El saqueo de Andalucia 58 - El doble rasero socialista

 

Con la exministra de Fomento Magdalena Álvarez como pieza de caza mayor y un nutrido grupo de importantes dirigentes socialistas salpicados o directamente implicados hasta las cejas, la Junta de Andalucía confirmó este martes que abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos.

Alega el PSOE-A que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, tal como se empeñó en justificar el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, en rueda de prensa y que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que lo soliciten.

Cabe recordar que la juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez. Vázquez explicó que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y apuntó que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.

La postura socialista dista mucho, no obstante, de la que mantuvo el PSOE cuando en su día trascendió que el PP había decidido pagar el abogado de Luis Bárcenas, hoy en la cárcel de Soto del Real. Los socialistas juzgaron entonces que aquello era un escándalo, pero ahora que la Junta paga la defensa de los imputados en el Caso ERE se limita a tirar de "reglamento". Es como si ahora el. Ahora tendrán que ser todos los andaluces con sus impuestos los que carguen con la defensa de los altos cargos y funcionarios que ya van por los 97 imputados. Las facturas de los abogados podrían ascender finalmente varios millones de euros.