El saqueo de Andalucia (14) - A tirar de la manta

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha imputado a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un "entramado" de empresas "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

Por ello, "procede" imputar al hermano del expresidente de la Junta, quien "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".

En otro auto la juez Mercedes Alaya imputa también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, quienes "a través de un entramado de empresas" ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla "y valiéndose de sus contactos personales con la Junta" obtuvieron de la Consejería de Empleo ayudas por valor de 29.074.760,26 euros.

Aparece ahora otra grabación de Laura Gomiz la ex de Invercaria en otra grabación presumiendo que por encima de ella solo estaba la Junta y recibía órdenes directas de la Junta. Pide a sus técnicos en otra grabación que completen con datos falsos hasta 38 expedientes de Invercaria En la nueva cinta Laura Gómiz dice : «Yo tengo más capacidad de inventar que nadie» y suelta “Todos los que están por encima mío saben lo que hay en Invercaria”.  ¿La versión del PP-A?:  50 millones de euros en inversiones y créditos concedidos  de forma «discrecional», lo que denominaron «segundo fondo de reptiles».

Ahora nos hemos enterado también que Invercaria también financió a la empresa a Quico Mañero, esposo en esa época de Elena Valenciano y asesor de empresas cercano a Felipe González, recibió de Invercaria 1,1 millones de euros

Otra vía abierta en la trama de los EREs falsos, también protagonizada por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo. La Junta de Andalucía destinó 1.052.000 euros de la partida presupuestaria 31L, conocida como 'fondo de reptiles', para financiar cursos de alta dirección de 200 personas vinculadas a la administración autonómica entre 2004 y 2008. Estas personas las designaba la propia Consejería de Empleo. le imputa seis delitos, ha decidido tirar de la manta. Según ha declarado ante la juez, imputa directamente a Manuel Chaves y su gobierno anterior y dice que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a los exconsejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Empleo, José Antonio Viera. "Gaspar Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia", ha detallado.

Además, según los letrados presentes en la declaración, Guerrero habría dicho que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema" -de concesión de ayudas-, y que ese "es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria". De hecho, habría señalado que la denominada partida 31L, el considerado como el primer fondo de reptiles, era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".

El ex director de Empleo presta declaración después de que la juez Alaya le haya realizado un extenso relato de los hechos por los que le imputa hasta seis delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Esta mañana,  José Antonio Griñán inaugurando una fábrica estaba tan atolondrado que no sabia si estaba en Jaén o en Cádiz según dijo en su discurso y al darse cuenta de su error volvió rectificar su error… No es para menos. Se está desmoronando rápidamente el tinglado  a dos días de empezar la campaña electoral. Griñán de tanto decir que no sabe nada sobre la corrupción parece que ahora ha entrado en la fase siguiente de Alzheimer y ha  perdido definitivamente la memoria.