La Fiscalía acusará de desobediencia a los alcaldes del 1-O

Alcaldes con la vara en el Parlamento el día que se proclamó la República

Un año y casi dos meses después del referéndum de independencia de Cataluña, la Fiscalía todavía está estudiando de qué acusar a los alcaldes que permitieron y dieron facilidades para que se celebrara la consulta ilegal.

Las investigaciones de la fiscalía al centenar de alcaldes catalanes que favorecieron el 1-O están prácticamente terminadas y se decidirá qué hacer "caso por caso". Así lo ha dicho la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha tratado de la cuestión con los fiscales de Cataluña, en su primera visita a Cataluña desde que está en el cargo. La fiscal general y el presidente del TSJC han llegado a este acuerdo para unificar criterios de cara al juicio. 

La querella de los fiscales estaba fundamentada en que la consulta del 1-O fue prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional, que lo notificó a todos los dirigentes catalanes, tanto de la Generalitat como a todos los alcaldes.

Al facilitar la apertura de colegios electorales y el traslado de las urnas y las papeletas, estos ediles desobedecieron una orden expresa del TC, aun siendo plenamente advertidos.

Segarra no quiso concretar cuántas de estas investigaciones pueden acabar en querella. Y sí subrayó que "no es una causa general". "Analizaremos siempre caso por caso, la fiscalía no tiene una causa general ni ninguna opinión generalizada. Analizamos caso por caso y siempre desde el pleno respeto al principio de legalidad no puede ser de otra manera", ha dicho.

Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público no quiso pronunciarse sobre qué piensa del cese de Edmundo Bal, jefe del Departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del gobierno en el juicio a los líderes del proceso soberanista en Cataluña. "Respeto hacia las decisiones que son ajenas y en las que no puedo opinar", ha añadido.