El saqueo de Andalucía (9) “De Iván Chaves y la ruta de la coca”

Habrá que esperar a marzo cuando se produzca la probable victoria del Partido Popular en Andalucía para llegar a calibrar el alcance de la corrupción generada en estos últimos treinta años de poder hegemónico socialista. Entonces conoceremos con seguridad todo lo que se ido apuntado por los medios de comunicación y que ni siquiera ni el anterior fiscal general ni el anticorrupción de Andalucía se han tomado la molestia de intentar averiguar y que solo una juez se tomado entre pecho y espalda toda lo que ha representado para esta región esta gran red de corrupción y nepotismo con el índice de para mayor de Europa.

Ahora se ha conocido que ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero también se gastaba en cocaína, copas y fiestas parte del dinero que percibió indebidamente. Ha sido su propio chófer, Juan Francisco Trujillo, quien de forma voluntaria declaró ante la Policía que recibió subvenciones por valor de 900.000 euros en 2004 de su entonces jefe, el ex director de Trabajo, sin que ese dinero se destinara al uso para el que se lo concedieron.

Esta cantidad forma parte del «fondo de reptiles», dotada con 647 millones de euros, que administraba Guerrero y era destinados a dar ayudas y subvenciones sin control a afiliados del PSOE andaluz además de la la tramitación de falsas prejubilaciones. Según la declaración policial del chófer investigado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones, admitió que recibió de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta dos subvenciones de 450.000 euros cada una. Las subvenciones se las otorgaron para dos empresas: una para Iniciativas Turísticas Sierra Morena, S.L y otra para Lógica Estratégica Empresarial S.L, ambas de su propiedad aunque en la primera también participaba su esposa con un 4 por ciento. Una de ellas tenía la finalidad de crear un negocio de casas rurales en la Sierra de Andújar y la otra una empresa de muebles y una oficina de asesoramiento.

Juan Francisco Trujillo, aseguró que en los lugares que solían frecuentar, pedía habitualmente «Cocaína para su jefe y para él», lo que mas él se gastaba. El chófer aseguró que también «a solicitud de Guerrero», le compró varios efectos tales como «material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros». «Y la mayor parte la dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él. Y otros gastos como ir de fiestas y copas», admitió Trujillo que trabajó como personal laboral fijo en la Junta desde 1989 realizando la función de conductor de altos cargos y que desde finales de 2002 o principios de 2003 fue chófer de Guerrero y, según dijo, llegaron a entablar «una relación de amistad». En su declaración dice que nadie de la Junta de Andalucía le ha pedido que devuelva las subvenciones.

En otro orden de cosas, se ha conocido que una vez que la fiscalía ha dejado de poner trabas a cualquier investigación durante la época del PSOE, la policía está investigando de nuevo a Iván Chaves hijo del anterior vicepresidente del gobierno y actual presidente del PSOE después de que se haya conocido la existencia de un informe policial en el que se acusa a Iván Chaves de estar vinculado a una red delictiva de tráfico de influencias. Todo ello ha sido negado reiteradamente por Manuel Chaves. ante la sede del Congreso a pesar de la abultada documentación que existe sobre el tema y sigue refugiándose en su inmunidad parlamentaría.  

Sobre la gravedad y la profundidad del escándalo hizo pedagogía, Antonio Sanz el número dos de Arenas: "Estamos ante un fraude sin precedentes que es absolutamente indecente", , poniendo encima de la mesa el último de los datos conocidos; esos 900.000 euros destinados a la creación de empleo, y que recayeron a pagar cocaína para fiestas.

"Es algo indigno, lo primero que tienen hacer es pedir perdón y luego responsabilidades políticas", afirmó, no sin poner encima de la mesa un dato demoledor: "Son más diez consejeros los que están implicados y aquí nadie ha dimitido". Tanto el PP andaluz como también el propio Ejecutivo central entienden que "ante tales extremos" tendría que existir un instrumento para depurar responsabilidad. De hecho, "ya se trabaja en ello", no teniendo que ser específicamente penitenciario.

Y digo yo...¿Que espera el Partido Popular y su ministro de Justicia para destituir y expedientar a este fiscal anticorrupción (?) de Andalucia que ha sido capaz de frenar cualquier denuncia estos últimos años sobre la corrupción sistematica en Andalucia?