jueves, 1 de mayo de 2014

El saqueo de Andalucia 110 – El informe de la fiscalia



El diario el Mundo ha publicado hoy la noticia de que la Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige Jesús García Calderón, ha dictado un informe en el que da por concluidas las pesquisas que abrió de oficio, tras conocer el documento de la Cámara de Cuentas, al fiscalizar las subvenciones millonarias concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo -SAE- de la Junta para los cursos de formación profesional para el empleo en los años 2009 y 2010 . En el mismo la Fiscalía ve indicios de delito en las irregularidades de la formación.
En aquel informe, la Cámara de Cuentas expuso textualmente que las irregularidades encontradas podrían derivar en responsabilidades administrativas y contables, pero no consignó en ningún momento el término "penal". Lo que para el PSOE y para la Presidenta de la Junta Susana Díaz estaba ayer mismo diciendo que era un "bulo" del PP y un ataque a Andalucía, ya son hechos constitutivos de delitos.
Nada más tener constancia de los primeros hechos, el fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a su policía adscrita que analizara el contenido del duro informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas el pasado enero, que censuraba que el 89% de las ayudas concedidas solo en 2009 se hicieran sin "concurrencia competitiva", como exige la ley. Y ahora la policía determina que la gravedad y persistencia de los indicios recabados apuntan a que presentan relevancia penal.
Ahora la Fiscalía considera que las irregularidades contables detectadas en los cursos de formación se traducirán previsiblemente en ilícitos penales. Su fundamento está en los informes de la policía judicial adscrita a la fiscalía. Estas conclusiones han sido enviadas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, las fiscalías de Sevilla y Málaga, y la Junta de Andalucía. Contrasta la determinación y claridad del fiscal andaluz con la falta de transparencia de una Junta de Andalucía que admitia hasta ahora haber revisado solo 1.728 expedientes de los 8.505 existentes desde 2007, habiendo encontrado sólo un fraude de un millón de euros.
El fiscal avisa sobre este asunto y pide que se aclare en sede judicial cómo es posible que haya finalizado el plazo para justificar dos subvenciones de la Junta por valor de casi 50 millones de euros "sin que haya documentación justificativa". Tampoco comprende el fiscal cómo la Junta exoneró de acreditar subvenciones a 844 beneficiarios entre 2009 y 2010 que recibieron 297,14 millones. Aunque liberar a alguna entidad del deber de acreditar el uso del dinero público es excepcional, la Junta lo hizo en general. De hecho, año tras año empresas, Diputaciones y Ayuntamientos solicitaban impartir nuevos cursos, pese a que la Junta no había comprobado que el gasto de los ya impartidos antes estaba justificado por completo.
La Fiscalía se refiere expresamente a la fundación pública Faffe que acumuló subvenciones por 50 millones y que desapareció sin haberlas justificado. El Servicio Andaluz de Empleo -SAE- terminó gestionando los propios fondos que poco antes había concedido a la Fundación, cosa que la Fiscalía pide sea aclarada.
¿Y cómo concedía las subvenciones la Junta de Andalucía? Había una "generalizada falta de control y desorden en el otorgamiento de las ayudas", avisa en su escrito el fiscal superior, que analiza el informe policial que le encargó a la Unidad Adscrita de la Policía tras el demoledor examen de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas del SAE, que detectó que el 89% de las subvenciones repartidas en 2009 se adjudicaron a dedo o que hay 48,8 millones de euros recibidos por la Fundación de Empleo de la Junta -Faffe- sobre los que no consta justificación alguna.
Explican que el fraude puede centrarse en grandes centros que utilizaban esas ayudas para nutrirse de personal cada seis meses. Después de ese periodo despedían a los formados y volvían a optar a las subvenciones. En algunos casos, las empresas recibían el 75% de las ayudas en una primera fase y renunciaban al 25% restante para no tener que justificar el montante. En otros, ni siquiera se impartían los cursos.
En este caso, las cuantías son menores y se calculan en pocos millones de euros en algunas provincias como Málaga. La contundencia del caso reside en la primera rama de subvenciones, las multiprovinciales. En este momento se están revisando subvenciones a la Confederación de Empresarios, a UGT y CCOO, a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), a 400 ayuntamientos, a prácticamente todas las diputaciones provinciales y a entidades benéficas como Cáritas, Cruz Roja o Safa.
"Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquéllas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos", destaca el fiscal.

2 comentarios:

  1. Sonia Garcia Gonzalez

    Lo más destacado de esta noticia es la falta de justificación del gasto de estas ayudas. Pero hecha la ley hecha la trampa!!! Muchas organizaciones, ayuntamientos.... recibían el 75% de la ayuda en una primera fase y luego renunciaban sn una segunda fase a recibir el 25% restante. Se esta forma no tenían ni que justificar gasto ni siquiera nadie realizaba un seguimiento sobre si los cursos eran impartidos. ! De vergüenza!!!!!!!! Durante años fui la tesorera de una ONG que ayuda a través de la música a niños con dificultades cognitivas y del lenguaje a cominicarse. El 100% de los ingresos eran donaciones privadas o públicas. Hasta el último euro se justificaba y antes de solicitar una subvención pública había q rellenar unos informes exhaustivos dejando claro el destino del dinero y luego se comprobaba si se cumplía por parte del gobierno....- hasta el último penique justificado!!!! Como tiene que ser.

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  2. Arcelina G. Martin

    Por eso no quieren a la jueza Alaya, que al final si no la matan de un infarto es porque es muy fuerte. Anda que la foto de "la Susi" no tiene desperdicio.

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