Licencia única

 

Parece increíble que haya tenido que pasar año y medio para que el Gobierno de Mariano Rajoy tome una de las medidas que deberían ser de las primeras para racionalizar nuestra economía y aprobar como proyecto de ley de unidad de mercado, una norma que busca reducir la "maraña administrativa" de España y con la que se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Tiene razón la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando dice que es una de las reformas "más importantes" y tiene como objetivo de elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España. La norma se ha remitido a las Cortes Generales y se tramitará de urgencia.

Para conseguirlo, se basa en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho.

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España. Existen  ahora mismo cerca de 6.000 normas de las distintas Comunidades Autónomas, muchas de ellas contradictorias entre sí, dentro de 28 sectores como comercio, transporte o servicios.

Vamos a ver el grado de aceptación por parte de las distintas comunidades autónomas dedicadas durante más de treinta años a marcar diferencias y cortapisas entre ellas que ha provocado que muchas empresas tuvieran que desistir a la hora de establecerse en el territorio español. Asi se pretende suprimir leyes impuestas  por los políticos regionales que se valían en muchas ocasiones para establecer toda clase de peajes tanto para establecerse como  cerrar, como ha ocurrido últimamente  en Cataluña donde varias empresas para deslocalizar sus instalaciones no tuvieron mas remedio que un impuesto revolucionario a CIU para poder cerrar su actividad.  

Pendientes han quedado el etiquetado de productos  y el rotulado de los establecimientos en lenguas autóctonas.