Aforados

España tiene 10.000 aforados, de ellos 7.000 son jueces, magistrados, y fiscales en activo el resto, la mayoría, son parlamentarios nacionales y autonómicos. En estos últimos años han entrado a formar parte en muchos parlamentos autonómicos aquellos políticos, alcaldes o concejales que ya tenían una imputación pendiente de su gestión municipal con el fin de eludir la justicia ordinaria como es el caso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que tiene en el Parlament, que tiene 11 de sus diputados imputados, varios de ellos de ellos a causa por irregularidades en su anterior labor municipal, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo o su antecesor Diaz Alperi.
 

Frente a los 10.000 aforados que, en caso de incurrir en algún delito, no serían juzgados por los tribunales ordinarios en nuestro país, en Portugal este beneficio solo opera para el presidente de la República, en Francia para diez altos cargos y en Italia o Alemania para ninguno. En Portugal solo está aforado el presidente de la República, en Francia solo diez altos cargos y en países como Alemania no hay ningún parlamentario que goce de este privilegio.

La diputada Rosa Diez ha presentado en el Congreso el debate sobre la eliminación del aforamiento que permite a diputados y senadores, junto al resto de cargos públicos, ser juzgados en el Tribunal Supremo, fuera de los órganos judiciales que operan para el resto de los ciudadanos, aunque Gallardón solo admitiría eliminar el aforamiento de 57 de los 10.000 altos cargos públicos blindados que hay en España.

Descartada cualquier posibilidad de reformar la Constitución y los 17 estatutos autonómicos, el titular de Justicia solo ve resquicio para eliminar el aforamiento de los 30 miembros del Consejo de Estado, los 12 del Constitucional, otros tantos del Tribunal de Cuentas, además del Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Según Justicia, solo esto es lo que está en manos de las Cortes Generales. El resto correspondería la supresión por parte de los respectivos Parlamentos Autonómicos.

La semana próxima, cuando la diputada Rosa Díez presente su moción en el Congreso, tendrán que retratarse todos los grupos parlamentarios. ¿Es realmente un privilegio que los diputados y senadores sean juzgados, llegado el caso, por la sala segunda del Supremo? ¿No sería más lógico que fueran a los juzgados de instrucción, como pasa con los ciudadanos corrientes? A todo ello tendrán que responder el PP, el PSOE y los partidos minoritarios, en un contexto político donde un alto porcentaje de las noticias de actualidad tienen que ver con casos de corrupción y en el que hay, según datos del Consejo del Poder Judicial, más de 1.661 procedimientos tramitándose en los diferentes tribunales directamente relacionados con la corrupción política, que entran de lleno en la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, las estafas o las apropiaciones indebidas.

En la actualidad, el Congreso tiene pendiente conceder suplicatorio al que fuera ‘número dos’ del PSOE, el exministro José Blanco que ha condicionado su abandono del escaño a la apertura de juicio oral, precisamente porque quiere que el proceso siga en manos del Tribunal Supremo y no regrese a la Audiencia de Lugo, donde sería juzgado por un presunto delito de tráfico de influencias si no estuviera aforado por su condición de diputado. En una situación parecida a la del extitular socialista de Fomento se encuentran varias decenas de parlamentarios autonómicos de casi todo el abanico político.