El parto del ratón sietemesino

Vamos conociendo detalles en que va a consistir la “reforma” de la Administración Pública llamado CORA destinado a no cambiar prácticamente nada de la  incontrolable y desastrosa estructura administrativa de nuestro país y que la demanda de un cambio en profundidad se ha convertido en una serie ligeros retoques o cambios a la situación en  cada una de las administraciones hecha para que la CE nos deje endeudar durante dos años más.
 

También hemos conocido la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 922.828 millones de euros en el primer trimestre del año, según ha publicado el Banco de España. Esta cifra equivale al 88,25 del PIB en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), la metodología que emplea Eurostat. Se trata del mayor nivel de deuda pública que registra España desde 1910, cuando alcanzó el 88,3% del PIB, según las cifras históricas recopiladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, la deuda se acerca ya a la previsión realizada por el Gobierno, puesto que estimó para el conjunto de 2013 un endeudamiento tal del 91,4% del PIB.

Esto significa que, hoy por hoy, cada hombre, mujer y niño residente en el país soporta una carga extra de 19.700 euros derivada de la deuda pública. Asimismo, la factura acumulada asciende ya a unos 53.000 euros por familia, cerca de 55.520 euros por trabajador y casi 67.000 euros por cada empleado del sector privado, tomando como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2013. Un dato, cada día que pasa el estado español se está endeudando a razón de 411 millones de euros diarios.

Sin embargo, más allá del récord registrado, resulta igualmente inédito el sustancial incremento que ha registrado esta partida desde el estallido de la crisis. Así, la deuda de las administraciones públicas ha crecido en casi 148.000 millones en los últimos doce meses, un aumento del 19% interanual, pero la cifra es más llamativa si se compara con la de 2007. En concreto, la deuda pública se ha disparado en 540.521 durante la crisis, un 141,4% en poco más de cinco años.

Por niveles de administración, la mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración General del Estado (Gobierno central), ya que alcanzó los 796.817 millones de euros, el 76,2% del PIB. La deuda del Gobierno ha aumentado en casi 141.500 millones en el último año, un 21,6% más respecto al mismo periodo de 2012. Mientras, desde que estalló la crisis, el Ejecutivo ha disparado su deuda en 479.382 millones de euros, un 151% más.

Sin embargo, el mayor incremento corresponde a las comunidades autónomas. La deuda regional se situó en 189.589 millones de euros hasta el pasado marzo, equivalente al 18,1% del PIB. Ha crecido en casi 43.200 millones con respecto al primer trimestre de 2012, un 29,5% más. Pero lo más relevante es que ha aumentado en 128.550 millones desde el cierre de 2007, un 211% más. Es decir, las CCAA han más que triplicado su endeudamiento durante la crisis económica.

El Partido Popular acaba de desperdiciar una oportunidad que probablemente no va a repetirse en muchos años, para hacer una reforma de verdad con la que España pudiera salir del agujero de la ineficacia y corrupción dedicando esfuerzos y recursos a aquello que pueda producir riqueza. No ha sido así y lo ha solventado con una ligera capa de maquillaje que disimule las grietas del sistema. Una crisis que, aliada con una mayoría absoluta,  hubiera sido una oportunidad única para modernizar de una vez las administraciones públicas se va a convertir en algo que dentro de cinco años volvamos a hablar de una administración obesa e ineficaz. Todo ello con tal no enfadar a las cigarras locales o autonómicas. Al pueblo que le den.

La reforma

Según el Gobierno, los objetivos de esta reforma pueden dividirse en cuatro grandes apartados:

·         Reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia públicas

·         Racionalizar el sector público, lo que incluirá la fusión o supresión de organismos públicos

·         Mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración

·         Cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada al administrado.

En cuanto a las medidas concretas, es fácil imaginarse que en más de 2.000 folios, las hay de todos los colores. Entre las más novedosas, destacan:

·         Supresión de organismos estatales: el plan del Gobierno es acabar con 57 organismos, entes o fundaciones. Eso sí, muchos de ellos se fusionarán con otros, por lo que su estructura seguirá en pie y no habrá recorte de personal.

·         Administración autonómica: en el informe también se analiza la estructura organizativa regional. Hay unos 90 entes que el Ministerio cree que son redundantes y podrían suprimirse.

·         Centralización de las licitaciones, con el ahorro que eso implicaría.

·         Venta de inmuebles: hay hasta 15.000 que podrían ser puestos en el mercado

·         Internet y la administración: la idea del Gobierno es acabar con el papeleo y que todas las gestiones que se tengan que hacer ante la administración se hagan vía web.

El Gobierno calcula que el ahorro total alcanzará los 37.700 millones de euros entre el año 2012 y hasta 2015, con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. Prevén un ahorro de 7.500 millones al año aplicando el engendro planteado por uno técnicos durante más de siete meses  Un magro resultado a algo que si se hubiera planteado una reforma de verdad podríamos dejar de despilfarrar más de 50.000 millones solo en este año y otros tantos para los años siguientes,  que podrían dedicarse a financiar proyectos de investigación y crecimiento, o simplemente dejar de endeudarse a razón de mas de 400 millones diarios.  

A pesar de la levedad de las medidas por parte de la autonomías ya existe un conato de rebelión de las CCAA anunciando algunas de ellas como Cataluña que además se permite darle consejos de como ahorrar a Mariano Rajoy, Andalucia que no quiere prescidir de su Defensor del pueblo o bien Madrid que no quiere prescindir de su Tribunal de cuentas duplicado, que ya han anunciado que no iban a cumplir las recomendaciones del poder central; el paso siguiente será que los ayuntamientos incumplan su parte y así sucesivamente hasta que los ciudadanos  hartos de tanta farsa, dejen de cumplir con sus obligaciones tributarias.