Un “Gran Hermano” en la Generalitat

En los últimos tiempos se ha descubierto que por parte de la clase política catalana ha existido una verdadera obsesión por espiar a los adversarios políticos a través de agencias de detectives, de las que sobresale Metodo 3 por el escándalo suscitado por las grabaciones en el restaurante La Camarga de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola con Alicia Sánchez Camacho. No paran de salir noticias de políticos que se espían unos a otros, me imagino costeados con el dinero del contribuyente. Uno de los más adictos a este sistema es el actual consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó.

El ambiente político en Cataluña viene determinado por la desconfianza y por la extensión de unas prácticas impropias de la actividad pública. La Razón publica la noticia que en febrero del año pasado, poco después de que estallase el escándalo del espionaje en Cataluña, se publicó que Método 3 investigó al actual consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, en 2009 por orden de Xavier Martorell, ex director general de Instituciones Penitenciarias de Cataluña –cargo que abandonó por este escándalo– y ex director de los Mossos d'Esquadra. Supuestamente, todo ello ocurrió con el visto bueno del entonces gerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y actual consejero de Justicia, Germà Gordó.

Éste se apresuró a desmentir las informaciones y a mostrar su «total confianza» en Martorell, al tiempo que la propia Convergència i Unió (CiU) anunció acciones legales contra los medios que dieron cuenta de esta suerte de «Convergència espía a Convergència». No obstante, Gordó también recurrió a Método 3 tiempo después, ya en su época como secretario del Govern (diciembre de 2010-diciembre de 2012). De hecho, figura como «responsable» en un documento titulado «Gente que mirar nombres», en el que aparece, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

De acuerdo con dicho documento, el actual conseller de Justicia también acudió a la «conocida» agencia de detectives en busca de información sobre el concejal de Madrid Pedro Calvo; el vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras; la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; el portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, y el ex diputado del Parlament Julio Ariza, que es propietario del grupo Intereconomía.

El caso de Vidal Cuadras, a pesar de que su vida política hace años está fuera de Cataluña podría entenderlo, ya que siempre ha estado manteniendo un firme discurso contra el nacionalismo. Pero lo de las alcaldesas de Ciudad Real y la de Madrid, cuyos intereses remotamente puedan afectar al territorio catalán, lo que solo puede tratarse de una enfermedad que está afectando en mayor o menor grado a cierta clase política catalana.

Temor a ser grabado

Germá Gordó, que forma parte del primer círculo de Artur Mas, pasa por ser un hombre de modales refinados, partidario de la línea dura, pero abierto al diálogo. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ofrecido a sus interlocutores evidentes muestras de nerviosismo, tales como pedir a quienes le visitan en la sede de la consejería que entreguen sus móviles a un ujier al efecto de poder charlar "sin interferencias". Gordó, pasa por ser también uno de los hombres con más y mejor información en Cataluña, por lo que sus recelos y actitud frente a los móviles ajenos no son tenidos por una simple anécdota.

Varios empresarios y dos destacados miembros de la judicatura han sido "víctimas" de la desconfianza del consejero, quien, según testigos presenciales, "requisa" los móviles como si fuera una práctica elemental, intentando no darle importancia. Sin embargo, algunos de los afectados han mostrado su inquietud ante la posibilidad de que los móviles hayan sido objeto de manipulación durante su estancia en la consejería.

Teléfonos espías

Estas noticias se ven apoyadas por otra que dice que el Gobierno catalán repartió, antes del pasado verano, varios cientos de teléfonos de última generación (y de una conocida marca) entre altos cargos y personal de seguridad que tienen una aplicación con la que se convierten en cámaras de vídeo o en micrófonos de ambiente por control remoto y sin que sus usuarios lo sepan. Estos teléfonos fueron repartidos esencialmente entre miembros de los Mossos d’Esquadra, mandos de este cuerpo y escoltas. Según algunas fuentes consultadas, el número de dispositivos podría llegar a las quinientas unidades.

“Lo peligroso del tema es que alguien, no sabemos quién, puede marcar nuestro número desde una terminal determinada y en ese momento nuestro teléfono se convierte, sin saberlo nosotros, en un micrófono de ambiente. En el caso de altos cargos o de consellers, el tema podría utilizarse, por ejemplo, para oír todo lo que pasa en un coche oficial o las conversaciones que se mantienen desde él”, señala uno de los destinatarios del móvil espía. ¿Quién podría escuchar? ¿Desde dónde se realizan los seguimientos? “Eso no se sabe. Sólo lo conoce alguien de la cúpula y el reducido núcleo que realiza los seguimientos físicamente”.

Algunos de los destinatarios conocieron, poco después de su reparto, la trampa contenida en los teléfonos. “No quiero que alguien pueda escucharme cuando estoy con mi mujer en la cama”, llegó a decir uno de los destinatarios del artilugio. Porque, además de las aplicaciones espías, disponen de un GPS con el que se tiene localizado en todo momento a su portador, lo que podría determinar incluso si el agente tiene un/una amante. El resultado fue que una parte de los móviles fueron retirados y se les darán sólo a sus destinatarios cuando estén de servicio o en determinadas circunstancias. “Es un sistema de seguridad”

El órdago separatista, los negocios del clan Pujol y otros líderes del nacionalismo, las virtudes públicas y las vidas privadas forman un cóctel en el que florecen los informes como una forma nada sutil de presión, tanto en los negocios privados como en las actividades públicas. El penúltimo escándalo sobre esta materia lo ha protagonizado el Cesicat, que en teoría depende de la consejería de Industria. Dicho Cesicat se dedicó a "monitorizar" conversiones de Twitter de activistas sociales supuestamente por encargo de la policía autonómica.

El cese de actividades de Método 3 no ha contribuido a relajar los "hábitos de seguridad", sino que ha excitado aún más la inquietud tanto de la clase política y empresarial catalana como de los propios miembros de las fuerzas de seguridad, que temen que en cualquier lugar y momento puedan ser observadas y grabadas sus conversaciones, ya que su propio teléfono actuaría de espía. Se vive en un estado de verdadera esquizofrenia. Estamos ante la existencia de una especie de Gran Hermano que está vigilando lo que está ocurriendo en todo el territorio catalán.