El saqueo de Andalucía 198 - El turno judicial de los sindicatos

Fernández Sevilla, saliendo de los juzgados de Sevilla en noviembre de 2014. JESÚS MORÓN

El juez sienta a UGT en el banquillo por saquear a los parados para sus gastos

La Fiscalía pide 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT-A por la trama de las facturas falsas

Anticorrupción dice que el sindicato es "responsable civil subsidiario" de la cuantía defraudada, que se eleva a 40,7 millones, y "responsable solidario" de las multas por valor de 250 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre los años 2009 a 2013.

UGT-A habría saqueado fondos destinados a los parados andaluces, a través de los cursos de formación, por medio de una supuesta trama Las subvenciones fueron concedidas al sindicato por el anterior gobierno andaluz del PSOE en una comunidad "donde el paro es un grave problema", remarca el fiscal.

El escrito de acusación de la Fiscalía, se dirige contra 15 acusados: cinco pertenecientes a UGT-A y a su empresa instrumental Soralpe y diez proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban facturas ficticias siguiendo las órdenes que les daban los responsables de la central sindical.

La gran novedad del escrito de acusación de Anticorrupción está en que responsabiliza a UGT-A de todo el presunto fraude, a pesar de que el sindicato no está personado en la causa que está tramitando el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla. Todo ello se explica en el apartado de la "responsabilidad de UGT-A", donde el Ministerio Público señala que el sindicato es "responsable civil subsidiario por la totalidad de la cuantía de las cantidades defraudadas", que se eleva a 40.750.047,74 euros. Igualmente, el sindicato es "responsable solidario por las cuantías de las multas de los acusados", que son de 50 millones de euros para cada uno de los cinco procesados vinculados a UGT-A y a su empresa Soralpe, dice el escrito de acusación.

Federico Fresneda, el ex tesorero de UGT, tras ser detenido en junio de 2014.JESÚS MORÓN

Ello quiere decir, según las fuentes del caso consultadas por este diario, que si finalmente hubiera una condena y los enjuiciados no pudieran hacer frente al pago de los 40,7 millones de responsabilidad civil, UGT-A tendría que responder y pagar esa suma millonaria. A esa cuantía habría que sumar las cinco multas de 50 millones de euros de cada enjuiciado (250 millones). En total, 290,7 millones de euros a los que debería hacer frente el sindicato, si hubiera una sentencia condenatoria. Si el juez instructor admite esta petición de la Fiscalía, ahora tendría que abrir una pieza de responsabilidad civil y exigir al sindicato estas cuantías, sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia condenatoria.

Se rompe así la línea de defensa que ha mantenido el sindicato en Andalucía, que lidera la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla. La central sindical ha alegado estos años que no estaba personada en las diligencias que tramita el juez instructor y que todo era responsabilidad de los antiguos dirigentes, a pesar de que se están investigando subvenciones concedidas por la Junta a la federación 'ugetista' y de que los registros se hicieron en la sede del sindicato.

Anticorrupción ha solicitado una pena global de 26 años de cárcel y 200 millones de multa por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil para cuatro ex responsables de la federación andaluza de UGT. El fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas en diciembre de 2013, tras permanecer solamente siete meses en el cargo. Idéntica pena de 7 años ha exigido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 años entre 1998 y 2013; otros 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. En total, los 26 años.

A estos cuatro ex responsables de la central sindical, se suma el investigado Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato Soralpe, un cargo nombrado por la comisión ejecutiva de UGT-A. Este procesado también se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión. Goicoechea está acusado de prestar "auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes" del sindicato. Para cada uno de estos cinco acusados vinculados a la ex cúpula de UGT-A y a su empresa Soralpe, Anticorrupción reclama una multa de 50 millones de euros. Sumando las multas de los cinco resultan los 250 millones de los que el fiscal hace "responsable solidario" al sindicato.

Cada uno de los diez proveedores de UGT-A se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de tres años de cárcel. En total, 30 años de prisión.

"Con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos", los ex dirigentes de UGT-A pusieron "en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente", remarca el escrito de acusación de la Fiscalía.

