El saqueo de Andalucía 190 - El caso ERE, la mayor causa de corrupción en España

Desde 2010, año en el que comenzó su andadura el caso de los ERE, han pasado tantos años que apenas se recuerdan todos los elementos esenciales. Por que hay que hacer un resumen de los distintos avatares del proceso por la mayor causa de corrupción habida nunca en nuestro país.

El 19 enero de 2011 

La juez de Sevilla Mercedes Alaya abre las diligencias previas número 174/2011, que dieron lugar al caso ERE. Se trata de la mayor causa de corrupción abierta nunca en el país, que puso al descubierto la presunta trama diseñada por la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE para sustentar su propio poder a través de un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores. Inicialmente, se iba a investigar un presunto fraude en ayudas públicas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. 

15 noviembre 2011

La juez Mercedes Alaya apunta por primera vez en un auto al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como "cúspide" de una "estructura piramidal" que propició el presunto fraude durante una década.

9 marzo 2012

Declara en el juzgado el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que al día siguiente ingresa en prisión. Es el primer ex alto cargo que va a la cárcel por los ERE fraudulentos y el principal acusado en esta causa. Guerrero fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 hasta 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, siempre en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.

16 marzo 2012

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del ex director general de Empleo Javier Guerrero, declara ante la juez Mercedes Alaya que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas. De acuerdo con el testimonio del ex chófer, Guerrero también habría recibido entre 60.000 y 80.000 euros en metálico, cuadros, un piano, antigüedades, ropa por valor de 2.000 euros y mil euros más en consumo de telefonía móvil. Muchos de estos regalos se los habría llevado a su casa de El Pedroso el propio ex conductor.

24 abril 2012

Tras cuatro días declarando en el juzgado, la juez Mercedes Alaya envía a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Sale en agosto de 2012 tras pagar 450.000 euros de fianza. En su auto de prisión, la juez acusó a Fernández de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía debido al "despilfarro continuado" de los fondos públicos. De la declaración del ex consejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta "indiscriminadamente" y no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.

20 marzo 2013

La Guardia Civil despliega la operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones para tramitar los ERE ante la Junta. En febrero de 2018, un informe remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por los peritos de la Dirección General de Seguros revela que las comisiones cobradas por mediadores en ERE financiados por la Junta superan hasta un 550% la media que las aseguradoras pagaban a esos mismos intermediarios en otros casos.

Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía realizaron en 2014 -a petición de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya- un informe en el que detectaron que en los ERE financiados de forma irregular por la Junta se pagaron más de 66 millones de euros en comisiones por encima de la media del mercado, un promedio que fijaron en el 2 % entre el 2000 y el 2011.

20 julio 2013

El entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, anuncia su dimisión, formalizada el 27 de agosto de 2013, para "preservar" a la Junta de la "erosión" del caso ERE. Al marcharse asegura: "No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar". El 7 de septiembre le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia.

31 julio 2014

La juez Mercedes Alaya remite al Tribunal Supremo la exposición razonada con los indicios de delito que ve en los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los ex consejeros andaluces Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, todos diputados o senadores en aquella fecha.

16 junio 2015

Mercedes Alaya deja el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras conseguir una plaza en la Audiencia y la sucede María Núñez Bolaños. Se consuma así la maniobra para apartar a Alaya de la instrucción del caso ERE y de otras causas de corrupción, como el caso Avales, el caso IDEA o el fraude de los cursos de formación.

Alaya pretendía retrasar su incorporación a la Audiencia y continuar con la instrucción de estas macrocausas, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobaron un plan de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que enterró esa posibilidad.

Alaya quedó apartada tras cuestionar la falta de preparación de la juez Núñez para instruir macrocausas, porque llevaba alejada de la jurisdicción penal desde 2001. También consideró comprometida su imparcialidad por la amistad de su marido -Julio Guija Villa, médico forense y ex director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla- y el entonces consejero de Justicia, el fiscal en excedencia Emilio de Llera. En una entrevista con Abc en mayo de 2018, la juez Alaya dijo que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ "apartarla" de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos "sumamente graves".

20 junio 2015

El Supremo imputa a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros y entonces diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Tras siete meses de investigación, el juez Alberto Jorge Barreiro dictó dos resoluciones en las que concluye que Chaves y su sucesor, Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema "claramente ilegal". Los mismos indicios observó contra Zarrías y Viera. A este último le imputó, además, un delito de malversación. De los cinco ex altos cargos andaluces a los que investigó el Supremo, Barreiro solo exculpó a la entonces senadora socialista Mar Moreno.

