El juez investiga si desviaron fondos de cooperación para la estancia de Puigdemont en Bélgica

Un informe apunta que subvenciones de la Diputación acabaron en Waterloo

El juez de Barcelona que instruye la causa por la presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a CDC investiga ahora si la trama desvió dinero público para costear gastos en Waterloo (Bélgica) del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. El juez basa sus sospechas en un informe de la Guardia Civil que apuntaría a que el entorno del investigado Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, podría estar financiando la actividad de Puigdemont con fondos distraídos de las arcas públicas.

En un auto del pasado mes de julio, el juez Joaquín Aguirre considera «muy relevante» que Terradellas asegurara en una conversación telefónica intervenida en junio que a un amigo suyo le habían pedido 100.000 euros para Puigdemont. Según la Guardia Civil, el amigo de Terradellas que pidió 100.000 euros para costear los gastos de Puigdemont en Bruselas podría ser el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Puig, de quien el Instituto armado, según el informe citado por Efe, destaca que tiene «contacto directo» con el expresidente fugado.

La conversación telefónica intervenida se habría producido entre Terradellas y Miquel Casals, condenado por asociación con banda armada, a quien el exdirigente de CDC habría dicho: «Han venido a ver un amigo mío pidiendo 100.000 euros». En esa misma charla, en la que critican el escenario político catalán, consideran a Puigdemont un «fracaso» y aseguran que «quiere seguir viviendo en Bruselas de diputado e ir haciendo dinero». «El del exilio está loco porque le den un sueldo», afirman.

El instituto armado advierte de que, a raíz de la investigación policial, Terradellas se habría desvinculado temporalmente de las subvenciones públicas, por lo que los presuntos fondos dirigidos al expresident podrían estar siendo gestionados por «su entorno más cercano».

La Guardia Civil señala también que Terradellas estaría tratando de evitar conversaciones telefónicas que pudieran implicarlo en la presunta trama, adoptando «medidas de seguridad muy importantes» para evitar ser vinculado al esquema de irregularidades y utilizando «otras vías de comunicación que considera seguras para sus intereses».

Una de ellas, documentada por el Instituto armado, había sido reunirse personalmente con Joan Puig, así como con el europarlamentario de Ahora Repúblicas y exdirigente de Batasuna, Pernando Barrena, y con el secretario general de Deporte, Gerard Figueras, en libertad provisional tras haber sido detenido esta semana en el marco de esta misma causa. Por otro lado, el juez resalta que no se ha acreditado por el momento que la fundación CATmón, una de las investigadas, tenga una actividad cooperativa internacional «que justifique la recepción de subvenciones por importe total de más de dos millones de euros repartidos en varios ejercicios». «Por el contrario, la mayor parte de los documentos ocupados se refieren a la tarea desarrollada por Terradellas para contribuir a la independencia», apuntan.