El saqueo de Andalucia 61 –La hora de las responsabilidades políticas

No hubo novedades en la prevista declaración del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez que ha ratificado en su declaración como imputado, la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
 

El exinterventor ha ratificado todas sus anteriores declaraciones: la que hizo al Parlamento en la comisión de investigación hace un año y la carta que envió al presidente de la cámara en la que hacía las declaraciones más explosivas y en la que acusó a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo de "cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE". Además en esa carta el exinterventor de la Junta también aseguraba que el nido de corrupción "se podía haber desmontado con una orden verbal en solo veinticuatro horas".

Por mucho que Martínez Aguayo esté dispuesta a ofrecerse como cabeza de turco para evitar que sea Griñán el próximo imputado, nadie la cree tan incompetente como para no apreciar la gravedad de las advertencias que hacia el informe en el que el interventor pedía expresamente, además, que su contenido se pusiera en conocimiento del titular de la Consejeria.

¿Se cree alguien que no informó a Griñán de unas irregularidades que sólo en 2005 provocaron un desfase presupuestario de 93 millones de euros? ¿Se cree alguien que un Griñán y un Chaves que desconociesen dichas irregularidades no habrían pedido una explicación respecto de a qué se debía tan monumental trastoque presupuestario? Por otra parte, si fuera cierto que Martínez Aguayo ocultó todo a su superior, ¿cómo es que ni ha dimitido ni ha sido cesada en el cargo?

Así de contundente ha sido la esperada comparecencia que unida a las 15 notificaciones que remitió los responsables entre 2000 y 2010 de las Consejerias de Trabajo y Hacienda hace recaer toda la responsabilidad hacia TODOS los miembros del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía que no da otro camino que tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tenga más remedio que llamar e imputar a los cargos políticos que pasaron en estos años por estas consejerías.

Todas las maniobras dilatorias y entorpecedoras de la Junta para evitar esta declaración de este testigo puede decirse que han fracasado y ahora dependerá de la instrucción del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo en el probable caso que Griñán decida guarecerse como senador para crear un nuevo obstáculo a la justicia para evitar que el proceso seguir avanzando.

Pero que nadie crea que la nueva Junta  al cargo de Susana Diaz vaya a quedar al margen de las investigaciones. Susana Díaz, una todoterreno del PSOE de Sevilla desde la década pasada, está asimismo contaminada por la realidad fraudulenta de los ERE que tuvo en Sevilla y su provincia su centro de gravedad fundamental.

El PP de Andalucía ya señala a la flamante secretaria general del PSOE andaluz como una persona relevante en el PSOE que es imposible no conociera el manejo de los fondos que se deriva del caso de los ERE. Tanto ella misma, primero secretaria de Organización desde 2002 y luego la secretaria general del PSOE de Sevilla desde 2010, su antecesor en ese cargo, el hoy diputado nacional, José Antonio Viera, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía  y el presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, debían estar al tanto porque era el partido de su responsabilidad el que más y con mayor diferencia se estaba beneficiando ilegalmente de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 311L.

Susana Díaz bien pudiera sufrir el mismo destino que Griñán en caso de descubrirse alguna relación más determinante con los fondos de los ERE por parte de quien será en agosto la presidenta de la Junta de Andalucía.