Reforma general

Soraya Sáenz de Santamaría ha tardado un mes en anunciar el guion reformista del nuevo gobierno, pero la espera ha valido la pena. La batería de medidas que anunció ayer Soraya Sáenz de Santamaría supone el final de un pernicioso ciclo histórico, iniciado en 1985 con la politización de la Justicia por parte de Felipe González. Regeneración en lo político y austeridad y transparencia en lo económico son las líneas maestras en las que se resume el ambicioso plan.

En el apartado de la austeridad económica, el Gobierno quita, en parte, el mal sabor de boca dejado por el impuestazo. Con los anuncios de ayer, el PP ofrece otras opciones, apostando de forma contundente por una austeridad y una transparencia que hacían falta de forma imperiosa.

En el primer apartado destaca la reforma para que la elección de miembros del CGPJ vuelva a depender de los jueces tal como estaba antes de Felipe González. El tema es francamente importante pero creo yo le falta añadirle que mas que decisión sobre renovación deberían decidir sobre la necesidad del Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia Ruiz Gallardón ha confirmado las reformas en la Ley del aborto y Ley del Menor ampliamente demandadas por la sociedad.

También piensan renovar el Tribunal de Cuentas una serie de entidades públicas de control y especialmente de RTVE que después del cambio de gobierno parece haberse radicalizado aún más en el tratamiento de la información.

Desde las subvenciones a partidos políticos y sindicatos a las deficitarias televisiones públicas, los intérpretes de catalán-español, viajes a Guinea, coches oficiales... Sea mucha o poca la cuantía total de estos gastos, no puede admitirse que, mientras se están pidiendo sacrificios a todos los españoles, las autonomías sigan malgastando a manos llenas.

 La vicepresidenta llegó con los deberes bien aprendidos y necesitó menos de una hora para poner encima de la mesa un amplísimo programa de acción que incluye varias normas, que serán llevadas en el primer trimestre a las Cortes, así como un capítulo especial dedicado a poner coto al despilfarro, como la reducción de la estructura de la Administración: el Gobierno ya ha ahorrado 4,4 millones de euros, sólo en gastos de personal, al reducir un 20% sus altos cargos. Otro campo abonado para los recortes es el de las autonomías y sus entramados de empresas y entes públicos, cuyos presupuestos están repletos de partidas superfluas o redundantes que, por austeridad y por pura salud democrática, deberían suprimirse de un plumazo.

La situación es intolerable, pero el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra: Sáenz de Santamaría considera insostenible que haya más de 4.000 empresas públicas, lo que deja “margen para una alta reducción”. En este sentido, anunció a la Cámara tres medidas inmediatas: recorte de organismos, fijación de criterios de homologación en las retribuciones de los directivos y reducción efectiva de los consejos de dirección. “Si tenemos que hacer un esfuerzo, los cargos públicos, los primeros”, es el mensaje. Rajoy ya dio ejemplo en su viaje a Rabat, y su equipo no será menos, como tampoco los partidos políticos, que ya tienen en sus sedes un proyecto de ley para la reducción del 20% de su presupuesto, que supondrá un ahorro inicial de 30 millones de euros.

Las medidas anunciadas son un aperitivo tan necesario como oportuno, ya que coinciden con el informe del FMI, que empeora su previsión de déficit para España en 2012 y 2013 hasta el 6,8% y el 6,3%. Pero queda mucho por hacer.

Ayer se dio un decisivo primer paso al poner fin al socialismo por la vía de restituir a Montesquieu y por la de poner freno al despilfarro. Pero cualquier ajuste no dejará de ser un mero parche si España no se replantea la estructura actual del Estado de Bienestar y del Estado de las Autonomías, que son el auténtico lastre.