El Cesicat y sus teléfonos espias

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) llevará a la Fiscalía al Gobierno catalán para que se investiguen sus intentos de control remoto de teléfonos móviles. La decisión fue tomada ayer por la tarde después de que el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, se negase a desmentir las informaciones sobre el reparto de teléfonos espía entre altos cargos de la Generalitat y sobre la posibilidad de que se implantasen mecanismos de interceptación de comunicaciones en móviles de algunos ciudadanos. Algo que estábamos denunciando anteayer junto con otras informaciones sobre espionaje en Cataluña.

“La no respuesta de Felip Puig sobre estas cuestiones en el Parlament nos obliga a tomar la medida de llevar el tema a la Fiscalía. Nos parece que lo denunciado tiene suficiente entidad como para ser investigado por los poderes públicos. Y además, afecta a derechos fundamentales. Durante la comparecencia de Puig en el Parlament, no se ha negado ni desmentido que esas actuaciones del Gobierno se llevasen a cabo”, señaló Ferran Pedret, diputado socialista en la Cámara autonómica.

Con esta operación, el Gobierno catalán habría obtenido una información privilegiada sobre muchas cuestiones de actualidad. Puig es el consejero del que depende el Centro de Seguridad Informática de la Generalitat (Cesicat), el organismo público que controla las telecomunicaciones.

Nadie desmiente nada

En realidad, el consejero Puig, un hombre avezado en el cuerpo a cuerpo político, se encontró sin argumentos a la hora de responder a la oposición y sólo contestó a las peticiones de sus rivales políticos con la petición de que no hiciesen caso a las informaciones que publican algunos medios. Horas antes, una persona muy cercana al conseller declinaba contestar a las preguntas directas de El Confidencial sobre los documentos a los que había tenido acceso este diario.

“Como sabemos que alguien nos quiere hacer daño, no vamos a hablar sobre este tema”, zanjaron estas fuentes. Pero también se negaron a afirmar que los documentos de los que se hablaba fuesen falsos. Y esos documentos hablan de la intención del Gobierno de instalar aplicaciones ocultas e indetectables en teléfonos móviles de ciudadanos muy determinados, esencialmente molestos para el poder.

Los grupos parlamentarios de la oposición están enormemente preocupados porque las pretensiones del Gobierno de Artur Mas pueden suponer una vulneración de los derechos ciudadanos en una sociedad democrática. “Nosotros mantenemos una postura prudente ante estas informaciones, pero exigimos que se investigue, porque debemos velar por la protección de los derechos de los ciudadanos. El conseller podía haber dicho que es mentira, pero eludió responder a nuestra pregunta, lo que levanta sospechas. De ahí que no nos quede más remedio que acudir a la Fiscalía”, subraya Pedret.

Un presupuesto disparado

Porque no es sólo el hecho de que el Gobierno catalán planee poner un dispositivo de escuchas en el móvil de ciudadanos elegidos milimétricamente sin que estos lo sepan. El Cesicat (el organismo público que controla las telecomunicaciones) no sólo se iba a encargar de estas escuchas, sino que en los últimos años ha monitorizado las redes sociales para vigilar a los acvtivistas del 15M o de otros movimientos sociales. Eso sí, con los impuestos que pagan esos ciudadanos.

Por negar, el Gobierno niega hasta la comparecencia de Carles Flamerich, exdirector general del Cesicat (fue destituido hace dos semanas) o del nuevo, Jordi Puigneró, nombrado entonces. Lo que quiere evitar el Gobierno es que alguien pueda dar explicaciones sobre lo que ha venido pasando en el Cesicat desde hace tres años. Algo oscuro sucede en este organismo.

Los socialistas han denunciado que el Cesicat, al que están adscritos dos enlaces de los Mossos de’Escuadra, aumentó su plantilla de 9 a 23 personas en el mandato de Artur Mas. Y su presupuesto, en la época de mayores recortes sociales de la historia, crecerá el año que viene en un 434%. Tanto la dotación de personal como la presupuestaria se multiplicará en los próximos años. Por si fuera poco, habrá una externalización de trabajos que permitirá que alrededor de este organismo se muevan cientos de millones de euros anuales sin apenas control.