El saqueo de Andalucía 118 - Francisco Fernández Sevilla y 16 sindicalistas mas

La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado esta semana la imputación en el caso de otras 16 personas, entre ellos quien había sido secretario general de UGT en Andalucía hasta hace unos meses, Francisco Fernández Sevilla, junto al  responsable de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, Francisco Figueroa, y otros sindicalistas.

La jueza Alaya analiza en un auto las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink y concluye que en la primera de ellas hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un "cheque en blanco contra los fondos andaluces" y en la segunda, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, siguió el "sangrado continuo de fondos públicos". La magistrada acuerda un calendario de declaraciones entre el 14 y el 18 de julio, que incluye a los líderes de UGT y CCOO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, que entonces era miembro de la dirección andaluza de UGT.

La jueza decreta la citación como responsables subsidiarios de sus respectivos sindicatos, así como de Altadis y la matriz de A-Novo. Imputado otro hijo de Ruiz-Mateos El calendario incluye a Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa que es imputado en la causa, en este caso por las ayudas a Dhul; el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como "Pizo" Gómez, para acordar las medidas civiles contra él, y dos presuntos testaferros de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago por las ayudas en la Sierra  Norte de Sevilla.

La jueza vuelve a imputar por estas subvenciones a ex altos cargos ya acusados como los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En Altadis, la jueza enumera 15 irregularidades en los 26 millones de euros comprometidos por la Junta, como el hecho de que las ayudas no fueron sometidas a fiscalización de la Intervención, no se hizo "ningún seguimiento", y no consta la aplicación de "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad", todo ello "sin el mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos". 

Sobre la malagueña A-Novo Comlink, dice el auto que las líneas básicas para su plan de viabilidad se acordaron en mayo de 2004 en una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la presidencia de la Junta, con asistencia del presidente -que entonces era el preimputado Manuel Chaves- pero, al igual que en Altadis, las ayudas "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos". En este caso hubo un "dispendio in crescendo de los fondos públicos" cuyo "colofón" fueron las ayudas comprometidas para Manuel Jiménez de Miguel "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" pues no prestó "servicios efectivos" para la compañía y pese a ello se garantizó una suma de entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017, añade el auto.

Declaraciones pendientes Alaya, a la vez, rechaza la petición de la Junta, personada como acusación, de imputar al empresario Alfonso Seoane, que ocupó varios cargos en la Expo 92 y recientemente fue asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), pues "en este caso su participación se habría limitado a ostentar cargos en las sociedades" de Rosendo y Sayago. De la misma manera, "en el momento actual no se deducen indicios de la participación" de María José Cervantes (PSOE), exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en las ayudas a la empresa Aglomerados Morell. Entre el resto de imputados hay varios sindicalistas y un sexto hijo de Ruiz-Mateos.

Alaya, que en recientes autos ha anunciado el fin próximo de la instrucción, aprovecha este auto para acordar diversas declaraciones que quedaron pendientes en años anteriores, como las de responsables de la Asociación de Limpieza Pública (Aselip) de Granada y de dos jefes de Inversiones y de Créditos de Caja Rural de Granada por su intervención en las ayudas a Dhul.

La juez traza una clara relación de causa-efecto entre «los compromisos» adquiridos en la citada reunión, donde «se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad», y el convenio suscrito tan sólo dos meses después entre la Junta y la empresa para sufragar los ajustes laborales con una aportación inicial de 20,85 millones. La operación salió muy cara a las arcas. El coste medio por trabajador afectado osciló entre los 176.247 y 340.105 euros en el expediente de 2008.

Pero no quisiera acabar este artículo sin una pincelada alusiva a las dos personas. ambas del sexo femenino, que, en estos momentos, concitan la atención de buena parte del país. Una, cómo no, es la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien sigue moviendo sus peones para que su protegido Pedro Sánchez consiga hacerse con las riendas del partido en Ferraz. Y lo está bordando. La otra es casi vecina suya en los Juzgados del Prado de San Sebastián, 

La magistrada de los EREs fraudulentos acaba de imputar a otros dieciseis más (la lista se acerca ya a los 200) como presuntos implicados en la red de desfalco de dinero público, entre ellos al ex secretario general de la UGT andaluza y sucesor de Manuel Pastrana al frente del sindicato hermano, Francisco Fernández Sevilla. así como a varios sindicalistas tanto de la UGT como de Comisiones Obreras. 

O a lo mejor de un única película porque soy de los que piensan que sus papeles se encuentran muchas veces vitalmente entrelazados. Y, claro, como el Juego de Tronos, esa película no tendría otro escenario que Sevilla. Que se anime pronto algún guionista que, seguro, que en España barrería en la taquilla.

Veremos en qué acaba todo este lío. Ambas mujeres son merecedoras de sendas películas que retraten su trayectoria. O a lo mejor de un única película porque soy de los que piensan que sus papeles se encuentran muchas veces vitalmente entrelazados. Y, claro, como el Juego de Tronos . Que se anime pronto algún guionista que, seguro, que en España barrería en la taquilla.