El “acuerdo criminal” del Palau de la Música

 

La fiscalía da por concluida la fase de la instrucción del ‘caso Palau de la Música’ dando por hecho que la institución cultural servía para financiar irregularmente a Convergència Democràtica de Catalunya. acredita que CDC había recibido de Ferrovial más de 6,6 millones en comisiones ilícitas a través del Palacio de la Música, A cambio, al compañía ganó varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.

 Además, el escrito del fiscal señala que Millet y Montull desviaron para su propio beneficio más de 18 millones de euros entre 2002 y 2009. El partido político Convergencia Democrática de Catalinya tiene su sede embargada por esta causa desde hace mas de dos años.

En el escrito del fiscal se describe la presunta trama alrededor de la institución cultural, que supuso, además del ‘enriquecimiento particular de los imputados o de terceros desconocidos’, una serie de ‘flujos financieros’ que ‘forman parte de una trama de comisiones ilícitas satisfechas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura’, fondos destinados a ‘finalidades’ que nada tienen que ver con el Palacio de la Música.

El fiscal no entra a valorar quién fue el que tomó la iniciativa, si la empresa Ferrovial o CDC, pero sí señala que: ‘Lo cierto es que el acuerdo criminal era relativamente sencillo pero institucionalmente demoledor: a cambio de importantes sumas dinerarias que se calcularían según un porcentaje del volumen de negocio que Ferrovial previera obtener u obtuviera con los entes públicos catalanes regidos por CDC, responsables de este partido, como mínimo los responsables de su tesorería, deberían prevalerse de tal posición política para asegurar que los órganos decisores en materia de adjudicación de obra pública autonómicos y locales generaran un flujo constante de contratación favorable a la empresa’.

El pago de ‘las comisiones ilícitas’ se fraccionaba en el tiempo, principalmente por el elevado importe de las mismas, pero también para intentar proporcionar ‘garantía de estabilidad en el pacto criminal tanto a la hora de renovar las adjudicaciones como a la de obtener otras nuevas’, siempre ‘en detrimento de la imparcialidad exigible’ a los responsables públicos de la Generalidad así como en perjuicio de los competidores de la empresa constructora que ‘perdían la oportunidad de ser seleccionados por motivos, como se ve, ajenos a los estrictamente técnicos’.

La comisión ilícita, apunta el fiscal, consistía, por regla general, en el 4% del importe de las adjudicaciones, del cual un 2,5% se asignaba a Convergència y un 1,5% a retribuir los interesados oficios de los intermediarios Millet y Montull (quienes a su vez se lo distribuían en un porcentaje del 80% y el 20% respectivamente). ¿Entre qué años? Al menos desde 1999 y hasta 2009.

La réplica de Artur Mas sobre el tema que afecta directamente a la financiación ilegal del partido que preside no se ha hecho esperar y ha acusado a la fiscalía de plantear una  acusación sin pruebas: "No tengo ningún inconveniente en dar la cara. Los responsables de las finanzas de CDC siempre me han dicho que no existieron estas irregularidades y me los creo, así que no nos da miedo ir al juicio, que esperemos que se haga cuanto antes mejor", ha afirmado Mas en una comparecencia ante los medios tras la reunión del Consell Nacional del partido.

En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, en el que se solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y para los exresponsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull (1,5%).