Despido procedente

 

El caso de Dolores Amorós la ex directora general de la ya quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo es solo una muestra de la deficiente manera que han funcionado tantas y tantas instituciones en época de cisis y nos alerta del deficiente estado mental de nuestra clase dirigente tanto bancaria como política que se creyó que el dinero era el fin último y que han estado pululando por las administraciones públicas o los consejos de administración y que han saqueado las cuentas públicas de este país.

La ex directora general de la CAM María Dolores Amorós hundió la entidad; el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyó que "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia" y cuestionó su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión", pero eso sí... ella ha reclamado un 'premio' por su labor.

Además de asignarse una renta vitalicia de cerca de 370.000 euros ha tenido el valor de reclamar 10 millones de euros en concepto de "lucro cesante"... Pues menos mal que es "cesante", porque ya está bien de lucrarse a costa de los demás. Sin embargo, parece que todavía le queda la poca vergüenza de reclamar la cantidad que hubiera cobrado en los 17 años que le quedaban como empleada hasta su jubilación, a lo que habría que sumar el doble de la cuantía en concepto de despido improcedente.

El extenso fallo de la juez María Paz Fernández, de 67 páginas, resulta contundente. Tras la exposición de hechos, la magistrada arranca su argumentación desmontando por completo la pretensión de la exdirectora general de la CAM de que el despido se declarase nulo porque se había vulnerado su derecho al honor. La solicitud se basaba en la divulgación de la carta de motivos que redactaron los administradores del FROB para comunicarle el cese, en la que se le acusa de graves irregularidades.

Habrá que ver lo que ocurre ahora con sus compañeros de rapiña. Entre Roberto López Abad, Vicente Soriano, Joaquín Meseguer, Gabriel Sagristá, Agustín Llorca y Daniel Gil se embolsaron 15,5 millones de euros al retirarse.

Ahora que tanto se habla de los tipos de despido procedente, improcedente y objetivo... ¿alguien puede sostener que este no estuviera 100% justificado? Se podría incluso añadir un tipo más con una indemnización a la inversa... ¿por qué no se contempla que devuelva todo el dinero estafado y pague además una multa por obligar a emplear dinero público en solucionar su mala gestión?