El saqueo de Andalucía 119 - Se cierra el circulo para la Junta, el PSOE-A y UGT-A

Estos últimos dias se han dado un gran avance por los distintos frentes abiertos, para intentar aclarar los temas de corrupción que afectan a la Comunidad Andaluza que afectan directamente al PSOE A, UGT y la Junta de Andalucía. La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ampliado la investigación del caso a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2011 y 2012, según un auto notificado este miércoles a las partes. Hay que destacar que, hasta el momento, la juez investigaba las ayudas concedidas entre los años 1999 y 2010.

De este modo, y "siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012" con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, la magistrada requiere a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, "remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso".

En el mismo auto, la juez imputa en el caso al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón, quien ocupó este último cargo desde abril de 2009, siendo "titular de la Consejería Carmen Martínez Aguayo".

Como secretario general de Hacienda, "estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán", por entonces consejero de Economía y Hacienda, y "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".

Según indica la juez, "en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible".

Asimismo, el nuevo imputado "formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste". Estas últimas actuaciones de la juez Alaya ponen directamente a José Antonio Griñán y todos los miembros de la actual Junta en el disparadero de la trama de los EREs. 

La Operación EDU

La Operación EDU que investiga las irregularidades de los cursos de formación subvencionados por la Junta y destinados a parados se extiende ya a las ocho provincias andaluzas y a ocho juzgados. Al juzgado de instrucción 8 de Málaga, que empezó la investigación a instancias de la UDEF y la Fiscalía, le siguieron el juzgado de instrucción 4 de Almería, el 16 de Sevilla, el 8 de Córdoba; el 5 de Huelva, el 1 de Granada; el 3 de Cádiz; y otro también de instrucción de Jaén, mencionado por El Mundo.

La magnitud del caso pone en evidencia, de nuevo, a Susana Díaz y su gobierno. La existencia de un fraude masivo en la formación a parados fue negada por una Junta de Andalucía que dice de sí misma ser víctima de estos fraudes pese a su falta de control y las evidentes conexiones de algunos detenidos con la Junta y con el PSOE.

La Junta, además, habló de un supuesto "montaje" del gobierno Rajoy contra Susana Díaz y la Junta y pretendió limitar el escándalo a Málaga. Incluso el consejero de Educación, Luciano Alonso, acusó al Gobierno Rajoy de abrir una "causa general contra Andalucía".

Hasta el momento, la operación arroja la cifra de 42 empresarios detenidos vinculados al sector de la formación y eso que se está en la primera fase del caso Edu Treinta y ocho de los arrestados lo fueron en la provincia de Málaga( Málaga , Coín, Vélez-Málaga, Ronda, Torremolinos, Alhaurín el Grande). Los cuatro restantes fueron en Granada –dos en Guadix y otros dos en Albolote-.

Se espera que en las fases siguientes de la investigación la lista de arrestados se amplíe y se extienda al resto de provincias andaluzas, porque ya en cada una de ellas se analiza al menos un expediente sospechoso.

Todos los acusados permanecen en libertad con cargos tras declarar ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Ninguno de ellos pasó a disposición del juzgado Instructor número 8 de Málaga, que instruye la causa, para evitar una saturación y se ha optado porque sea la autoridad judicial es que vaya llamando a los acusados de forma escalonada. Los supuestos delitos que se investigan son prevaricación, tráfico de influencias, estafa, fraude y falsedad documental.

La primera fase del caso se ha centrado exclusivamente en el entramado empresarial que se ha beneficiado de la "falta de control" de la Administración autonómica, ya que ha sido relativamente fácil constatar que se ha producido un supuesto ilícito penal, pues la mayoría de los centros incumplieron o cometieron irregularidades a la hora de cumplir su compromiso de contratar a los desempleados tras el curso.

Casi dos centenares de alumnos han declarado ya ante la UDEF y parece que han confirmado las supuestas irregularidades de los empresarios detenidos. Uno de ellos relató que lo intentaron obligar a trasladarse a Melilla para cumplir parte de su periodo de contratación por un sueldo de 400 euros. Otro, cuando se quejó por los incumplimientos, fue amenazado: "Si quiero, no vuelves a trabajar en Málaga". Otro más, que hizo un curso de auxiliar administrativo, acabó limpiando naves industriales.

La Policía cree en la existencia una auténtica tela de araña delictiva donde las empresas habrían empleado a testaferros para "ocultar el verdadero titular de las mismas" e incluso llama la atención la presencia de asociaciones sin ánimo de lucro que sólo perseguían beneficiarse de estas ayudas.

El rappel de UGT

El extesorero de UGT-A desvela que la cúpula "estaba al tanto" de los fraudes. Ha declarado ante el juez que los ex secretarios generales Pastrana y Fernández Sevilla conocían las comisiones 

El exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda aseguró en su declaración como imputado que los exsecretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del procedimiento conocido con el nombre de 'rapel', que consistía en unos descuentos indirectos que las empresas proveedoras realizaban al sindicato cuando se hacían compras importantes, pero que eran abonados al margen de la factura oficial que se presentaba ante la Junta para justificar la subvención.

