Los fiscales acusan al juez De Egea de poner en peligro el 'caso Villarejo'

El comisario José Manuel Villarejo durante una entrevista en el programa Salvados. EL MUNDO

La investigación abierta contra el comisario José Manuel Villarejo por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión corre el peligro de malograrse. Así lo advirtieron los fiscales del caso al juez instructor, Diego de Egea, tras su decisión de permitir que los abogados de los imputados accedan a documentación «aún pendiente de analizar».

«El levantamiento total del secreto sumarial derivará sin duda en la frustración de toda la investigación pendiente», resaltan los representantes de la Fiscalía Anticorrupción en un recurso remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, el pasado 14 de agosto, contra el alzamiento del secreto de la mayor parte de las actuaciones realizadas en la investigación, correspondientes a la pieza principal de esta causa, bautizada como Pieza King.

Anticorrupción reprocha a De Egea que permita a los investigados acceder a una "ingente" documentación que está "aún pendiente de analizar"

El citado recurso, al que tuvo acceso este diario, deja claro que existe una «ingente documentación tanto en soporte papel como en soportes informáticos», que se incautó en el curso de las entradas y registros practicados en los domicilios vinculados al comisario Villarejo. «El conocimiento simultáneo por las partes de estas fuentes de prueba supondrá la posibilidad cierta de advertencia previa a otros partícipes en los hechos», señalan los fiscales.

Es más, no pasan por alto que los investigados podrían destruir pruebas, ya que la documentación intervenida en soporte digital «se encuentra aún encriptada» y esto «permitiría fácilmente su apertura y destrucción». Dicho esto, reprochan al magistrado que tumbe las medidas cautelares dictadas al inicio de la investigación, hace apenas ocho meses -el pasado 16 de enero-, cuando dio el visto bueno a la Policía Judicial para que analizara los dispositivos informáticos cuyo contenido pudiera comprometer la seguridad del Estado.

Hace tres meses les insistió en su obligación de informar, en caso de que descubrieran que el material incautado «pudiera tener información que afectare a la comisión de nuevos delitos, a instituciones del Estado o a la propia seguridad del Estado».

Los fiscales consideran que el material es «potencialmente sensible» y que no se puede facilitar a los investigados «de modo simultáneo con los investigadores, la Policía Judicial, el instructor y el Ministerio Fiscal». Es por ello que reclaman al juez que extienda el secreto «a toda la documentación en soporte papel y en soporte digital intervenida en el mes de noviembre de 2017 y que hasta la fecha se encuentra pendiente de estudio y análisis por la Policía Judicial».

Los representantes de la Fiscalía Anticorrupción, autores de la querella que dio origen al caso Villarejo, advierten además de que el conocimiento simultáneo de esta documentación por parte de los imputados puede disminuir la protección de la intimidad de aquellas personas que aparecen en el material incautado, pero en calidad de perjudicados, es decir, «víctimas», como las califican los fiscales en su escrito.

«Nos encontramos ante una instrucción de carácter complejo», según considera la Fiscalía, que bautizó a los miembros de esta presunta organización criminal como «una auténtica mafia policial». «Un fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», que aprovecharon «el manto de protección que le otorgarían sus respectivas condiciones de comisarios», en palabras de los fiscales.

En este sentido, Anticorrupción señala los nombres de los comisarios Carlos Salamanca y Enrique García Castaño. El primero estuvo destinado en la Comisaría General de Documentación y Extranjería y el segundo fue responsable de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), órgano encargado de los seguimientos y los pinchazos policiales.

Los fiscales resaltan también la presunta colaboración de «otros policías» que realizarían vigilancias y seguimientos a cambio de dinero. Sin duda, «un auténtico clan policial mafioso», en palabras del Ministerio Público, que hace suya la definición del Código Penal en relación a la expresión organización criminal, para asegurar que «nos encontramos ante una agrupación que de manera concertada y coordinada se reparte diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos».

Este diario también accedió a los recursos presentados por la Fiscalía contra la decisión de De Egea de modificar la situación de prisión provisional del socio de Villarejo, Rafael Redondo -ambos están en la cárcel desde el pasado 5 de noviembre-, y contra el archivo provisional de la causa abierta a los dueños de la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que contrataron los servicios del comisario.

Los fiscales reclaman al magistrado que mantenga a Redondo en prisión provisional sin fianza, porque en caso de que salga en libertad existe el riesgo de destrucción de pruebas y reiteración delictiva. El pasado 10 de agosto el juez fijó una fianza de un millón de euros al socio del comisario como condición para abandonar la cárcel. La Fiscalía señala a Redondo como «el hombre de Villarejo en el extranjero, gestionando el patrimonio oculto». «Dos extorsionadores profesionales», en palabras de los fiscales, que atribuyen a Redondo los mismos delitos que al comisario y le consideran «la persona encargada de hacer que los pagos al grupo Cenyt -la empresa de Villarejo- se hagan de forma opaca».

En cuanto al archivo relativo a los dueños de La Finca, bautizada como Pieza Land, Anticorrupción le reprocha al juez que haya «obviado de forma ostentosa» fuentes de prueba documentales que, en lugar de incorporar a esta pieza judicial, usó para abrir un caso nuevo. Se trata de la documentación referente a García Castaño. La razón «aún se desconoce», dicen.

