Laura Borrás, investigada por malversación al Supremo

Carles Puigdemont y Laura Borràs. (EFE)

Una jueza pide imputar a Laura Borràs por conceder 18 contratos a dedo a un amigo

La magistrada y la Fiscalía ven indicios de corrupción mientras permaneció al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. La elegida por Carles Puigdemont para la sucesión de Quim Torra. Laura Borràs. Su hasta ahora prometedor futuro político se tambalea por decisión de una jueza. La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, ha solicitado la imputación de la nueva esperanza neoconvergente por cuatro delitos. En concreto, acusa a Borràs de favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares a un amigo, el informático Isaías Herrero, durante un periodo de cuatro años, los transcurridos mientras permaneció al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalitat.

El pretendido delfinato deseado por el 'expresident' huido puede verse truncado por una investigación judicial que arrancó en Manresa y que aún tiene pendiente la imputación formal por obra y gracia del aforamiento. 

Borràs es actualmente diputada nacional. Más aún. Es miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Por tanto, será el Tribunal Supremo el que acabe decidiendo si existen indicios para investigarla por corrupción tras la remisión de una exposición razonada por parte del juzgado de Barcelona. Cuatro son los delitos que le imputa la Fiscalía de Barcelona, en pleno desarrollo de su 'iniciación' política, y en los que se apoya la magistrada instructora: prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Si la causa prospera, supondría el final de su carrera política.

En esta ocasión, con un único beneficiario. Herrero, diseñador web, programador informático y profesor de Creación Digital módulo del máster en Era Digital de la Universitat de Barcelona. Tanto el Ministerio Público como la magistrada consideran que Borràs adjudicó a dedo contratos a su amigo bajo el parapeto de empresas falsas y por servicios ficticios jamás prestados.

Tanto la magistrada como la Fiscalía consideran que los servicios de programación informática aludidos en las facturas investigadas son "inventados". Se idearon con el único fin de ocultar que el prestador del contrato nunca realizó prestación alguna. Y para ocultarlos, los pretendidos servicios se trocearon en contratos menores de 18.000 euros, de modo que su atribución sorteara los controles. El destino final fue —según defienden— el bolsillo de Isaías Herrero.

Consideran que Borràs adjudicó a dedo contratos a su amigo bajo el parapeto de empresas falsas y por servicios ficticios jamás prestados

Herrero, el beneficiario último, fue detenido en diciembre de 2017 por tráfico de drogas y otros delitos, como falsificación de moneda o defraudación en la factura de la luz. Según publicó el 'Periódico de Cataluña', en aquel momento los contratos bajo sospecha se limitaban a tres. En junio de 2015, el colaborador recibió 17.650 euros, en concepto de 'Migració dels continguts de l'antic portal 'Què llegeixes?', disseny, programació i desenvolupament'. En octubre de 2016, se detectó otra adjudicación por valor de 11.850 euros, en concepto de 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al portal de la ILC'. En febrero de 2017, por 16.050 euros, en concepto de 'Creació i manteniment web Any Bertrana'.

La investigación apunta, sin embargo, que los vínculos se prolongaron mientras Borràs se mantuvo al frente del ILC, hasta mayo de 2018, momento en que pasó a ser designada 'consellera' de Cultura. Los primeros indicios dieron lugar a una comparecencia en el Parlament hace unos meses. Entonces, Borràs —que acudió a la Cámara a petición propia— negó que fueran concesiones a dedo a un colaborador y aseguró que las acusaciones respondían a un "linchamiento mediático".

"Entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática asignados por la Institución de las Letras Catalanas a favor del investigado Isaías Herrero Florensa", indica la exposición, que menciona que el aludido empleaba tres sociedades pantalla. Fiscalía apunta a un segundo investigado, Andreu Pujol Martin, al que califica de "comparsa" y que facturó servicios "reflejando en las facturas importes totalmente inventados".

"Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". Isaías Herrero Florensa se refería así a su relación con la actual portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, mientras ella estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018. La conversación grabada en noviembre de 2017 entre Herrero y su socio Marc Gómez figura en la exposición razonada que la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha remitido al Tribunal Supremo para que se investigue a la aforada. El alto tribunal ya ha pedido informe al fiscal.

"Escucha y si la Borràs, porque claro, esta tiene números de ser Gobierno (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre", añadía Herrero, al explicar a su socio cómo Borràs "abusó" de su cargo de presidenta de la Institució de les LLetres Catalanes (ILC) para adjudicarle de forma "arbitraria" 18 contratos de programación informática de la web de la institución. El importe total ascendió a 259.863 euros, cantidad que se fragmentó por importes inferiores a 18.000 euros, para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso público. Borràs le explicó cómo hacerlo en un correo de 2013.

Inhibición al Supremo

Las diligencias se han conducido en secreto durante los últimos dos años. Arrancaron en un juzgado de Manresa y acabaron en el 9 de Barcelona tras una inhibición. Durante el periodo en que se ha mantenido la reserva —levantada hace unos meses—, se practicaron escuchas telefónicas que, en opinión de los investigadores, acreditan la ilicitud de las adjudicaciones. Los pinchazos, entre ellos los practicados al propio Lafuente, acreditarían que cantidades aún por cuantificar acabaron en cuentas vinculadas al beneficiario último.

El escrito remitido al Supremo incluye conversaciones telefónicas y correos electrónicos de los que se desprende que Borràs participó "material y directamente" en la adjudicación de contratos a Herrero, imputado en la causa, para beneficiarle. Entre ellos figura uno en el que le indica la importancia de fragmentar las cantidades y una llamada de diciembre de 2017 en el que le reprocha que el portal de ILC no tiene las prestaciones acordadas, porque al "marcharse ella, se juega mucho si no cumple con esas obligaciones".

El Ministerio Público, que apoya la imputación, valora que no hay duda de la intervención directa de Borràs en la adjudicación. Fue ella quien propuso la concesión de los contratos, quien acordó su ejecución y quien resolvió aprobar el gasto. Las transferencias de pago, defienden los fiscales, trataron de difuminarse tanto en origen como en su recepción. Se ha detectado una pluralidad de transferencias con orígenes distintos y diferentes destinatarios.

No hay duda de su intervención. Fue ella quien propuso la concesión de los contratos, quien acordó su ejecución y quien resolvió aprobar el gasto