La propuesta de Juan Ramón Rallo

A continuación transcribo la propuesta hecha por el economista Juan Ramón Rallo por su interés, el cual desgrana uno por uno los distintos apartados del presupuesto estatal donde el hecho de aplicar la tijera no repercutiria demasia en nuestro estado de bienestar. Otro tanto parecido debería efectuarse en Comunidades Autonomas, Diputaciones y Ayuntamientos, además de la supresión de todas las empresas públicas creadas para albergar las pérdidas que ya no podian financiarse a traves de los distintos Presupuestos Públicos. 

Propuesta de Juan Ramón Rallo

El Gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes una injusta y contraproducente subida de impuestos, propia del peor Zapatero. Su justificación la encontró en la desviación extraordinaria del déficit público para este año, del 6 al 8% del PIB: resultaba imprescindible incrementar los gravámenes del IRPF para compensar el ensanchamiento de ese agujero. ¿Seguro? ¿Acaso no había otras partidas de las que recortar antes de subir impuestos?

Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año.

La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la Administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en los pequeños imperios faraónicos de las comunidades autónomas y ayuntamientos –donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor–, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.

Nótese, además, que he sido extremadamente conservador en los recortes. Para no herir sensibilidades, no he recortado la remuneración general de los empleados públicos ni el mal llamado gasto social (las únicas excepciones son el PER agrario y la ingente rúbrica de los cursillos de formación de los desempleados, monumento a la ineficiencia y el despilfarro). También he optado por no tocar lo que se consideran funciones nucleares del Estado (justicia, seguridad y defensa). Eso no significa que no crea que, en un momento crítico como el actual, no hubiese que proceder a una revisión profunda de todas estas partidas: por ejemplo, rebajando un 10% la remuneración a los empleados públicos, reduciendo en un tercio su número e instaurando copagos en sanidad y la enseñanza no obligatoria y reformando la prestaciones por desempleo para acortar su duración (por supuesto, de la mano de una reforma laboral de verdad que permita una progresiva reocupación de los cinco millones de parados).

Más bien, lo que intento probar es que únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central, en forma de subvenciones, planificación de la producción y organismos públicos innecesarios, podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros. En su lugar, el PP de Mariano Rajoy ha preferido castigar y perseguir a la economía privada con tal de minimizar el adelgazamiento de un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible.

Aquí les dejo mi propuesta de recortes con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo con toda ella para reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos. Tampoco es necesario defender que la rebaja del gasto deba ser permanente, sino sólo temporal (como temporal es, según nos cuentan, la subida de impuestos) para atajar el déficit.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones

·         Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.

·         Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.

Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones

·         Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.

·         Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.

·         Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.

·         Transferencias a RTVE: 631 millones.

·         Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.

Ministerio del Interior: 127 millones

·         Financiación de partidos políticos: 127 millones.

Ministerio de Fomento: 5.262 millones

·         Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.

·         Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.

·         Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.

·         Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.

·         Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.

·         Subvenciones al transporte extra peninsular de mercancías: 40 millones.

·         Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.

·         Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.

·         Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.

·         Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.

Ministerio de Educación: 107 millones

·         Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones

·         Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.

·         Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.

·         Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.

·         Sindicatos y patronal: 20 millones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones

·         Desarrollo industrial: 585 millones.

·         Reconversión y reindustrialización: 704 millones.

·         Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.

·         Explotación minera: 657 millones.

·         Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.

·         Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.

·         Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.

·         Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.

·         Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.

·         Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.

·         Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.

·         Transferencias al Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.

Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones

·         Investigación científica: 682 millones.

·         Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.

·         Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.

·         Investigación y experimentación agraria: 79 millones.

·         Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.

·         Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.

·         Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones

·         Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.

·         Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.

·         Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.

Ministerio de Cultura: 391 millones

·         Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.

·         Promoción y cooperación cultural: 54 millones.

·         Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.

·         Fomento de las industrias culturales: 30 millones.

·         Música y danza: 107 millones.

·         Teatro: 56 millones.

·         Cinematografía: 113 millones.

Miscelánea: 2.398 millones

·         Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.

·         Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.

