La venganza de un resentido

 

El partido socialista ha colocado siempre a sus sectarios más destacados en cargos decisorios en Europa que utilizan su cargo para intentar debilitar al Gobierno de España cuando quienes gobiernen no sean de su partido. Es el caso de Joaquín Almunia que aún no ha digerido su estrepitosa derrota que obtuvo en el año 2000 frente a José Mª Aznar y está creando un conflicto retroactivo con los astilleros del norte.  Hace ya algunos día se anticipaba la posibilidad de conflicto. 

De manera sorprendente, el comisario de Competencia, el español y socialista Joaquín Almunia, ha decidido actuar de manera abiertamente discriminatoria en el asunto de las subvenciones a los astilleros, con grave perjuicio para los intereses de las empresas españolas, a pesar de que han actuado de manera similar a las del norte de Europa. Almunia insiste en pedir la devolución de las ayudas, de hasta 3.000 millones, concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales del tax lease, un procedimiento para financiar la construcción de buques sobre el que la Unión Europea no dijo ni una sola palabra hasta la llegada del político español al cargo de comisario de la Competencia. Es más, la antecesora de Almunia llegó a asegurar al Gobierno noruego que el procedimiento adoptado por España era "plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa", algo que el socialista español niega y además con efecto retroactivo, causando un daño irreparable a las empresas implicadas que puede llevar aparejado el desmantelamiento del sector.

Así lo ha dicho el titular del Gobierno gallego al término de la reunión que esta mañana mantuvo con Almunia en Bruselas junto con los presidentes de Asturias y País Vasco; el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el presidente de Pymar, Álvaro Platero Díaz; el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

La UE se va a pronunciar el próximo día 17 acerca de este contencioso que tiene en vilo a todo un sector industrial, del que dependen casi cien mil puestos de trabajo. La sensatez y el rigor jurídico para evitar la retroactividad de una sanción improcedente y la no discriminación han de imponerse a la obstinación de un comisario cuya condición de español convierte en todavía más sangrante la cerrazón de la que viene haciendo gala desde que puso en su punto de mira a la industria naval de nuestro país.