El saqueo de Andalucía 170 - Agencia IDEA. ¿Un nuevo caso de financiación irregular?

La juez Núñez Bolaños a la salida de los Juzgados de Sevilla - EFE

El caso ERE, que se centra en un programa de la Consejería de Empleo para ayudas a prejubilados y empresas en crisis, puede representar una minucia en comparación con la investigación que ha puesto en marcha la juez Pilar Ordóñez Martínez. La magistrada ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso ABC, por la que examinará si otras consejerías autonómicas utilizaron las denominadas transferencias de financiación para mandar fondos a la agencia pública IDEA durante doce años para fines distintos a los que le permite la ley. Es decir, investiga si otros departamentos del Gobierno andaluz replicaron el sistema irregular del caso ERE para financiar otros programas presupuestarios de la Junta de Andalucía.

En estos tres años al frente de la instrucción, María Núñez Bolaños ha dado carpetazo a la pieza política del fraude de la formación y ha tomado decisiones polémicas por ir directamente en contra de las líneas estratégicas marcadas por su antecesora y en casi todas las macrocausas de corrupción que recibió como herencia ha habido críticas, algunas incluso desde la propia Fiscalía, por la ralentización de las mismas, cuando no por su paralización.

La magistrada Pilar Ordóñez, que sustituye a la recusada María Núñez Bolaños en la instrucción de este caso, da un plazo máximo de 45 días a la Consejería de Economía y Hacienda para que le remita la certificación de «todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía a IFA-IDEA, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, con indicación del centro directivo al que corresponden, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive».

Pilar Ordóñez, sustituta de la magistrada recusada María Núñez Bolaños, trata de averiguar si el «método ERE» fue utilizado por otras consejerías durante una docena de años.  La juez solicita también a la Consejería «los calendarios de pagos aprobados por la Dirección General de tesorería de cada una de ellas y los documentos acreditativos de las transferencias realizadas al IFA-IDEA».

Estas pesquisas forman parte de la denominada causa de las transferencias de financiación que ha asumido la juez Pilar Ordóñez en sustitución de María Núñez Bolaños, quien ha sido apartada temporalmente del caso mientras se resuelve la recusación planteada por los letrados del PP andaluz contra ella.

Una cuñada de la juez Núñez es la encargada de los pagos de la Agencia IDEA

El PP, que ejerce la acusación popular, motivó su recusación en que «María Guija Villa, hermana de Julio Guija Villa, el cónyuge de doña María Núñez Bolaños», es técnica del Área de Control y Seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA y, a su juicio, la cuñada de la juez interviene en la gestión de los fondos públicos que maneja la agencia, «incluidas las transferencias de financiación» El PP recusa a la instructora de los ERE por su presunto nexo familiar con una persona directamente implicada en las transferencias de financiación

Según el escrito popular, «hemos tenido conocimiento que la técnico del Área de Control y Seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA, según ella reconoce en su perfil de Linkedin, es doña María Guija Villa, hermana de Julio Guija Villa, que es el cónyuge de doña María Núñez Bolaños». Es decir, la responsable de los fondos públicos que maneja la Agencia IDEA, «incluidas las transferencias de financiación provenientes de las consejerías de Empleo e Innovación, María Guija Villa, es la cuñada de la juez María Núñez Bolaños, que es quien investiga el uso inadecuado de las transferencias de financiación de la Agencia IDEA».

Además, añade el escrito, «ese interés directo se ve reforzado cuando ahora sabemos que en los hechos investigados pudiera haber participado y estar implicada su cuñada María Guija y sus superiores mediatos o inmediatos y que, a través de la misma, pudiera haber obtenido ciertos datos o informaciones de manera extrajudicial que le hayan llevado a formar unos prejuicios incompatibles con la imparcialidad». Y a esto hay que sumar un posible «interés directo por mantener un control exhaustivo de la causa, sin presencia de otras partes incómodas para ella, en aras de evitar que su cuñada sea llamada al proceso como investigada».

Providencia judicial

En la citada providencia, que está fechada el 1 de octubre pero de la que no se había dado traslado a las partes hasta ahora, la nueva instructora da un impulso a una investigación que permanecía paralizada desde que la asumió la juez María Núñez y atiende las peticiones de diligencias que habían planteado tanto la Fiscalía como el PP para avanzar en la instrucción iniciada por la anterior titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

La juez designa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para elaborar los atestados de esta causa. La investigación abarca también a todo el personal adscrito a la Dirección de Finanzas de la agencia IDEA, donde trabajaba la cuñada de la anterior instructora del caso.

Ordóñez da otros 45 días de plazo a IDEA para que remita al juzgado el organigrama de todo el personal adscrito al citado departamento, incluyendo el personal de la Unidad de Control Interno de IDEA entre los años 2000 y 2011, «con la especificación del puesto de trabajo que desempeñan y las funciones que tiene atribuidas de hecho y de derecho».

La agencia IDEA fue la encargada de pagar las subvenciones fraudulentas de los ERE con el dinero que le mandaba la Consejería de Empleo a través del mecanismo de las transferencias, que debían emplearse en compensar pérdidas y ganancias de la entidad receptora de los fondos. La Junta utilizó las transferencias para un fin específico: abonar subvenciones, lo que impidió la fiscalización previa de las ayudas por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía.

Ordóñez quiere analizar si esta herramienta se empleaba por otras consejerías. Para averiguarlo, da otro plazo de un mes a la agencia IDEA (antes llamada IFA) para que «elabore y remita a este juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011·, ambos inclusive, de todos los programas presupuestarios, a excepción de los programas 22E y 31L, ya investigados en la macrocausa 174/2011, más conocida como el caso ERE.

Acuerdos del Consejo de Gobierno

La juez Ordóñez pide a la agencia de la Junta de Andalucía que le «remita todos los expedientes de gastos/pagos tramitados y los acuerdos resoluciones de los órganos rectores de IFA-IDEA (consejo rector, presidente, director general o secretario general), acordando los mismos y, en su caso, las resoluciones y acuerdos de la Consejería u órganos mixtos creados ad hoc que los ordena y los acuerdos del Consejo de Gobierno que los ratifica, cuando fuese necesario, junto con los informes jurídicos y económicos emitidos al efecto».

Por último, la instructora requiere a IDEA que en 60 días elabore y le envíe al juzgado la «relación de todo el personal de apoyo a la Intervención General de la Junta de Andalucía, incluyendo la de todo el personal interno y externo adscrito a la Intervención Delegada de Control Financiero Permanente, durante el periodo comprendido entre los años 2.000 y 2.011, ambos inclusive, con especificación del puesto de trabajo que desempeñan y las funciones que tiene atribuidas de hecho o de derecho».