Según el Instituto Armado, entre estos procedimiento se encontraba el llamado 'bote', señalando que UGT-A mantenía "una especial relación" con determinados proveedores, de manera que "para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se había realizado o servido realmente", añadiendo que "para poder establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido, el departamento de compras estableció lo que se dio en llamar el 'bote'"

La declaración judicial de Fresneda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha conocido después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, haya levantado el secreto de sumario que pesaba desde el pasado mes de septiembre sobre el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación subvencionados por la Junta, investigación en la que hay un total de 16 personas imputadas. De este modo, las partes han tenido acceso a los cinco tomos y más de 3.000 folios con los que cuentan ya las actuaciones.

Entre los imputados, y además de Fresneda, se encuentran también Dolores Sánchez, que fue responsable de compras de UGT-A, y María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de la ejecutiva andaluza de UGT y vocal de la Comisión de Garantías de UGT confederal, así como una decena de representantes de empresas que negaron al juez haber elaborado "facturas falsas" para UGT-A, aseguraron que "actuaron dentro de la legalidad vigente" y que siguieron las "indicaciones, pautas y parámetros" marcados por el sindicato.

En un atestado elevado al Juzgado, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica que el sindicato contaba con dos procedimientos que le habrían permitido "la canalización de fondos provenientes de subvenciones para la realización de acciones formativas otorgadas" por la Junta "para la realización de actividades diferentes a las que estaban predestinadas, financiando actividades regulares de UGT-A, como organización sindical".

Respecto al 'rapel', la Guardia Civil pone de manifiesto que, según la declaración de los trabajadores del departamento de Administración de UGT-A, aquellos proveedores que quisiesen contratar con esa entidad "debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3 y el 15 por ciento", porcentajes que "eran negociados" por Fresneda y María Charpín y que "quedaban documentados como descuentos en concepto de 'rapel'", de manera que con cada uno de los proveedores "se negociaba un porcentaje diferente y, según este acuerdo, de manera periódica, bien por transferencia, bien por talón bancario, ingresaban a favor de UGT-A las cantidades correspondientes a los descuentos aplicados".

"Vía alternativa de financiación"

De este modo, añade la UCO, "la factura emitida por el proveedor por el 100 por cien del gasto era imputada a un programa subvencionado, caso de ser un gasto subvencionable", pero "sin embargo en el momento que el proveedor devolvía una determinada cantidad, este descuento no se comunicaba a la Administración".

"Con estos sistemas, el sindicato se dotó de una vía alternativa de financiación, siendo a su vez la persona que llevaba un total control sobre los mismos Federico Fresneda, si bien en un plano inmediatamente inferior se situaba María Charpín", asevera la UCO, que considera que "la mayoría de los gastos estructurales UGT-A eran imputados a programas subvencionables".

En su declaración judicial, Fresneda explicó que el pago de 'rapel' por parte del proveedor "se hacía según el volumen de ventas que se alcanzaba", de manera que el mismo se pagaba al sindicato "por transferencia, cheque o talón, se prorroteaba y se aplicaba a la unión o federación que hubiera hecho el pedido correspondiente", añadiendo que el 'rapel' obtenido "se ponía en conocimiento de la comisión ejecutiva, del consejo regional y del comité regional".

Fresneda admitió que "es cierto que cuando se obtenía el 'rapel' sobre el volumen total de compras, y al aplicar la subvención correspondiente, en la factura no se hacía el descuento del 'rapel'", por lo que "en su momento se hizo la consulta oportuna y era un tema complicado que no se llegó a solucionar", pues "cuando UGT-A recibía el 'rapel' del proveedor correspondiente ya se había justificado con la factura oportuna ante la subvención que correspondiera".

Fresneda, que aseguró no saber nada sobre el procedimiento del 'bote', declaró que el porcentaje del 'rapel' "solía ser de un cuatro por ciento", aunque "dependía de la facturación", de manera que "no es cierto que este porcentaje podía llegar al 20 por ciento ni tampoco que su pago fuera una condición indispensable para poder contratar con UGT-A", pues "de hecho hay proveedores que contratan sin pagar 'rapel' alguno".

A preguntas del fiscal, el imputado explicó que era la Comisión Ejecutiva de UGT-A la que "decidía las empresas que debían pagar este 'rapel'", de modo que Pastrana y Fernández Sevilla "estaban al tanto", abundando en el hecho de que, de las facturas presentadas para justificar la subvención, "no se podía descontar el importe de ese 'rapel', ya que no se sabía qué 'rapel' se iba a recibir si no se había llegado al volumen de compras correspondiente".

Todo ello "habiéndose ya justificado la factura para la subvención", puso de manifiesto Federico Fresneda, que aseveró que "no es cierto que el 'rapel' fuera un porcentaje fijo, pues al menos al principio era sobre el volumen de compras", aunque "no sabe si luego se eliminó esta forma de cálculo". El 'rapel' "se abonaba anualmente".

Mientras, ayer se reunieron el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez y el secretario Geneneral de UGT Cándido Mendez y al finalizar la reunión declararon que no trataron los casos de corrupción en la que tanto el partido como sinsicato están inmersos.