Entes de pega

Las empresas públicas o Entes de pega que han proliferado al abrigo de autonomías y ayuntamientos se han convertido en un auténtico pozo sin fondo y uno de los principales obstaculos para salir de la crisis. Son simplemente sociedades instrumentales que no sirven para nada, ni tienen otro objeto que eludir el control presupuestario del estado y albergar aquellas deudas que autonomías y ayuntamientos ya no pueden soportar. Han sido creadas exclusivamente para recibir prestamos de entidades bancarias transferirles la deuda que ya no podían ocultar las propias instituciones. Estas tienen importancia más por su voracidad que por su número. No existen datos fiables de cuales y cuantos son estos entes que están agazapados entre aquellas empresas que si tienen un objetivo y son rentables a la sociedad. En estos Entes que no tienen plantillas no muy numerosas, se ha dado cabida fundamentalmente en su nómina a afiliados leales a los partidos que gobiernan las respectivas regiones o ciudades que reciben buenos sueldos a cambio de su trabajo y discreción.

Según el Banco de España, las empresas públicas de las comunidades autónomas manejan una deuda de 15.495 millones. De ellos, 9.091 tienen que satisfacerse a instituciones financieras y 699 deben abonarse a corto plazo. Un total de 1.424 millones está en obligaciones y deuda no negociable. El agujero en estas sociedades equivale a un 11,5% de los compromisos de las autonomías, que se elevan a 135.151 millones de euros. Una cifra de la que deben responder sobre todo Cataluña (39.268) y Valencia (20.469), culpables de casi la mitad del entuerto. Precisamente la comunidad catalana es la que más sector público empresarial mantiene, con 454 de los 2.290 organismos censados por Hacienda a 1 de julio de 2011.

Según datos del Banco de España a mes de septiembre, los entes públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses. En total, la deuda de estos organismos asciende a 24.785 millones, el equivalente a todo el presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo para 2011 o cinco veces los fondos consignados para Fomento, el departamento inversor por excelencia.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, marcaba anteayer como una de las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses la racionalización del sector público empresarial, en línea con el fallido plan ya acordado hace dos años por el Gobierno socialista y las autonomías para eliminar 514 empresas. La ministra estimó que más de 4.000 compañías conforman el entramado societario dependiente de las administraciones públicas. Más inquietante es el agujero que acumulan. Y es que los diferentes gobiernos han utilizado tradicionalmente estas empresas para desviar inversiones, ya que el gasto de estas entidades no computa como déficit.

En esta línea, el Círculo de Empresarios recordaba recientemente que la deuda de las empresas públicas se ha más que duplicado desde el año 2004 hasta el final de 2010, “pasando del 0,7% sobre el PIB al 1,6%”. E incidía en su utilidad. “Son un mecanismo de posible indisciplina fiscal, ya que su deuda puede no contabilizarse en la metodología del protocolo de déficit excesivo. Al respecto, resulta muy significativo que las comunidades autónomas más endeudadas sean precisamente  las mismas que mayor número de entes y empresas públicas han creado a lo largo de los últimos años”, subrayaba en un informe sobre la situación de las administraciones territoriales.

Según el Banco de España, las empresas públicas de las comunidades autónomas manejan una deuda de 15.495 millones. De ellos, 9.091 tienen que satisfacerse a instituciones financieras y 699 deben abonarse a corto plazo. Un total de 1.424 millones está en obligaciones y deuda no negociable. El agujero en estas sociedades equivale a un 11,5% de los compromisos de las autonomías, que se elevan a 135.151 millones de euros. Una cifra de la que deben responder sobre todo Cataluña (39.268) y Valencia (20.469), culpables de casi la mitad del entuerto. Precisamente la comunidad catalana es la que más sector público empresarial mantiene, con 454 de los 2.290 organismos censados por Hacienda a 1 de julio de 2011.

El ‘agujero’ de los ayuntamientos

En lo que respecta a los ayuntamientos, la deuda total se eleva a 9.390 millones, de los que 8.023 son préstamos recibidos de instituciones financieras. De acuerdo con los números que maneja el supervisor, tendrán que afrontarse pagos por importe de 779 millones en los próximos doce meses. La deuda total de los ayuntamientos alcanza los 36.701 millones de euros, con lo que sumarle el frente de las empresas públicas elevaría el desaguisado en más de un 25%. Los casi 25.000 millones de deuda que acumulan las empresas públicas regionales equivalen al recorte que tiene que acometer el Ejecutivo para dejar el déficit público en el 4,4% en 2012.

El Gobierno dejó claro ayer tras el Consejo de Ministros que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69, el 13,4%. Los números demuestran que las autonomías se han limitado a dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos años.

Por ejemplo, Andalucía contaba con 377 empresas a 1 de julio de 2010. Un año después, seguía registrando la friolera de 372, apenas cinco menos a pesar de compromiso de eliminar 111. En casos como el de Asturias, Hacienda simplemente subraya que “no se ha tenido conocimiento de ninguna medida concreta en relación con las empresas públicas del Principado”. La cifra de organismos dependientes de los gobiernos autonómicos aún se incrementa si se tienen en cuenta que el País Vasco queda fuera del inventario y que Hacienda no incluye aquellos en los que participan varias comunidades, un total de 40. Ceuta y Melilla aportarían otros 32 entes. Con esas incorporaciones, la cifra total que maneja el Ministerio es de 2.431.

El Gobierno de Partido Popular está dilatando la puesta en marcha de un vasto plan de recortes de estos Entes Tóxicos, cuando con toda seguridad ya conocen y tienen datos exhaustivos de cuales son y los que hay, ya que desde que en el mes de mayo del año pasado que tomaron el timon de la mayoria de autonomias y ayuntamientos y han tenido tiempo para informarse. Y su presidente no tiene previsto comparecer en público hasta el próximo mes de febrero. ¿Qué puede explicar semejante inacción? Pues pueden ser dos los motivos: La proximidad de las elecciones andaluzas para no perjudicar las expectativas de victoria del PP en Andalucía, una región que jamás ha gobernado dejando todo ello para despues de marzo o bien que quieren seguir gobernando sistema Zapatero, aumentando los impuesto y sin llegar a abordar a fondo la regeneración y la reducción de una Administración Pública que no podemos sufragar.