquier caso, los gobernantes autonómicos y municipales no sólo deben reducir su personal directo, sino que deben cerrar ya la sangría que suponen las televisiones autonómicas, la duplicidad de competencias, las embajadas, los ineficientes empresas o los costosísimos delirios culturales e identitarios a cargo del contribuyente. Hay multitud de ayuntamientos que pueden y deben fusionarse, como también se debe abrir un debate sobre si es conveniente que las autonomías ejerzan competencias que también ejercen diputaciones y ayuntamientos.

A la reducción de su volumen de sus administraciones tendrán que aplicarse los distintos responsables de autonomías y ayuntamientos sin excepción a partir de ahora, ya no por las imposiciones de Bruselas, sino para  evitar la quiebra del país y lograr su supervivencia.