Cuando termine el juicio del 1-O, volverán los CDR

Desde que empezó el juicio, los Comités de Defensa de la República (CDR) están de permiso, pero velando armas.

Los principales dirigentes separatistas han manifestado por activa y por pasiva que no piensan acatar las sentencias del Tribunal Supremo por el golpe de Estado, salvo que sean absolutorias y den pie a un referéndum de autodeterminación por arte de magia. A los nacionalistas catalanes les parece que la separación de poderes es una pijada, por lo que no tienen el más mínimo reparo en exigir al Gobierno la suelta de sus presos y explicaciones por el demoledor informe de los fiscales.

Lo que ocurre ahora mismo en Cataluña no difiere demasiado de lo que pasaba a finales de 2015, cuando los separatistas activaron la fase final del golpe actual. El 9 de noviembre de aquel año, y para celebrar que el referéndum de hacía un año les había salido gratis, aprobaron en el Parlamento regional una declaración solemne de inicio del proceso de independencia.

Tal pronunciamiento no fue tenido en consideración ni por el Gobierno de la época ni por la mayoría de los medios de comunicación. La interpretación generalizada –y tesis dominante– consistió en que aquello era otra catalanada de unas almas en pena que sólo pretendían negociar un mejor trato fiscal con "Madrit". Quienes advertían del riesgo y pedían un control financiero preventivo eran considerados unos alarmistas de extrema derecha.

Se decía que solo querían negociar, arrancar nuevos privilegios, el concierto vasco e impunidad para sus corruptos, el tipo de cosas que preocupan a los nacionalistas. Pero si hasta pocos meses antes del referéndum ilegal del 1 de octubre Sáenz de Santamaría se embarcó en una patética operación Diálogo con esa gente que ahora anda fugada o en la cárcel y que entonces utilizaba las instituciones y medios bajo su control, todo el poder político en Cataluña, para derogar la Constitución por la cara y proclamar una república catalana por las bravas. ¿Que era un farol? Haber elegido susto.

Torra no oculta que está en negociaciones con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para arbitrar la respuesta a las sentencias. Desde que empezó el juicio, los Comités de Defensa de la República (CDR) están de permiso, pero velando armas. No conviene a los intereses de los acusados que los sobrinos de Torra anden en este momento por ahí cortando carreteras, echando estiércol en los juzgados y señalando las casas de los disidentes. Pero volverán.

En el caso de que el Tribunal Supremo opte por lo bajo, a los principales golpistas les caerán un mínimo de quince años, algo inaceptable para el separatismo, que responderá con una agitación similar a la que precedió al 1-O, un endurecimiento de sus actividades de presión contra los sectores de la sociedad contrarios a la independencia de Cataluña, más las manifestaciones, performances, ayunos, encierros, sentadas y simposios de rigor.

Para afrontar un contexto ya conocido, conviene aclarar que, a pesar de lo que diga la Fiscalía, en el 1-O no hubo mil heridos ni salieron dos millones de personas a votar. Los indultos, que el separatismo da por descontados, no harían más que certificar la derrota del Estado y alimentar las protestas hasta la celebración de un referéndum marcado por los efectos de cuatro décadas de inmersión lingüística, adoctrinamiento escolar, manipulación mediática y supremacismo.

Lo están diciendo tan claro como en 2015, 2016 y 2017. No se apean del burro aunque se hayan estancado en el 47,5% de la población. Les anima que en 2012 apenas llegaban al 25%. El 9-N de Mas se juzgó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se saldó con leves inhabilitaciones y ligeras molestias económicas. El juicio del 1-O de Puigdemont y Junqueras está a punto de concluir en el Tribunal Supremo. Indultos al margen, los autores arriesgan una buena temporada a la sombra o a la fuga. Habrá un tercer golpe en 2020 o 2021. La duda es si se juzgará en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Supremo, con Felipe VI, Manuel Marchena y Javier Zaragoza en calidad procesados rebeldes.

Pablo Planas