La paz del corral (3)

En el País Vasco les ha entrado a todos la locura colectiva. Los partidos se han apresurado a ponerse medallas y buscar toda clase de medidas para acoger a los terroristas de ETA y se han puesto a competir sobre cuál de ellos da más facilidades. Desde el PNV, Íñigo Urkullu ha pedido la derogación de la ya derogada de facto Ley de Partidos, desde el PSE y el Gobierno vasco Patxi López ha puesto en marcha una oficina para reinsertar a etarras huidos de la Justicia. Esto, cuando aún hay trescientos asesinatos sin esclarecer y ni siquiera se ha detenido a sus autores.

El ministro del ramo, Francisco Caamaño, ha hecho unas declaraciones en las que no ha descartado la concesión de indultos a presos etarras, en general, y a Otegui, muy en particular: "Más allá de las responsabilidades penales, todo lo que sea caminar en la consolidación de este proceso siempre será bienvenido", ha dicho. Desde CiU, Duran Lleida ha denigrado la apelación a la Justicia que hacen las víctimas como si de una apelación a "la venganza" se tratara. El silencio del PP, mientras tanto, resulta atronador.

Cuando  la consecución de una “paz” sujetada por alfileres, hace obligado esperar y ver. En el País Vasco la violencia no se sigue efectuando solamente con las armas, sino con las amenazas o la exclusión hacia aquellos que no presumen de nacionalistas. Falta el arrepentimiento de los etarras, que puede llevarles a ventajas penitenciarias y se pretende arreglar exclusivamente con la firma de un formulario, cuando el perdón debería ser pedido directamente a la victimas una vez cumplida la restitución de daños. Hace falta la entrega de las armas y la disolución efectiva de la banda. Con cambiar el nombre de ETA o Batasuna por Bildu o Amaiur no basta, porque siguen siendo los mismos y no creo que este personal se haya reconvertido de la noche a la mañana.

Las victimas exigen una solución. Esta paz provisional es un chantaje que ni siquiera contempla ninguna solución para las víctimas del terrorismo, que no solo son quienes han recibido el impactos de las bombas o sus familiares, sino aquellos que tuvieron que exiliarse para evitar que se cumplieran las amenazas de esto criminales sobre sus personas y familias. Estamos hablando de más de doscientos mil vascos que tuvieron que buscar su futuro forzosamente en otro lugar de España que ni siquiera pueden votar donde nacieron, cuando los que emigraron voluntariamente a Venezuela Méjico o Cuba si pueden hacerlo con cuyos votos seguramente podrían cambiar este panorama político opresivo y excluyente.  

Este es solo es un “falso final” de cara a las elecciones. El hecho es que ese sucio camino vuelve a estar a la vista, tanto como al margen de nuestro Estado de Derecho. Lo penoso es que ya nadie en nuestra clase política denuncia semejante traición; traición no sólo a los muertos, también a los vivos y a las generaciones venideras.