El saqueo de Andalucía 182 - UGT en Andalucía: desvió el 64% de las subvenciones que recibió de la Junta entre 2009 y 2013

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez | EFE

El millonario fraude del sindicato UGT en Andalucía roza ya los 42 millones, según la investigación judicial.

41,7 millones de euros. Esta es la cantidad que, presuntamente, habría defraudado la federación andaluza de UGT-A mediante el desvío de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, bajo los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, según el informe que ha presentado el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos.

El análisis en cuestión señala que de las 11 subvenciones autonómicas concedidas al sindicato durante ese período UGT empleó de forma irregular 41,7 millones, el 64%, informa El Mundo. La cuantía malversada, no obstante, podría ser mayor, ya que en la pericial figuran otras tres subvenciones por valor de 27 millones, en las que el perito no precisa la cantidad desviada porque no cuenta con la documentación.

El juez puso bajo sospecha un total de 32 subvenciones concedidas por la Junta a UGT-A, pero finalmente el perito solo ha revisado 14. Un total de 18 han sido descartadas porque eran inferiores a 120.000 euros -para que sea delito debe ser superior a esa cantidad- o no correspondían a los cinco años investigados. La causa sobre UGT-A acumula, por el momento, 20 imputados, entre los que destacan los exsecretarios generales andaluces ugetistas Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

Un perito judicial revela que la federación andaluza de UGT empleó más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados andaluces, expedientes que están bajo investigación judicial por presuntas irregularidades.

El perito Luis Ayala Gallo, que es interventor de la Junta de Andalucía, cifra en más de 40 millones de euros la cuantía total imputada a ayudas «no subvencionables», después de analizar 14 expedientes a través de otros tantos informes entregados al juez que investiga un supuesto desvío millonario de subvenciones, a los que ha tenido acceso ABC. Elude extraer conclusiones sobre tres expendientes alegando que carece de documentación suficiente. La Unión General de Trabajadores de Andalucía recibió más de 102 millones de euros a través de 32 subvenciones durante tres años que están bajo sospecha del juez.

En sus informes, el perito descubre distintas fórmulas para desviar fondos públicos. UGT-A utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus dirigentes, a las que facturaba por sistema servicios con los que justificaba las ayudas millonarias que recibía de la Junta para luchar contra el paro, algunas de las cuales derivan de los acuerdos de concertación social.

El experto detecta como gastos no subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de Andalucía en concepto de alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del PSOE de Sevilla, a quien la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en mayo de 2016.

Al expediente 98/2009/M/2111, que corresponde con una ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de forma irregular y detecta el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la propia UGT Andalucía». El experto considera que «no se infiere razón o motivo que justifique la inclusión de esos gastos entre los subvencionables».

En sus informes, el perito advierte que «al ser entidades vinculadas entre sí se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES en virtud del contrato para la actividad subvencionado por el alquiler de locales o instalaciones que tiene cedidas Soralpe, por lo que se crea una situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada». La Guardia Civil detectó facturas emitidas por la prestación de servicios genéricos o ficticios que servían para justificar las ayudas. El perito encuentra costes duplicados de docentes y publicidad.

Otra irregularidad recurrente son el llamado rappel, descuento que aplicaban los proveedores habituales a UGT-A en los servicios que contrataba con dinero de la Junta. Pero estas rebajas no se reflejaban en las facturas que presentaban ante la Administración.