sábado, 25 de febrero de 2012

Organismos parasitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto para unificar los ocho  reguladores actuales bajo un único paraguas, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Este ente centralizará las tareas de los actuales organismos supervisores, a excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y el Banco de España.
La reforma afectará va a afectar a la Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Comisión Nacional del Juego, Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria Consejo Estatal de Medios Audiovisuales,  Comisión Nacional de la Competencia y Comité de Regulación Ferroviaria.
Con todo esto se va conseguir reducir los gastos de dichos organismos y , esta concentración permitirá reducir el número de consejeros de 52 a 9, con un ahorro de cuatro millones de euros solo en los consejos de estos organismos. Además de ahorro en gartos de personal, inmuebles etc.etc. Mas importante que el ahorro va a ser la eliminación de trabas burocráticas en cualquier actividad  tramitación que solo están obstaculizando cualquier iniciativa.
No es difícil entender que los impuestos reducen la actividad económica. No sólo desincentivan la creación de riqueza, sino que destruyen aquellos negocios cuya rentabilidad podría ser suficiente de no tener que incorporar este gasto. Pero se entiende peor el papel destructor que tiene la regulación, que en muchos casos puede ser mucho más pernicioso que los propios tributos.
En general, cada regulación tiene un objetivo, una buena intención, que la mayoría podría suscribir. Sin embargo, a cada una de ellas se le suma otra, y luego otra más, hasta formar volúmenes de legislación que las empresas deben cumplir pese a que en la mayoría de los casos ni siquiera pueden conocer todas las disposiciones que les afectan. Supone un papeleo interminable, gastos en asesores, gestores, y los propios de cumplir con cada una de las obligaciones regulatorias. Y eso sin contar con las posibles iniciativas que murieron antes de nacer porque tal o cual disposición lo impedían, en muchos casos sin pretenderlo, como daño colateral. Este cambio supone ver políticos en tarea de Gobierno renunciando a sabrosos y bien remunerados puestos para los suyos, que siempre es de agradecer.
La iniciativa en todo caso se queda coja en un país en que prácticamente cada autonomía tiene una pequeña réplica regional de muchos de los entes reguladores ahora fusionados. Si para una empresa internacionalizarse es un problema por la necesidad de adaptarse a la legislación de cada país en los que pretenda implantarse, en España muchos sufren un problema similar simplemente por extenderse a otras comunidades autónomas. Si el objetivo es simplificar la regulación y ahorrar dinero, exterminar estos parasitarios organismos debería ser aún más prioritario.
El logro será cuando se consiga homologar o suprimir las distintas legislaciones aprobadas por cada una de las autonomías que como una amplia y creciente metástasis impiden y desorientan a aquellas empresas que quieran establecerse en nuestro país. Si para una empresa internacionalizarse es un problema por la necesidad de adaptarse a la legislación de cada país en los que pretenda implantarse, en España muchos sufren un problema similar simplemente por extenderse a otras comunidades autónomas. Si queremos salir de la crisis, el Estado debe reducirse no sólo en tamaño y coste para los ciudadanos, sino también en presencia allí donde no hace más que estorbar. Esperemos que esta reducción de organismos reguladores sea tan sólo el punto de partida de la medida verdaderamente importante: la desregulación de los mercados españoles.

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