Entre las vías para "sustraer fondos de las subvenciones" y financiarse de forma irregular están el bote, el rápel logrado con las facturas falsas confeccionadas por los proveedores y la "simulación de alquileres de las aulas empleadas para la formación", dice el fiscal.

LA "OSADÍA" DEL SINDICATO

Sobre el bote y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas confeccionadas por los proveedores, el fiscal señala que "tal fue su osadía" [de una responsable de UGT-A] que el manual de contabilidad del programa informático Spyro "llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente" para que los empleados del sindicato supieran cómo "manejar y contabilizar" esos recibos. EL MUNDO publicó el 1 de octubre de 2013 en portada el siguiente titular: "El manual de contabilidad de UGT incluye la gestión de 'botes'".

Del rápel, el fiscal explica que el tesorero de UGT-A negociaba con los proveedores del sindicato "un descuento ante la ingente actividad comercial". "Estos descuentos se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente" y se materializaban al final de cada ejercicio. La irregularidad del descuento radica en que, para justificar las subvenciones ante la Junta, el sindicato presentaba "la primera factura sin incluir el descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

LOS VIAJES

Entre los diez proveedores acusados por la Fiscalía está el responsable de la empresa Viajes Macarena de Sevilla Moisés Morillo. Desde el departamento de compras de UGT, según el relato de Anticorrupción, se utilizó a esta compañía para financiar gastos de viajes, hoteles, trenes y aviones de la organización sindical con distintos fines.

Así, los responsables del sindicato solicitaban a esta agencia de viajes que en las facturas "nunca figuraran los conceptos reales". Así queda reflejado en el correo electrónico enviado por Lola Sánchez Montaño el 27 de junio de 2012 a Moisés Morillo, en el que le pide que "en los conceptos no aparecieran ni fechas ni nombres ni organización sindical, tan sólo billetes de tren con el concepto actividad sindicales preventivas".

"A tal grado llegó la elaboración de facturación simulada que como quiera que Moisés no las declaraba a la Hacienda Pública, llegó la circunstancia que la AEAT (Agencia Tributaria) le hiciera inspección por defecto de declaración de IVA en 20.000", señala el fiscal.

Los alquileres ficticios de las aulas donde se impartían los cursos llegó a tener "tal magnitud" que "prácticamente casi todos los gastos estructurales" de UGT-A eran "financiados con los fondos destinados a subvenciones para los cursos de formación", detalla el escrito de acusación.

La Fiscalía subraya cómo nueve locales cedidos a UGT-A por el Gobierno central, la Autoridad Portuaria del Ministerio de Fomento y la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) son utilizados para generar un coste artificial de alquileres, que luego servían para justificar las subvenciones ante la Junta.

EL MARIDO DE SUSANA DÍAZ

Otras "modalidades defraudatorias" empleadas por el sindicato fueron la "imputación de salarios de empleados a los cursos, cuando realmente no trabajaban en ellos, así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato, desde las facturas del teléfono a la limpieza", apunta el fiscal.

Aunque no menciona su nombre, en esta situación -con la imputación de su salario a los cursos, pese a se ajeno a ellos- se encuentra el marido de Susana Díaz, José María Moriche. Entre las subvenciones con irregularidades que detalla el fiscal figuran las dos de las que cobró Moriche, de las que viene informando este diario. Se trata de los expedientes de ayudas concedidas por la Junta a UGT-A 98/2009/M/211 y 98/2009/J/217 que suman 11.008.656,75 euros a las que se cargó la nómina del marido de Díaz.

José María Moriche estuvo casi una década trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT, el ente del sindicato que se encargaba de impartir los cursos. Primero, estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012 por el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

UGT-A NO VE DELITO

Por su parte, UGT-Andalucía ha insistido este miércoles en que "todas y cada una de las acciones formativas que englobaban cada uno de los programas objeto de investigación fueron realizadas, y con niveles de eficacia y calidad que a fecha de hoy no pueden ser puestos en duda de forma objetiva".

Además, ha mostrado su "convencimiento de que no se ha cometido ningún delito, solicitando, una vez más, que se respete la presunción de inocencia, máxime cuando los supuestos hechos aún no han sido objeto de enjuiciamiento, a fin de no implantar en la opinión pública la culpabilidad de las personas procesadas y de esta organización como una realidad".