B) Presupuestos de las CCAA para 2011: 33.000 millones

Las autonomías, por su parte, presupuestaron para 2011 un gasto público total de 163.442 millones de euros. Si el Estado es capaz de reducir su gasto en un 17,9%, resulta de recibo que las CCAA hagan, como mínimo, lo propio en sus respectivas cuentas. Es decir, la mera extensión de esta tijera a los presupuestos regionales arrojaría un ahorro próximo a los 29.000 millones de euros en un solo año.

Y ello, sin necesidad de recortar servicios básicos o sueldos públicos. No en vano, esto es, precisamente, lo que avanzó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, mediante su particular plan de ahorro para 2012. En concreto, la secretaria general del PP pretende reducir el gasto público en más de un 20% este año "sin subir los impuestos": su presupuesto bajará de los 8.616 millones de euros en 2011 a unos 6.800 millones en 2012.

Y si Cospedal puede hacerlo, ¿por qué no el resto? La extensión del Plan de Castilla-La Mancha al resto de autonomías arrojaría como resultado un ahorro autonómico conjunto de casi 33.000 millones de euros. Es decir, la extensión del ajuste propuesto en el bloque A es similar al aplicado por Cospedal, y viceversa, mostrando una reducción de gastos estructurales de entre el 18% y el 21% interanual (entre 29.000 y 33.000 millones de euros).

¿Qué partidas concretas se pueden suprimir?

Las siguientes partidas (sacadas de los presupuestos autonómicos de 2010) sirven a modo de ejemplo. Pese a ello, parte de semejante recorte ya lo estamos contabilizando para el Estado central, como el de Fomento de Empleo, ya que parte de su financiación proviene del Estado, pero aún así demuestra el gran margen existente para recortar gasto.

En total, las siguientes partidas suman casi 41.000 millones de euros.

·         Fomento del Empleo: 5.592 millones

·         Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación: 2.722 millones

·         Cultura: 2.724 millones

·         Actuaciones de Carácter Económico: 29.792 millones

·         •Agricultura, Pesca y Alimentación: 9.418 millones

·         •Industria y Energía: 1.478 millones

·         •Comercio, Turismo y Pymes: 2.105 millones

·         •Subvenciones al Transporte: 371 millones

·         •Infraestructuras: 12.096 millones

·         •Investigación, Desarrollo e Innovación: 2.741 millones

·         •Otras Actuaciones de Carácter Económico: 1.580 millones

·        

C) Reestructuración de la administración local: 16.000 millones

Tal y como explica Diego Sánchez de la Cruz, un exhaustivo informe elaborado por UPyD en 2010 sobre financiación municipal muestra que la reestructuración de los ayuntamientos españoles arrojaría un ahorro anual próximo a los 16.000 millones de euros En concreto, reduciendo radicalmente el número de municipios, fusionando hasta el 95% de los mismos.

Países como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica o incluso Grecia han acometido profundas reformas en su estructura municipal de cara a reducir el número de ayuntamientos. Algunos, de hecho, han logrado reducciones radicales: en Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000 [...] tenemos nada más y nada menos que 8.112 ayuntamientos, casi tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población, y en más del 80% de ellos viven menos de 5.000 personas [...]

D) Ingresos mediante venta y privatizaciones: 43.000 millones

Todo el ajuste previo serviría para eliminar el déficit público tan sólo por la vía del gasto. Pero, además, es posible elevar los ingresos a fin de minorar el abultado peso de la deuda pública española y, por consiguiente, el coste anual de sus intereses, lo cual también ayudaría a rebajar de forma sustancial la prima de riesgo. Es decir, el coste de la deuda bajaría por dos vías: menor nivel de endeudamiento y menor exigencia de intereses por parte de los inversores (prima de riesgo). Y ello, nuevamente, sin necesidad de subir los impuestos.

¿Cómo? Más allá de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, el contribuyente sufre igualmente la carga de la una abultada administración paralela, cuyo gasto y deuda no se consolidan por completo en las cuentas públicas anuales. En concreto, en España existen más de 4.000 empresas públicas de toda índole y condición que escapan al control parlamentario: 2.357 empresas son de ámbito regional, 451 de ámbito estatal y el resto se reparte de forma muy diversa (y opaca) entre los municipios.

