Los Inquisidores atacan de nuevo

La Generalidad de Cataluña ha acusado a Federico Jimenez Losantos de fomentar el odio a los catalanes, a Cataluña y a las instituciones catalanas y amenaza con adoptar las "acciones que considere oportunas", tanto penales como administrativas. Según un extenso informe elaborado en el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), el presidente de Libertad Digital y director de Es la mañana de Federico, de esRadio, habría vulnerado reiteradamente la Ley General de Comunicación Audiovisual, en concreto el apartado 1 del artículo 57 de dicha norma, relativo al "fomento del odio, menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad y opinión", lo que podría comportar, entre otras sanciones, una multa de entre medio millón y un millón de euros.

Este informe, tal como se reconoce en el texto, está elaborado a instancias de una resolución del gobierno regional catalán del 17 de septiembre, poco después de que el portavoz de la Generalidad, el consejero Francesc Homs amenazara en rueda de prensa con elaborar un listado de periodistas y medios críticos con el proceso separatista.

El extenso documento elaborado por los funcionarios del CAC -órgano de representación política con dos consejeras socialistas, uno popular y tres de CiU, que además ostenta la presidencia y el voto de calidad- comprende el periodo entre el 10 y el 17 de septiembre pasados y detecta hasta 43 infracciones supuestamente cometidas en la mayoría de los casos por Federico Jiménez Losantos. Pero el texto no se limita al director de Es la mañana de Federico, sino que afecta también a Alfonso Merlos, de 13 TV y Xavier Horcajo, de Intereconomía TV. Ni siquiera los tertulianos quedan fuera del radio de acción de los censores de la Generalidad, que citan a Gabriel Albiac y Hermann Tertsch (columnistas de ABC), Inés Arrimadas (diputada autonómica de Ciutadans) y al periodista José Antonio Sentís.

Se da la circunstancia que los medios y las personas implicadas emiten sus programas desde fuera de Cataluña por lo esto no va a tener ningún efecto práctico, por lo que no es más que un intento de amedrentar a aquellos que intenten dar su opinión divergente desde Cataluña. Ellos mismos ya se habían encargado anteriormente de suspender las licencias de emisión a las siete emisoras de Esradio y otros medios independientes que estaban emitiendo en Cataluña. El propósito del CAC es únicamente que estos medios no se puedan oir en Cataluña cosa que están logrando.

Según el informe, Federico Jiménez Losantos es un representante del "discurso del odio" en cuyo programa de esRadio, emitido en directo por Intereconomía TV, se vierten comparaciones que podrían ser consideradas una infracciones "muy graves" del ordenamiento jurídico y pone como ejemplo frases como las siguientes: "De todo lo que pasaba en Alemania, la culpa siempre la tenían los judíos y si no, los anglosajones o los franceses. Nunca los alemanes. Este es exactamente el modelo catalán" o "Allí, en Cataluña, la raza inferior son los españoles". También alude el informe hasta en dos ocasiones a la comparación de que el nacionalismo catalán es "nazismo con sacarina". Algo que suscribimos yo mismo y una gran mayoría de quienes nos sentimos españoles y vemos aterrados esta deriva secesionista.

Pedro J. Ramírez en cuanto se ha enterado que no está en la lista del del CAC se siente ofendido, pero por al no estar incluido en tal ilustre lista, ya que cree que ha hecho méritos suficientes para no ser marginado por el CAC ya en su periódico en mas de una ocasión ha comparado la Generalitat con el III Reich de Adolf Hitler y la labor del CAC al organismo al que montó en su tiempo Göebels en la Alemania nazi.

Daniel Cirera del PP fue nombrado como uno de los siete miembros de este organismo donde cada uno de sus miembros cobran más que el Presidente Rajoy, ha confesado que cuando este asunto se votó, hubo un empate a tres ya que se unieron a su voto negativo las dos representantes del PSC, y que deshizo el presidente también de CIU con su voto de calidad. Se sobreentiende el interés de Cirera y sus compañeras socialistas en permanecer en este organismo ya que si dimite, iba a perder un verdadero chollo.
 
En esto la Generalitat gasta cinco millones al año. Contratar a unos señores para que vieran distintos programas de televisión y censurarlos, no haría falta pagarlos tan generosamente, si no fuera que están obligados a hacer en todo momento aquello lo que le interesa al tirano. Este CAC debería desaparecer.