26 junio 2015

El escándalo de los ERE provoca que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías dejen sus escaños en las Cortes, con efecto para el 2 de julio de 2015. El ex consejero de Empleo andaluz José Antonio Viera no abandona su escaño y se pasa al Grupo Mixto, tras darse de baja en el PSOE. Finalmente, Viera dimite el 24 de septiembre de 2015.

31 julio 2015

La nueva juez instructora María Núñez Bolaños divide la macrocausa de los ERE en piezas separadas que se reparte con el juez de refuerzo Álvaro Martín. Su antecesora, la juez Mercedes Alaya, siempre se había opuesto a la división de la causa. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción sí fue partidaria de que el caso se desgajara en tantas piezas como ayudas irregulares se concedieron con cargo a la partida presupuestaria 31L, también conocida como el 'fondo de reptiles'.

1 junio 2016

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo se dan de baja en el PSOE un día después de que el juez Álvaro Martín les notificara el auto de transformación en procedimiento abreviado del 'caso ERE', el paso previo para sentarlos en el banquillo. El PSOE andaluz explicó entonces que ninguno de los investigados tenía que presentar su renuncia a la militancia hasta la apertura efectiva de juicio oral. Por ello, la dirección socialista calificó de "generosa" la decisión de los ex presidentes, ya que así evitaban la utilización política de su militancia durante la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron pocos días después, el 26 de junio de 2016.

3 noviembre 2016

El juez Álvaro Martín abre juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (cuatro son luego desimputados) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. La Fiscalía y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias piden entre 2 y 10 años de cárcel y la Junta de Andalucía el archivo. La Fiscalía Anticorrupción eleva a 741 millones de euros el botín del PSOE por los ERE.

13 diciembre 2017

Comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio por la pieza principal del 'caso ERE', con los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis ex consejeros -Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo- y 13 ex altos cargos de sus gobiernos en el banquillo. El juicio se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones en las que declararon 120 testigos. Finalizó el 17 de diciembre de 2018 y quedó visto

19 de noviembre 2019

La sentencia principal del caso de los ERE supera los 1.700 folios. El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha contado con una liberación especial para redactarla. El fallo debe determinar si la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE diseñó una trama para sustentar su propio poder a través de un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores.

Chaves y Griñán se enfrentan a una condena de inhabilitación por prevaricación, pero sobre el segundo pende también la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel por malversación continuada.

El PSOE en el centro de la corrupción

Al igual que no se recuerda la falta de colaboración de la Junta con la juez Alaya –documentos comprometedores para Gaspar Zarrías no llegaron nunca al Tribunal–, ni los ataques y deslealtades que la magistrada recibió incluso de miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por poner un solo ejemplo escandaloso, el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el "progresista" Gonzalo Moliner, que ya había afeado el retraso de la instrucción de Mercedes Alaya en público cuando apenas llevaba dos años instruyendo, comió con el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el jueves, día 23 de mayo de 2013, en el Palacio de San Telmo.

A la comida fueron invitados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el consejero de Justicia, Emilio de Llera y un vocal del CGPJ nombrado a propuesta del PSOE. Esa comida a espaldas de la juez Alaya permitió a Griñán concluir que su imputación en el caso de los ERE era inevitable, por lo que puso en marcha un proceso de elecciones primarias que había negado hasta entonces, con Susana Díaz como sustituta.

Tampoco se recuerda la intervención del Tribunal Supremo en el caso. Su participación estaba asegurada por cuanto tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán y otros –José Antonio Viera y Gaspar Zarrías– eran aforados por ser diputados y /o senadores y era obligado que el alto tribunal se pronunciase sobre la concesión o no de los suplicatorios correspondientes.

El caso correspondió al magistrado Alberto Jorge Barreiro, que emitió dos exposiciones razonadas. Una, destinada a la formalización de suplicatorio al Congreso de los Diputados con respecto a los siguientes imputados que presentan en la causa la condición de aforados: José Antonio Viera Chacón, Gaspar Zarrias Arévalo y Manuel Chaves González; el otro, respecto a su competencia respecto al caso de José Antonio Griñán.

La intervención del Tribunal Supremo era obligada porque la juez instructora Mercedes Alaya había elevado una exposición razonada con documentación exhaustiva –DVDs con casi 300 tomos– para solicitar la imputación formal de los implicados. Pero el magistrado Barreiro tuvo que hacer una valoración, naturalmente en torno a los indicios presentes en la instrucción, sobre lo ocurrido en los ERE para decidir si procedían o no las imputaciones requeridas por la juez Alaya.