Todo este conglomerado arrastra una deuda de 57.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España: 32.285 corresponden a las empresas del Estado, 15.495 a las autonómicas y 9.390 a las locales. Así pues, su eliminación supondría un importante ahorro a medio y largo plazo.

A continuación, se detallan tan sólo dos operaciones muy concretas -y parciales- por las que el Gobierno central ingresaría de golpe, y también en el plazo de un año, más de 40.000 millones.

•Un informe de la consultora Aguirre Newman estima que vender el 34% de los inmuebles improductivos o infrautilizados que posee la Administración General del Estado (sin contar autonomías ni ayuntamientos) supondría un ingreso superior a los 14.000 millones de euros para el Gobierno central.

•Igualmente, la venta y privatización sólo de empresas estatales (excluyendo nuevamente autonómicas y locales) aportaría otros 29.000 millones de euros a las arcas públicas, según un estudio de Banco Santander. Entre otras, el Gobierno posee el 100% de Aena, Adif, Agencia Efe, RTVE, Loterías, Hunosa y Navantia; aparte, cuenta con sustanciales participaciones en grandes empresas como, por ejemplo, Hispasat, EADS, Ebro Foods, Enagás, IAG o Red Eléctrica, entre muchas otras.

En total, 43.000 millones de euros susceptibles de ser ingresados y que servirían para reducir la deuda del 70% del PIB actual hasta un nivel próximo al 65%. Extender esta dinámica al conjunto de empresas autonómicas y locales lograría, posiblemente, reducir la deuda al nivel máximo del 60% del PIB que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

RESULTADO: 88.000 millones menos y hasta 100.000 más

La suma de todas las partidas de ajuste arrojan el siguiente resultado: recorte del gasto público de hasta 88.000 millones de euros en 2012 (81.000 excluyendo la particular cuestión de las primas renovables), lo cual supondría eliminar de un plumazo todo el déficit público. España lograría así el ansiado equilibrio presupuestario; por otro lado, la venta y privatización de empresas podría reducir la deuda hasta un nivel próximo al 60% del PIB en 2012.

¿Es mucho o poco?

Aunque, a primera vista, un recorte de 80.000 millones pueda resultar una cifra colosal e inasumible para muchos analistas y, sobre todo, políticos, es preciso poner este dato en perspectiva. Y es que, apenas equivale al 17% del gasto público total del conjunto de las administraciones.

En 2009, las administraciones públicas españolas gastaron 485.200 millones, lo que supuso el 46% del PIB español (el nivel más alto en catorce años, y eso en plena crisis). De entre los gastos no financieros (los no destinados a pagar los costes de la deuda), casi un 30% correspondió a la Administración central y un 35% a la Seguridad Social (básicamente pensiones y desempleo). Mientras, a las CCAA les correspondía el 24% y a los ayuntamientos poco menos del 11%.

Por último, este ajuste alternativo, que Rajoy no se atreve a aplicar, es, precisamente, el que han llevado a cabo los países bálticos. Letonia, Lituania y Estonia sufrieron, al igual que España, un duro golpe fiscal y bancario tras el estallido de la Gran Recesión en 2008. Han sido casi los únicos países de la UE en apostar por un duro ajuste fiscal por el lado del gasto -junto a profundas reformas estructurales-, con recortes de hasta el 20% interanual. Tras la tormenta, hoy sus economías son las que registrarán el mayor crecimiento económico de toda Europa en 2012. En definitiva, otro ajuste es posible.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, habiendo concluido la licenciatura con Premio Extraordinario de fin de carrera y licenciado en Derecho con Premio Extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Valencia, así como master en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor en esta última universidad y en el centro de estudios ISEAD. Ha recibido el ‘Premio Julián Marías’ 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales para menores de 40 años. Asimismo es analista económico de esRadio, socio fundador del Instituto Juan de Mariana y director de su Observatorio de Coyuntura Económica.