Caos y sensación de impunidad en Barcelona

En la cabecera de la manifestación únicamente estaban los líderes de las asociaciones y sindicatos. (Foto. EP)

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El secesionismo catalán preparó con esmero el atrezo para conmemorar, sin decirlo, los dos años del 27 de octubre de 2017. Ya nadie habla de la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña y de la fuga del entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont. Ayer, en un déjà vu que empieza a ser rutinario en la región, por la mañana Quim Torra, sucesor a dedo de Puigdemont, se rodeó de cientos de alcaldes que, vara en mano, gritaron por la independencia desde el Palacio de la Generalitat. 

Por la tarde, otra manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, a la que asistieron Torra y su gobierno. La Guardia Urbana los contó: 350.000 personas. Un treinta por ciento menos que hace solo una semana, cuando los mismos convocantes se manifestaron por Barcelona por los mismos motivos: la libertad de los sediciosos condenados por el Tribunal Supremo y que Cataluña se separe del resto de España.A diferencia de otras manifestaciones, los líderes políticos no estaban ya en la primera fila y, con las bases cada vez más cabreadas con la actitud de sus gobernantes. Pese a estar camuflados en medio de la masa han tenido que sufrir la reprobación de miles de separatistas.

Torra y sus consellers se ‘camuflan’ en la manifestación para evitar que les increpen

Para evitar pitadas y escraches, un gran cordón de voluntarios con un chaleco rojo hacían infranqueable la zona de las autoridades que, además, contaban con su vigilancia habitual de decenas de escoltas de los Mossos de Esquadra. Sin la presencia del consejero del Interior, Miquel Buch, estos días en la diana de los separatistas, el gobierno autonómico catalán ha sido relegado a un lugar secundario. Como telón de fondo los manifestantes coreaban gritos de “unidad, unidad”.

Uno de los políticos especialmente increpados, a su salida del escenario de la manifestación, situado en la calle Marina de Barcelona, ha sido el consejero de Asuntos Exteriores Alfred Bosch (Esquerra Republicana). Varios manifestantes se han dirigido hacía él para reprocharle la actitud del gobierno catalán durante estas semanas. Junto a Quim Torra, Roger Torrent, los consellers, Artur Mas, senadores y diputados, se encontraba en la zona protegida el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha acudido a la manifestación junto al diputado de su formación en el Congreso Jon Iñarritu.

Caos después de la manifestación

La Ciudad Condal se ha sumido en el caos y ha dado paso, a su término a actos de violencia por parte de los secesionistas más radicales a los que nos tienen acostumbrados, los que sembraron de llamas y caos las calles de la capital catalana durante casi toda la semana pasada. Y esta noche de sábado, tal y como habían anunciado en días anteriores los más violentos, lo han vuelto a hacer. Los últimos días en Cataluña, de hecho, se han convertido en un campo de batalla por los ataques y el terrorismo callejero perpetrado por los CDR.

En la Via Laietana, concretamente alrededor de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, una horda de indepes violentos se han concentrado en los alrededores del edificio para amedrentar a los agentes de la ley. La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han empezado a cargar solo con porras y escudos, contra los muy violentos concentrados ante la Jefatura de Policía de Barcelona pasadas las 21.00 horas, para dispersarlos. Al menos 15 heridos, llamas y caos por la violencia indepe en Barcelona. Entre los heridos, hay un mosso d'Esquadra, hospitalizado herido grave, que ha sido hospitalizado.

Una respuesta ni muy adecuada ni proporcional proclamada por el ministor de Interior que alienta la sensación de impunidad por la que se rigen los vándalos que llevan dos semanas amedrentando la ciudad. No se entiende como a estas alturas no se pongan en acción instrumentos mucho mas efectivos que eviten que los policias constantemente tengan que enfrentar cuerpo a cuerpo con personal dispuesto a todo. Hay en las cocheras dos camiones de agua muy prácticos y otros medios que fueron adquiridos para dispersar este tipo de comportamientos como los sufridos ayer.

En las últimas jornadas, centenares de manifestantes, han centrado sus reivindicaciones contra el gobierno de Torra y los Mossos de Esquadra, con protestas frente al Palau de la Generalitat o la consejería del Interior.

Los CDR preparan una nueva revuelta en Cataluña si la Justicia inhabilita a Torra por los lazos amarillos

Quim Torra, presidente de la Generalitat, acaba de lanzar una comisión de investigación en el Parlamento catalán contra la actuación de los Mossos que se han jugado la vida defendiendo el Estado de Derecho. No contra los CDR que han destrozado e incendiado Barcelona en los últimos días, sino contra los policía autonómica. De este modo, la conexión del presidente de la Generalitat con los CDR volverá a demostrarse en breve si la Justicia decide finalmente inhabilitarle en el juicio de los lazos amarillos.

La investigación del comando CDR detenido con explosivos sigue apuntando a su relación directa con Torra. Las últimas informaciones judiciales apuntan a contactos telefónicos directos entre miembros de los CDR y el presidente de la Generalitat. Hay que recordar, además, que uno de los CDR detenidos afirmó que el propio Torra era el encargado de garantizar que se abrieran las puertas del Parlamento catalán para que el comando radical pudiera hacer detonar su explosivo dentro del legislativo regional.

Y ahora, según los datos a los que ha accedido la Policía Nacional, esos mismos comandos radicales separatistas están preparando ya una nueva y gran revuelta en caso de que la Justicia condene e inhabilite a Torra por poner los lazos amarillos –el símbolo del golpe separatista del 1-O y de la petición de impedir la labor del Supremo en su juicio– en sedes oficiales.

Torra debe pasar a juicio oral en menos de un mes, el 18 de noviembre, y será ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una comparecencia judicial en la que la Fiscalía buscará su inhabilitación durante un año y ocho meses por un delito de desobediencia tras haberse negado a quitar los lazos amarillos en las elecciones generales del pasado 28 abril. En esta misma causa, además, el Ministerio Público exige a Torra el pago de una multa adicional de 30.000 euros por la misma acusación.

Fuentes jurídicas aseguran que lo más probable es que Torra sea finalmente condenado y castigado a inhabilitación para cargo público y eso será, exclusivamente, por la acusación de los lazos amarillos. Hay que subrayar, además, que en la Audiencia Nacional el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, y el juez de refuerzo, Alejandro Abascal, investigan ya otro asunto que también acorrala a Torra: el de los Comités de Defensa de la República (CDR) y el colectivo Tsunami Democràtic por un delito de terrorismo.

La respuesta de los CDR se planifica ya en estos momentos, éstos pretenden demostrar que Torra es un protegido del separatismo más radical que hay en estos momentos. Fuentes policiales han asegurado que el plan de los extremistas consiste en volver a paralizar e incendiar la ciudad como muestra de su rechazo a la futura decisión judicial. Es más, el argumentario que barajan ya los comandos separatistas, une las dos sentencias –la del 1 de octubre y la de los lazos amarillos– en un mismo mensaje y con una única finalidad: dar por sentado que la Justicia española no es tal y que, además, se encuentra poco menos que en una cruzada para derrocar al movimiento separatista.