El Tribunal de Cuentas confirma y aumenta las multas a Mas, Ortega, Rigau, Homs y seis personas más por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha confirmado las condenas a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis personas más por la organización del proceso participativo del 9-N. El tribunal, sin embargo, añade otras partidas de gastos que suponen un ligero aumento de las multas, que llegan hasta los 4.988.620,11 euros por los cuales tiene que responder Mas solidariamente. 

Estima así el recurso de apelación de la fiscalía, Sociedad Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució, y rechaza, en cambio, lo que habían planteado los denunciados.La Caixa de Solidaritat impulsada por entidades soberanistas ha pagado los 2 millones de euros pendientes para cubrir la condena impuesta por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas, los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y al exalto cargo Jordi Vilajoana por la organización del 9N.

Según el Tribunal de Cuentas, los términos de la sentencia del TC sobre el 9-N resulten «diáfanos», dejando claro que los actos y actuaciones vinculadas al denominado proceso participativo son inconstitucionales. «Lo que ha resultado relevante es que se produjeron unas salidas de fondos públicos para satisfacer un objetivo ilegal (por inconstitucional) sin que, por lo tanto, pudiera haber una partida presupuestaría legal que soportara estos gastos, lo que las convierte en injustificadas», apunta.

Sobre la contratación del centro de prensa, por ejemplo, constata que «fue una pieza más del engranaje para conseguir los objetivos pretendidos con el proceso participativo». «No se trataba pues únicamente de facilitar el trabajo de los medios, sino de contribuir positivamente al éxito de los objetivos pretendidos por la convocatoria, procurando que la votación consiguiera la mayor difusión posible», continúa el tribunal, que considera que las alegaciones presentadas por los denunciantes son «meras excusas de un comportamiento abiertamente antijurídico».

Con respecto a los 7.000 ordenadores, argumenta que si eran por necesidades educativas se tendría que haber aprobado algún plan con antelación, habría alguna petición de dotación o se hubiera tenido que poner en marcha alguna iniciativa educativa que requiriera aumentar el número de ordenadores en los centros educativos. El tribunal concluye que nada de eso se ha acreditado, y que «lo único que consta es una decisión precipitada, no soportada en ninguna solicitud, ni en informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse como respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo».

También señala que ha quedado «acreditado» que los ordenadores estaban «completamente preparados, programados y configurados informáticamente» para el proceso participativo, sin que eso pudiera servir después para ninguna actividad educativa. Si no, añade, «no tendría sentido que una vez acabada la consulta se procediera inmediatamente a borrar los datos y a desinstalar los programas correspondientes».

Por su parte, tanto Mas como el resto de condendados han confirmado este viernes que recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia firme del Tribunal de Cuentas por las que se les embargó sus bienes si no pagaban unas sanciones millonarias. 

Artur Mas pide dinero a los ciudadanos para no perder "nuestros pisos"

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en rueda de prensa, ha criticado el aumento de la multa que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas por el 9-N y ha pedido a los catalanes que aporten dinero a la Caja de Solidaridad por que tanto él como el resto de "represaliados" no salgan perjudicados económicamente.

"Sobre todo pedimos, no ya por nosotros, sino por toda aquella gente que vino después de nosotros y que continuaron el proceso, por toda esta gente represaliada también económicamente, pedimos que esta corriente de solidaridad que ha habido en el país no se pare ", dijo.

"Ya no lo pedimos por nosotros ni por nuestras familias, nosotros finalmente hemos podido tener esta ayuda. Lo pedimos por todas aquellas personas que vinieron detrás nuestra y que también se la jugaron !, ha señalado, además de agradecer" la tarea y el compromiso de la gente que gestiona la Caja de Solidaridad ".

"Lo que han hecho las personas que han ayudado sirve y mucho, porque nos ayuda a nosotros y nuestras familias. No perdamos nuestros ahorros, nuestro patrimonio, nuestros pisos. Es útil, no lo deje de hacer", sentenció.

La caja de solidaridad que ya pagó tres millones de los poco más de cinco millones que se impusieron a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9 de noviembre del 2014. Ideada por la Assemblea Nacional Catalan (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades traspasaron su gestión a la asociación que preside De Gispert a finales del 2018 y su amplio su cobertura para defensas de encausados de activistas independentistas.

La caja de solidaridad se creó en abril del 2017 para ayudar a hacer frente a fianzas y multas contra cargos electorales “víctimas de la represión política”, como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, o de algunos consellers del Govern de Carles Puigdemont, o del mismo expresident de la Generalitat cuando fue detenido en Alemania.