En su exposición de 127 folios se hizo un análisis del caso y se concluyó, textualmente, lo que sigue en cuanto a los casos de Chaves, Zarrías y Viera. Según el magistrado se había perpetrado un quebranto patrimonial del erario público derivado de diferentes modalidades de actuación: entrega de dinero a empresas que no procedía, ya sea porque no se hallaban en crisis o ya porque se preveía diáfanamente que el dinero no iba a ser destinado a reflotar la empresa; abonos de ayudas sociolaborales ilegales, ya fuera porque los trabajadores ni siquiera pertenecían a la empresa, ya porque las cantidades concedidas superaban ampliamente las que procedían por ley; entregas de sobrecomisiones a las entidades mediadoras de seguros que rebasaban de forma ostensible los porcentajes vigentes en el mercado; pago a bufetes jurídicos por intervención profesional en algunos de los ERE, a pesar de que los honorarios no correspondía abonarlos a la Junta de Andalucía; y entregas de dinero a los sindicatos mayoritarios sin un fundamento legitimador que, en principio, las apoye.

En todos esos casos se estaba disponiendo de los caudales públicos en perjuicio de la Junta de Andalucía y en beneficio lucrativo ilícito de terceros. Sin embargo, lo cierto es que no constan indicios de que los imputados Gaspar Zarrias y Manuel Chaves intervinieran en esas entregas de fondos públicos. Ni tampoco constan datos indiciarios de que supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas. Sí sabían que el procedimiento de concesión de las subvenciones era claramente ilegal, pero, para este Instructor, no constan indicios de que conocieran que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer el beneficio ilícito de terceras personas.

En cambio, no puede afirmarse lo mismo con respecto al imputado José Antonio Viera. En este caso sí aparecen datos indicativos de que el exconsejero de Empleo intervenía en la concesión de dinero a empresas a las que beneficiaba ilícitamente por no concurrir los requisitos para proporcionarles ayuda alguna. Así lo constata indiciariamente la declaración judicial prestada por el Director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, tal como se refirió en su momento.

Ya hemos anticipado que la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Susana Díaz nunca entregó a la instrucción del caso el documento que implicaba directamente a Gaspar Zarrías en la entrega de fondos públicos a una empresa "amiga".

Según ABC, el documento que nunca llegó al tribunal y que el Supremo no pudo analizar fue un convenio firmado por Zarrías el 2 de diciembre de 1999 para anticipar a la empresa Campocarne Andalucía S.A., filial regional de Campofrío, una subvención de 2,83 millones de euros –471 millones de pesetas– para crear empleo y reflotar Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), la fábrica de chorizos de Jaén donde tuvo su origen el caso ERE.

El caso de José Antonio Griñán fue tratado aparte por el Tribunal Supremo porque había renunciado a su aforamiento en calidad de senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este caso, el Supremo, por medio de su instructor, el magistrado Barreiros, escribió en un auto en el que definió su competencia sobre el caso Griñán, que había sido consejero de Economía desde 2004 y presidente de la Junta desde 2008.

Pues bien, en todo este sistema ilegal de concesión de ayudas/subvenciones tuvo un papel muy relevante la Consejería de Economía y Hacienda, dado que era quien controlaba la elaboración de los presupuestos y las modificaciones presupuestarias. De modo que, como se especifica en la Exposición Razonada, eran las Consejerías de Empleo, Innovación (IDEA) y de Economía y Hacienda las más implicadas en todo el sistema.

En consecuencia, y a tenor de los datos indiciarios referidos con respecto al Consejero José Antonio Griñán, es claro que su conducta no puede ser enjuiciada separadamente de la de los otros Consejeros aforados que se hallan implicados en los hechos. Pues todos ellos ocupan el mismo escalón de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía y era su Consejería la que controlaba todo el tema presupuestario, autorizando presuntamente el imputado la operatividad del nuevo sistema, mediante el que se utilizaban fraudulentamente las transferencias de financiación para conceder ayudas/subvenciones y se alteraba maliciosamente el presupuesto del IFAIDEA.

Por lo cual, el presunto delito continuado de prevaricación que se le imputa (arts. 404 y 74 CP) ha de ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este Tribunal, al resultar inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados. Sin embargo, debe dejarse constancia de que, cuando menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de malversación.

Pero estas consideraciones del Tribunal Supremo no podían tener en cuenta las pruebas y testimonios que han jalonado el juicio que terminó hace casi un año y que condujo a la Fiscalía y a la acusación particular, mantener la existencia del delito de prevaricación en todos los procesados y apuntalar el delito de malversación de caudales públicos en José Antonio Griñán y a 17 ex altos cargos más, con penas de cárcel –seis años para Griñán– e inhabilitación.