El saqueo de Andalucía 179 - Las causas de corrupción «fantasma» de la juez María Núñez Bolaños

Las investigaciones sobre las ayudas de la Junta de Andalucía para cursos concedidas al exdirigente del PSOE Rafael Velasco o a Juan Lanzas llevan años sin avanzar

Entre 2006 y 2009, cuando Rafael Velasco despuntaba como el dirigente del PSOE andaluz con más proyección de futuro de la mano de su mentor, José Antonio Griñán, la academia que regentaba su mujer, Aulacen Cinco S.L. hacía negocio con la industria más boyante de Andalucía: el paro. La empresa recibió unos 730.000 euros repartidos entre una quincena de subvenciones de la Junta para cursos para formar a desempleados durante cuatro años. El escándalo acabó en octubre de 2010 con la fulgurante carrera del joven vicesecretario general del partido, lugar que luego ocuparía Susana Díaz.

En abril de 2014, al calor de la «Operación Edu» que destapó el supuesto fraude masivo de la formación, la juez Mercedes Alaya puso en su punto de mira las ayudas a la familia de Velasco. Aunque a menor escala que el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que acaparó 52,6 millones de euros en ayudas, la instructora sospechaba que era una pieza más de «una red de clientelismo político» tejida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los casi 3.000 millones repartidos entre 2002 y 2012 en fondos públicos para la formación y inserción laboral de parados.

En diciembre de 2015, seis meses después de hacerse con las riendas del juzgado más expuesto a la efervescencia mediática en los últimos años por los supuestos fraudes que instruye (ERE, Formación, Ojeda, Agencia IDEA, Avales), María Núñez Bolaños troceó la macrocausa de Formación en nueve piezas. Una de estas ramas se centraba en lo que la Fiscalía Anticorrupción denominó «el entramado del investigado Rafael Velasco».

Tres años y medio después, estas diligencias previas permanecen estancadas. Velasco nunca ha sido llamado a declarar ni su mujer, Antonia Montilla. Forma parte de un puñado de causas fantasma que formalmente siguen abiertas pero que llevan años sin registrar avances y que competen a la juez denunciada ante el Poder Judicial por el jefe de Anticorrupción por «la desatención y retraso injustificado» de causas de corrupción.

Para «evitar nuevos retrasos», a través de reiterados escritos, la Fiscalía ha apremiado a la juez que pida a la Admininistración o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios», pero no consta que la magistrada le haya hecho caso. Para «evitar retrasos», los fiscales, a través de sucesivos escritos, han apremiado a la juez a que pida refuerzos pero no les ha hecho caso.

Velasco no es un caso aislado. El atasco afecta a piezas sin el eco mediático de los ERE como la investigación de los 3,69 millones para cursos con los que la Junta regó a tres empresas del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, o las diligencias abiertas por los 301.875 euros que fueron a parar a una sociedad de José Fernández de los Santos, vicepresidente de la Diputación de Huelva y secretario de Organización del PSOE en esta provincia.

En el marasmo están instaladas otras piezas del tronco de la formación que afectan a tres extintos consorcios participados por el SAE, el denominado CIO Mijas, el Centro de Técnicas Industriales de San Fernando y el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga. Núñez sólo ha concluido la instrucción sobre el desvío de ayudas del Centro de Formación Medioambiental, Formades. Siguiendo la tesis de la archivada pieza política del caso Formación que la Audiencia acaba de reabrir, la magistrada exculpó a 16 excargos investigados y procesó a la exdirectora del centro y a tres empleados.

La demora rema en contra de las manecillas del reloj de la Justicia. Cada día que pasa es una batalla perdida ante el riesgo de prescripción. La primera subvención a la empresa familiar de Velasco data de hace trece años. En octubre de 2017, la instructora archivó cuatro ayudas recibidas con el argumento de que las ayudas no «alcanzan la condición objetiva de punibilidad para aplicar el fraude de subvenciones», porque son todas inferiores a 120.000 euros. «No toda resolución ilegal, aún incluso nula de pleno derecho, constituye prevaricación, ya que para ello es necesario que la resolución sea arbitraria», razonó.

Conflicto de competencias

A petición de la Fiscalía, Núñez se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba para que fueran ellos que indagaran en otras nueve subvenciones concedidas a las entidades Faasa Aviación SA y Aulacen Cinco S.L. Los jueces cordobeses devolvieron la causa a Sevilla al enterarse de que estaba pendiente de un recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce el PP-A. Durante meses, el caso quedó en tierra de nadie. Hasta que el TSJA resolvió que la magistrada de Sevilla debía seguir con la instrucción al margen del desenlace de la impugnación. El PP-A ha presentado escritos solicitando, entre otras pesquisas, que declarasen Velasco, su hermano (contratado como docente) y su mujer, peticiones que han sido desoídas.

La documentación remitida al juzgado dibujaba un triángulo de influencias. Luis Nieto Ballesteros, exsecretario general técnico de la Consejería de Economía, era la persona autorizada para recoger «la documentación de la resolución del curso de formación ocupacional» de una ayuda de 2009. En Aulacen trabajaba Alfredo Fernández Pérez, que era empleado del PSOE andaluz, cuñado y chófer del político cordobés. Demasiadas casualidades.

Al mismo partido pertenecía el dirigente onubense José Fernández de los Santos. Su empresa, Multiservicios y Limpiezas Doñana, recibió dos subvenciones de Empleo por importes de 212.865 euros y de 89.010, a través de dos convocatorias públicas, en 2010 y 2011. El 2 de diciembre de 2016, Núñez avanzaba que iba a «incoarse causa aparte» sobre estas ayudas en una providencia.

Cuando se la notificaron, la letrada del PP-A dirigió un escrito al juzgado en el que relataba que se había personado días después en el despacho de la Letrada de la Administración de Justicia para pedir el número de diligencias al objeto de personarse. La respuesta de la funcionaria fue que «esas diligencias previas tal como se han abierto se van a archivar», por lo que «no se va a enterar», rememora esta acusación. Así ha sido. Nadie sabe qué pasó con esta causa.

Otros negocios de Lanzas

Otro «expediente X» es la investigación de una trama vinculada al conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuya madre bromeaba con que acumuló tantos billetes que podía «asar una vaca» con ellos. En mayo de 2014, la juez Alaya pidió a la Junta los 23 expedientes de ayudas por 3,69 millones de euros que entre 2002 y 2011 recibieron tres empresas ligadas al exdirigente sindical: Círculo Empresarial para la Formación; Planificación, Cooperación y Desarrollo, y Agri-Res-2. Lanzas, que ha desfilado varias veces por el juzgado y estuvo encarcelado por el caso ERE, no ha sido a llamado a declarar por este asunto.

En abril de 2018, a petición del fiscal, Núñez encargó a la Intervención de la Junta analizar sus ayudas. El informe del perito llegó al juzgado en mayo y avala las irregularidades: «Se justificaron gastos que no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa estatal, autonómica o comunitaria».