El saqueo de Andalucía 121 - La declaración de Teodoro Montes

Teodoro Montes Pérez, responsable del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, declaró en el juzgado de Mercedes Alaya que se adjudicaron "de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, así como de ia propia Junta de Andalucía." Además, denunció que se daba dinero para cursos que no tenían control ni inspección y que "el control económico de las facturas justificativas de los gastos no se realizaba." Con esta declaración, la Operación EDU se extiende a toda Andalucía y pone de relieve la participación de altos cargos del PSOE y de la Junta en su entramado.

Según el informe policial sobre estas declaraciones, "el análisis de las declaraciones de Teodoro Montes pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes. En este sentido identificó una partida de fondos para Formación Profesional Ocupacional gestionada directamente la Dirección General de Trabajo a nivel Comunidad Autónoma. En sus declaraciones Teodoro Montes describió una serie de ejemplos irregularidades por él detectadas en cursos financiados dentro de dicha partida".
Cuando el funcionario denunció todos estos hechos ante la Junta de Andalucía, fue víctima de un acoso tal que llegó al "emparedamiento", hostigamiento que fue denunciado hace más de dos años. Como Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio finalmente la razón al funcionario y condenó a la Junta.

Extractos de la declaración de Montes:

- A nivel provincial, "la asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas a las entidades encargadas de organizarlas, se ha hecho por parte de las autoridades administrativas sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Dándose la circunstancia que "existen entidades formativas a las que se le asignan muchos más cursos de los que pueden .asumir. Estas entidades suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones."

Además de este bloque "provincial" existe la asignación realizada por los servicios centrales (Dirección General de Empleo, código 98), la cual, a su juicio, se efectuaba de manera discrecional." Muchos cursos no se realizaron

"PREGUNTADO para que diga si se han detectado irregularidades. MANIFIESTA que sí. Que para señalarlas debe identificar individualmente Ios expedientes concretos. Que por ejemplo se han detectado una cantidad significativa de cursos que no se han realizado o que no tienen conocimiento de su realización. Que para la identificación de estos expedientes concretos aportará a la Autoridad Judicial una lista de los expedientes en los que se detectan estas irregularidades.

 PREGUNTADO si puede relatar alguna irregularidad que haya detectado, en el ejercicio de sus funciones, en la ejecución de las acciones formativas.  MANIFIESTA: - La justificación de asistencia a cursos de alumnos que realmente no han asistido al mismo.
- La no presentación de documentos justificativos de realización del curso ante el órgano de gestor, encargado del control y seguimiento.

450 cursos 'fantasma' -

"Existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la FAFFE, que administrativamente según el departamento de gestión, encargado del control y seguimiento, no se puede certificar su materialización. 

Quiere añadir que una vez que el Servicio Andaluz de Empleo se subroga a todas las obligaciones de FAFFE, personal del mismo acude al SAE y participa en la gestión, alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos, y ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna, por lo que el dicente como responsable de la custodia de esta documentación, presentó denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla. Copia de la denuncia presentada se une a la presente mediante DOC. 4".

La Junta desmanteló el departamento de control Además de subrayar cómo el propio procedimiento de la Junta favorecía el "sobredimensionamiento del coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta", dijo que él era "el encargado del análisis y control del gasto y que es a él al que se le deben presentar las facturas justificativas del gasto producido en cada una de las acciones formativas.

Preguntado por la situación actual de su departamento manifiesta que desde los últimos dos años, coincidiendo con la aparición de noticias sobre el caso de los Eres fraudulentos, y con la sentencia favorable al manifestante sobre el caso de "mobbing", ha percibido una tendencia en aumento por parte de la Administración, a acabar con su departamento, prohibiéndose a todo el cuerpo técnico su salida para la función de control, e incluso removiendo a su personal, de manera que desde el día 15 de abril (de 2013) el departamento está constituido únicamente por el manifestante.

De hecho, las programaciones de cursos que se están ejecutando en la actualidad son las correspondientes a las del año 2011, incluso un 70% de la misma se encuentra sin ejecutar, lo que pone nuevamente de manifiesto, que por parte de la Administración existe una necesidad imperiosa de controlar que una posible actuación judicial sobre estos fondos no produzca daños a sus responsables.

La Junta cambió la ley para favorecer a UGT Los proyectos de formación continua se iniciaron en el año 2005, con la intención de formar a personal ocupado en los diferentes sectores productivos, incluyéndose también financiación con finalidades de investigación. La formación continua se dividió en dos grupos, el sectorial y el intersectorial. Las entidades que ejecutaban las acciones formativas eran los Agentes sociales "y tres entidades más, que no recuerda el nombre, dedicadas a funciones sociales." En el intersectorial, fundamentalmente los Agentes sociales.

 Pero "la cantidad de fondos aplicados a la formación continua, hizo que los Agentes sociales no fueran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que se cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas. Estas subrogaciones permiten por ley que cada una de las entidad adjudicatarias cuando firma la subrogación, obtengan de la subrogada una comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%."

 En estos cursos persistió la falta de control: " El mecanismos de control es doble, el presencial, exigiendo la norma entre un 12%-15% de cursos visitados, control que por el número de técnicos es imposible llevar a cabo, y un segundo control mediante llamada telefónica a los interesados".

 Además, "existe una excepción en las acciones formativas desarrolladas por la propia Delegación provincial, que no tienen partida presupuestaria asignada, 'desconociendo cómo se pagan".
Los responsables son los altos cargos de la Junta "PREGUNTADO para que diga quienes, a su juicio, son los responsables de las irregularidades descritas, "manifiesta que todos sus superiores jerárquicos, sin excepción."

 Y culmina su declaración de este modo: "Preguntado para que diga dónde se encuentran las pruebas documentales que demostrarían las irregularidades descritas, manifiesta: Que existen cuatro depósitos de documentos:

En la calle República Argentina, 21 de Sevilla,
En localidad de La Rinconada. En unas naves industriales que tiene allí la Junta. '
En el "Centro Guadalquivir", en ,el barrio de Amate de Sevilla.
En la propia Consejería de Empleo.

 Que para identificar los expedientes concretos los podría identificar el mismo y, a partir de ese momento, existe un protocolo de recuperación documental. Que en los servidores informáticos centrales, ubicados en la Consejería de Empleo, se encuentra toda la documentación en soporte informático".
El Gobierno andaluz ha anunciado este lunes que solicitará su personación como parte perjudicada en la causa que instruye el Juzgado Número 9 de Sevilla por un posible fraude en subvenciones por parte de UGT de Andalucía, así como en aquellas otras en las que fuera posible.

De la información disponible se desprende un posible menoscabo de la Hacienda Pública Autonómica, según ha informado el Gobierno andaluz en un comunicado. La Administración andaluza deberá personarse para ejercer las acciones que procedan para la recuperación del dinero presuntamente defraudado, indica el Ejecutivo.

El pasado 25 de junio, el Gobierno andaluz ya anunció que había instado al gabinete jurídico a analizar los posibles perjuicios para la Junta e iniciar las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos mediante la personación en el sumario, una vez que los procedimientos judiciales así lo permitieran.