El saqueo de Andalucía 180 - Nuevo revés de la juez Núñez por el caso Formación

Tras ordenar su reapertura, ahora revoca la decisión de desprecintar los documentos que debía haber investigado

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado el precinto e intervención de dos despachos de la Junta que guardaban documentación referida al caso Formación y que habían sido desprecintados por la juez María Núñez Bolaños tres meses y medio después de archivar la causa en octubre de 2016 antes de que se resolvieran los recursos contra la citada decisión judicial.

Se trata de un nuevo revés de la Audiencia a la instructora en este caso, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas por la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la forma de instruir que tiene María Núñez, sucesora de la juez que destapó las grandes macrocausas de corrupción en Andalucía, Mercedes Alaya.

La Audiencia ya corrigió a la juez a primeros de mes obligándole a reabrir la pieza principal de la causa de los cursos de formación en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, cuyo sobreseimiento y archivo provisional acordó Núñez el 11 de octubre de 2016. Ahora la Audiencia estima otro recurso de la acusación del PP y revoca la orden que la juez dio de desprecintar dos despachos de las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla y el traslado de miles de expedientes que allí estaban custodiados y que no fueron examinados a otras nuevas dependencias.

Esa documentación es la que ahora la Audiencia ha ordenado que sea examinada al reabrir la causa más destacada del caso Formación, una de tantas en las que la juez no observó motivos para continuar la investigación.

Archivo provisional

Fue en enero de 2017, tres meses y medio después de acordar el archivo provisional de la causa, cuando Núñez acordó que no había por qué mantener las medidas de seguridad y custodia de las dos salas del SAE llenas de documentos que había precintado la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, como ordenó en su día la juez Mercedes Alaya. Núñez no esperó entonces a que el archivo fuera firme. La juez, a la que ahora ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción ante el CGPJ, prefirió atender la petición de la Junta de Andalucía para tener acceso a los despachos y mover los papeles, admitiendo que los documentos no eran «objeto de investigación». Tampoco la Fiscalía Anticorrupción se opuso entonces al traslado de los expedientes, incluso a la devolución a la Junta de los documentos depositados en el juzgado.

La juez desoyó entonces las explicaciones de la acusación del PP que se opuso a que la Junta de Andalucía pudiera tener acceso a esos expedientes originales sin que hubieran sido investigados, teniendo en cuenta que la decisión había sido recurrida y, como ha ocurrido, podría ser enmendada a posteriori por la Audiencia.

Así que los expedientes clave en la reapertura del caso Formación han estado más de dos años sin otra custodia que la de la Junta de Andalucía, cuyo anterior Gobierno socialista se congratulaba públicamente del archivo de la causa y entonces exigía disculpas al PP por ejercer la acusación.