Puigdemont maniobró para intentar colocar a catalanes independentistas en puestos clave de la ONU

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Foto: Efe)

Carles Puigdemont y Artur Mas impusieron como prioridad al Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat ganarse el favor de altos cargos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que avalaran el proceso de independencia de Cataluña y el referéndum ilegal del 1-O.

Este fue también uno de los principales objetivos del contrato que el Diplocat firmó con el lobby norteamericano Independent Diplomat (ID), que cobró 1,4 millones de euros de la Generalitat para crear un clima de opinión internacional favorable a la independencia de Cataluña.

Ahora, el "grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias" del mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictado una polémica resolución en la que exige al Gobierno español que ponga en libertad a Oriol Junqueras y los Jordis, ignorando que tal decisión compete exclusivamente a los magistrados del Tribunal Supremo.

El "embajador" de la Generalitat en Estados Unidos, Andrew Davis, remitió al conseller Raül Romeva en 2017 un informe en el que mostraba su preocupación por el nombramiento de una embajadora de la Misión Permanente de España ante la ONU como nueva asesora de este organismo internacional.

El plan del "embajador" en Nueva York

El nombramiento, advertía Andrew Davis, “dificultará aún más el acceso de esta delegación a los foros de Naciones Unidas como ya hemos reiterado en numerosas ocasiones”. En su informe, el delegado de la Generalitat en Nueva York (al que Puigdemont puso un sueldo de 131.214 dólares anuales) recomendaba maniobrar para colocar a catalanes independentistas en puestos clave de la ONU.

El documento firmado por Davis, al que ha tenido acceso el Tribunal de Cuentas, señala que es primordial "tener catalanes que ocupen altos cargos en esta organización y que velen por los intereses nacionales de Cataluña. Hoy en día, es la Misión de España quien se encarga de esta tarea y, por tanto, se debería valorar la posibilidad de colaborar para promocionar a los catalanes dentro del organismo”.

Es decir, proponía puentear al Gobierno español, colocando a personalidades afines al movimiento separatista en organismos clave de las Nacionales Unidas, para lograr que este organismo internacional avale el proceso de independencia. En buena medida, la Generalitat logró este objetivo final utilizando ilegalmente dinero público.

El delegado de la Generalitat en EE.UU. propuso colocar a catalanes independentistas en puestos clave de la ONU.

En su contrato, que costó 1,4 millones de euros públicos, el lobby norteamericano Independent Diplomat (ID) se comprometió a facilitar a la Generalitat informes periódicos de "inteligencia sobre las opiniones de personas e instituciones como la Unión Europea (UE) y la ONU, dar orientación sobre la estrategia que permitirá a Cataluña dominar y dar forma a la reacción internacional a sus elecciones políticas y ayudarle a responder eficazmente a las críticas, especialmente desde Madrid". El lobby ID presumía de tener una larga experiencia internacional en procesos de independencia y autodeterminación.

Desde 2014 (bajo la Presidencia de Artur Mas), esta empresa concertó varios encuentros entre altos cargos de la Generalitat con los relatores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de con congresistas de Estados Unidos y parlamentarios de casi todos los países de la UE. Los mismos que ahora han mostrado su apoyo a Carles Puigdemont después de que huyera de España escondido en el maletero del coche y protegido por varios Mossos d’Esquadra.

Como ha informado OKDIARIO, un año antes del referéndum del 1-O Carles Puigdemont firmó en Ginebra un "memorándum de entendimiento" por el que la Generalitat se comprometía a financiar con 100.000 euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ya en aquel momento, el principal interlocutor de la Generalitat con este organismo era –gracias a la mediación del lobby Independent Diplomat (ID)– el relator de la ONU Alfred de Zayas, que ha realizado multitud de declaraciones públicas a favor de los golpistas de la Generalitat.

Ganarse el favor de los relatores

El Tribunal de Cuentas ha detectado ahora numerosas irregularidades en la tramitación de aquel convenio firmado por Puigdemont. Entre otras cuestiones, la Generalitat no tenía competencias para firmar este "tratado internacional", ya que los interlocutores de la ONU son los Estados miembros, no sus gobiernos regionales.

El propio abogado internacional que Puigdemont y Junqueras han contratado para internacionalizar su causa, Ben Emmerson, fue entre 2011 y 2017 relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, por lo que mantiene excelentes contactos con los miembros del "grupo de trabajo" de la ONU que ahora reclaman la puesta en libertad del líder de ERC y los Jordis. Con anterioridad, Emmerson ha sido abogado de yihadistas como el clérigo Abu Qatada al-Filistini y criminales de guerra como el cuñado del dictador Muamar el Gadafi, Abdullah Senussi.

El ministro Borrell ha enviado una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, ha presentado dos "notas verbales" ante la ONU.

El embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, ha protestado hoy ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene el informe realizado por parte de uno de los grupos de trabajo de esa organización, en el que setilda de «arbitraria» la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, y Jordi Cuixart por el proceso independentista. Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Después, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, también ha anunciado que ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias «quejas y solicitudes» en relación con este informe del grupo de trabajo.

Los argumentos del Gobierno se refieren a «posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades», ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.

Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y a través de una misiva. .Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallarlas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que «hay circunstancias que deben ser corregidas».

Por su parte, Celáa ha explicado que el embajador ha presentado una nota verbal para solicitar la revisión de esa «opinión» porque incluye «errores y distorsiones» y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses. Sobre la primera, ha destacado que los redactores del trabajo «parecen desconocer el delito» por el que los políticos catalanes han sido procesados, «desconocen aparentemente la separación de poderes» y que su situación está en manos del Poder Judicial.

El Ejecutivo entiende también que el documento supone además una «interferencia clara» en el trabajo judicial, porque llega «justo antes» de que el Tribunal Supremo cierre el juicio oral y deje el caso visto para sentencia.

Por otro lado, España protesta porque dos de los cinco miembros del grupo de expertos han tenido «estrechas relaciones» con uno de los letrados de los políticos independentistas, Ben Emmerson, letrado de Carles Puigdemont y los presos ante la ONU.

El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson «hubiera exigido su abstención», ha señalado el Gobierno.

El Gobierno también ha tildado de «despropósito» esta carta.

Tras el informe de este grupo de trabajo de la ONU calificando de «arbitraria» la prisión preventiva de tres dirigentes separatistas presos del proceso independentista, el presidente catalán, Quim Torra,ha enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado en la que les pide que exijan la libertad de los «presos políticos» y una «indemnización» para ellos.

En la misiva al presidente, Torra ha instado a Sánchez a que pida a la Fiscalía -que no sigue directrices políticas- y a la Abogacía del Estadoque reclamen la libertad de los dirigentes catalanes juzgados por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En la enviada a la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Superior de Cataluña, pide al Ministerio Público que promueva en el Tribunal Supremo «la libertad inmediata de todos los presos políticos» (políticos presos) y reconozca el derecho de los encarcelados a ser indemnizados y reparados.