600.000 euros en una cuenta en Panamá

La investigación ha localizado una cuenta bancaria en Panamá vinculada a la trama de Villarejo, con activos por un importe superior a los 600.000 dólares. Así se desprende de un avance de la comisión rogatoria que el juez instructor del caso dirigió a Panamá. Aunque aún no ha sido ejecutada en su totalidad, la Fiscalía Anticorrupción consiguió conocer parte de los resultados gracias a la cooperación internacional que el Ministerio Fiscal mantiene con este país. En total, se han cursado siete comisiones rogatorias a países extranjeros. En concreto, a Panamá, Uruguay, Reino Unido, Suiza, Hong Kong, Isla de Man y República Dominicana. «Ninguna de las siete ha sido ejecutada», advierte la Fiscalía. "Nuestra fuente es una fuente policial"

En una reunión mantenida por el comisario Villarejo con los dueños de la urbanización madrileña La Finca, el 9 de julio de 2013, el investigado deja claro que es policía. Les advierte de que su fuente para conseguir la información que precisa para elaborar sus informes «es una fuente policial, no es una fuente judicial». Es más, cuatro meses después, en otro encuentro con una de las mismas personas de referencia, le deja claro que asesora «al Ministerio en temas delicados que no le cobramos, obviamente. Entonces, tenemos cierta, cierto paraguas para la hora de pedir cosas y tal...». El juez De Egea argumentó que los clientes de Villarejo no conocían su condición de policía.

Fiscales del 'caso Villarejo' hallan pruebas de la trama "incrustada" en la cúpula de la Policía durante 15 años

El comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Hoy miercoles los investigadores del caso Villarejo han hallado nuevas pruebas "sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos 15 años".

Así informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado remitido a los medios de comunicación, este miércoles, en el que advierte de que "los avances" en el análisis de la documentación digital y en papel encontrada en los registros practicados en el marco del caso Villarejo hace casi un año, en noviembre de 2017, han ampliado "fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación".

A raíz del avance de la investigación, los fiscales del caso han remitido un escrito al juez instructor de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea, en el que piden se reabran dos piezas judiciales relativas a clientes del comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, principal imputado en este caso y en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre.

En concreto, los representantes del Ministerio Fiscal requirieron al juez la reapertura de las investigaciones referentes al despacho de abogados Herrero y Asociados -pieza Iron- y a los propietarios de La Finca, una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) -pieza Land-.

"Se han encontrado nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas y, en particular contra los siete investigados", señala Anticorrupción en referencia a los imputados en ambas piezas, investigados por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil.

Se trata de Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, en la pieza Iron, y de Francisco Lorenzo Peñalver, Susana García Cereceday David Fernández Aumente, en la pieza Land. Villarejo también está imputado por estas dos piezas.

El instructor del caso Villarejo archivó de manera provisional estas dos investigaciones el pasado 30 de julio tras considerar que no existían "unos mínimos indicios racionales y objetivos". La decisión del juez fue calificada por Anticorrupción de "precipitada", lo que obligó a los fiscales a recurrirla el pasado 13 de agosto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Dicho esto, el Ministerio Público deja claro que existen "nuevos y sólidos indicios en estas piezas" y que no es necesario esperar la resolución de sus recursos, defendiendo que se deje sin efecto los sobreseimientos de las dos piezas.

El pasado 21 de septiembre abandonó la cárcel el socio de Villarejo, Rafael Redondo, tras pagar una fianza de 100.000 euros, quedando en libertad provisional. Redondo y el comisario se encontraban encarcelados desde el pasado 5 de noviembre. Villarejo sigue ingresado en la prisión de Estremera (Madrid), imputado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Villarejo pide al juez que custodie las cintas

La defensa del ex comisario José Manuel Villarejo ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reprocha al juez que se hayan filtrado los audios de su comida en 2009 con, entre otros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y le pide que adopte medidas para recuperar y custodiar las grabaciones a fin de que no se publique nada más. 

El escrito fue registrado el pasado viernes y está dirigido al juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego De Egea, que se encarga de esta causa con varias piezas separadas declaradas secretas para investigar las actividades presuntamente delictivas de Villarejo así como aquellas en las que hubieran podido incurrir algunos de sus 'clientes', informa Europa Press. 

Los letrados de Villarejo se refieren a los audios difundidos por el portal moncloa.com que habría grabado el excomisario durante una comida en el año 2009 en la que participaron junto a varios mandos policiales, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

Para el excomisario, la difusión de esas grabaciones obedece a "una estrategia mediática de desprestigio personal y profesional" que "se lleva produciendo desde noviembre del 2017 y hasta la actualidad" y que le perjudica. Niega así taxativamente estar detrás de la filtración -dice que lo contrario es "un infundio"- y remite a las declaraciones realizadas desde la dirección de ese medio online apuntando a que el origen está en sus enemigos.

El Confidencial

Comentarios

  1. Nemesio Arias

    LA JUSTICIA TIENE QUE SER JUSTICIA....NO UN ACOMODO SEGUN CONVENGA AL JUEZ QUE LEVA EL CASO

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