Asalto al Parlament - Una absolución injusta y peligrosa

El asedio al Parlamento autonómico de junio de 2011 se ha saldado sin ningún castigo. La Audiencia Nacional ha decidido este lunes absolver a los 19 acusados, que se enfrentaban a una petición de cinco años y medio de cárcel por parte del fiscal, por los delitos atentado contra la autoridad y contra las instituciones del Estado. La única sanción impuesta a los imputados es una pena de cuatro días de localización a uno de ellos, por una falta de daños, por pintar la chaqueta de la entonces diputada autonómica del PSC Montserrat Tura.

Al pleno de ese día solo pudieron asistir 70 de los 135 diputados, y algunos de ellos -como el presidente de la Generalidad, Artur Mas, o el entonces líder de la oposición, el socialista Joaquim Nadal- tuvieron que acceder en helicóptero al edificio del Parlamento autonómico.

Según la sentencia,los manifestantes "ejercieron el derecho fundamental de manifestación" para "reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios", así como para "expresar el divorcio entre representantes y representados". Y recuerda que la libertad de expresión y el derecho de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción".

La sentencia de la Audiencia Nacional no sólo justifica el violento asalto al parlamento catalán al parlamento catalán como una defensa de la Constitución, (?) sino que no duda en atacar a los "medios privados" de comunicación a quienes atribuye el secuestro de la voz de determinados sectores. Dicen los magistrados de la Audiencia en su escrito que:

"Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales".

La sentencia la ha adoptado la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero con el voto particular de su presidente, Fernando Grande-Marlaska. Este era partidario de condenar a 10 de los activistas por un delito contra las instituciones del Estado, así como de elevar a delito de daños la falta de daños que se ha sentenciado. Tanto la Generalitat como el Fiscal General han decidido recurrirla con buen criterio.

Contemplé aquellas escenas por TV y entiendo que los atacantes por lo que hicieron aquel dia deberían pagar por lo que hicieron, ya que coartaron el normal funcionamiento de una institución que, se podrá estar o no de acuerdo con sus decisiones, pero con sentencias como ésta no es mas que una incitación al terrorismo. 

Si en algún momento he expresado que la Audiencia Nacional que desde muchos ángulos esta considerado un tribunal político, debería desaparecer, por no existir en este momento razón de este tribunal especial ya que los atentados terroristas y la situación en el País Vasco  fueron el motivo de su implantación hace tiempo y ahora estos jueces que ahora están aburridos se dedican a hacer política. Debería ser el sistema judicial ordinario por sorteo quien se ocupe de los casos penales y mas aún si las sentencias que va emitiendo son tan perturbadoras y contradictorias como ésta.