Aragón – Mas agujeros que un queso de Gruyere

 

Ninguna comunidad autónoma es inmune a la corrupción. Pero se diría que algunas, como Aragón, parecen tener las defensas más bajas cuando se trata de combatir ese virus que penetra todas las terminales del poder. La víspera, el pleno de las Cortes de Aragón -el Parlamento autonómico- aprobó la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo escándalo de presunta malversación de caudales públicos que podría alcanzar los 100 millones de euros.

 

Construcciones Sagain adquiría terrenos rústicos inmediatamente antes de su recalificación como suelo urbano; o bien lo hacía nada más producirse el cambio de calificación urbanística, "existiendo en estos casos, probablemente, contratos previos de opciones de compra suscritos entre los propietarios de los terrenos y Construcciones Sagain, que de esta forma se aseguraba la compra del terreno ya recalificado", según el informe policial. Por último, la constructora se hacía con suelo urbano de propiedad municipal "a unos precios claramente inferiores a los de mercado".

Ahora aparece la declaración jurada ante la Brigada de Blanqueo de Capitales, "La empresa Construcciones Sagain entregó un millón de euros a Marcelino Iglesias en diciembre de 2008 por facilitar el cambio de calificación urbanística de la 6ª fase del polígono industrial Centrovía, en el municipio de La Muela, que había sido inicialmente denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza". Quien lanza tan rotunda acusación contra el entonces presidente de Aragón y actual portavoz del PSOE en el Senado es el empresario vasco Santiago Sánchez Valor, que ha firmado una declaración jurada, en la que asegura: "Me consta, porque tuve conocimiento de ello en varias reuniones presenciales, que con el pago de esa comisión se desbloqueó la operación urbanística".

Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain, antiguos socios de Sánchez Valor y actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.

Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, número tres del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y actual senador con una gran fijación ante el caso Gürtel… (Como está el senado… Chaves, Griñán, Zarrias, Barreda…,) ha respondido a las preguntas de la prensa con un “no rotundo” a estas acusaciones. Ha asegurado que no conoce a Unsain y Aramburu. Marcelino Iglesias antiguo monitor de esquí ascendido a Presidente de la Comunidad y posteriormente numero 3 de Zapatero en la declaración de bienes y rentas presentada por Iglesias en el año 2011 ante el Registro General del Senado destacaban como inmuebles dos viviendas en Huesca, dos plazas de aparcamiento y un almacén/pajar en Huesca, así como 44,3 hectáreas en diversas fincas.

El llamado caso Plaza marca el epicentro de la galopante corrupción en Aragón. Pero no es, ni mucho menos, el único. Y el PAR es el ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la comunidad, un partido bisagra que se dejó querer por el socialista Marcelino Iglesias, primero, y ahora por Rudi, con la que firmó en 2011 en Madrid un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.

La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en 2004, cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió creciendo sin parar hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa, pretendía ser uno de los motores económicos de Aragón y un proyecto estratégico para el desarrollo de la comunidad. Pero se ha convertido en un agujero sin fondo que suma más de 100 millones de euros en pérdidas acumuladas.

La lista negra de imputados por el caso Plaza acumula ya más de 70 políticos y empresarios en una región de sólo 1,3 millones de habitantes gobernada ahora por el PP, tras 12 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas. Ahora el propio José Ángel Biel, presidente del Partido Aragonés (PAR), el socio de gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, podría ser la próxima incorporación a ese listado de la infamia. Y esto amenaza con seguir creciendo.

Por otro lado existe la investigación de un agujero desde el año 2011 en el Ayuntamiento de Zaragoza el quinto municipio más importante de España, presenta un agujero contable superior en facturas pendientes de contabilizar en cuantía al que tuvo el Consistorio de Marbella cuando fue intervenido por el Estado, según se desprende de un duro informe de la Cámara de Cuentas de Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza figura entre los que han recibido rescate del Estado por valor de 171 millones, según otro informe del Tribunal de Cuentas, que lo sitúa entre los que más facturas tenía sin contabilizar.

Esta institución presenta el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, que preside el ex ministro socialista Juan Alberto Belloch desde 2003, como propio del Tercer Mundo, con un agujero de 362 millones, que es equivalente al 55% de su presupuesto anual.