Una sentencia que hace crecer la inseguridad tributaria

La sentencia conocida el pasado jueves dictamina que es la entidad, y no el cliente, quien tiene que abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, desatando con ello una avalancha de reclamaciones cuyo impacto, todavía impreciso, asciende a varios miles de millones de euros. De hecho, el coste estimado para la banca bien podría superar al de la anulación de las cláusulas suelo. El nuevo golpe judicial que ha asestado el Tribunal Supremo a los bancos ha causado un grave terremoto en el sector financiero. No es para menos.

La Sala, bajo la ponencia del magistrado Jesús Cudero, resolvió un recurso de un particular -Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid- y estableció que debe ser el banco el que tiene pagar el impuesto porque es el único interesado en la elevación a escritura pública porque sólo con este documento la entidad bancaria puede ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.

Esta sentencia hizo saltar todas las alarmas en el sector financiero y provocó unas bajadas en la bolsa de las entidades bancarias porque su aplicación general puede suponer unas pérdidas de miles de millones de euros a los bancos. De esta circunstancia se derivó que horas después, el viernes por la mañana, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, haya reaccionado de manera “insólita” como expresan algunos magistrados del alto tribunal, a la sentencia de sus compañeros de tribunal.

Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el radical cambio de criterio que aplica el juez, puesto que hace apenas seis meses el Supremo se pronunció en sentido contrario, tras ratificar que el hipotecado es el sujeto pasivo de dicho tributo, tal y como fijaba la normativa vigente hasta ahora. La incertidumbre es total, y no solo para la banca, sino también para los hipotecados, puesto que se abre un nuevo frente jurídico para dilucidar quiénes y cómo deberán efectuar las devoluciones pertinentes. Por el momento, algunas entidades financieras ya han ordenado que se paralice la concesión de nuevas hipotecas hasta que se aclare la situación.

La reacción de los mercados no se hizo esperar. Las acciones de las principales entidades del país se hundieron el pasado jueves, aunque recuperaron terreno en la jornada posterior, tras conocerse que la sentencia en cuestión será revisada por el pleno del Tribunal Supremo para ver si, finalmente, es o no ratificada. Sea cual sea la decisión definitiva de los jueces, la gran incertidumbre jurídica que ha experimentado el sector en los últimos años pasará una elevada factura al conjunto del mercado hipotecario, de una u otra forma, con todo lo que ello supone para los españoles que quieran comprar una casa en el futuro.

Si existía un problema de divergencia de criterios, Luis María Díez-Picazo debería de haberlo elevado al pleno antes de que se produjera la decisión que ha hecho felices a millones de españoles durante menos de 24 horas. En cuestión de horas, el presidente de la Sala de lo Contencioso ha avocado a Pleno la sentencia que fija que deben ser los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas y paraliza el estudio de otros recursos similares. Hasta que no se produzca una resolución y ante la indefinición existente, se ha dejado de firmar préstamos hipotecarios en todel pais.