El tinglado público

El candidato Rubalcaba en su conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander se ha dado cuenta ahora de la inoperancia de las diputaciones provinciales y cree que "sobran" en la estructura nuestra administración justo después de más de veinte años de tener el poder en las mismas y justo de haberlo perdido a raíz de las elecciones de mayo. Los socialistas han sido los únicos que se han atrevido a señalar a las diputaciones provinciales como objetivo a suprimir, pero desde luego no lo hacen para evitar a los contribuyentes la pesada carga de financiar a la legión de desocupados que medran en sus estructuras, sino porque habiendo perdido el control político de casi todas ellas, el coste para sus paniaguados es prácticamente insignificante.

Inmediatamente ha salido Ana Mato del PP oponiéndose a tal medida y hablando sobre la utilidad de estas diputaciones ahora que ha obtenido la mayoría en las diputaciones que según dice ella cumplen un servicio necesario a 15 millones de españoles de las zonas rurales.

Y digo yo, que lo que hay que hacer una revisión profunda de las funciones de todas y cada una de las cuatro administraciones que estamos soportando y quitar todas las duplicidades estén donde estén sin poner exclusivamente el foco en una de ellas preguntándose por qué en solo cuarenta años hemos pasado de tener 600.000 funcionarios a más de tres millones que paralizan y encarecen nuestra economía, ahora mismo hay numerosos expolititicos o militantes de partidos agazapados en autonomías, cabildos, consells, consorcios, empresas públicas, veguerias, fundaciones y toda clase de tinglados públicos que podrian salirse de rositas en todo este debate.

Si los políticos fueran sinceros con ellos mismos y leales con los contribuyentes acordarían de inmediato una reforma constitucional para eliminar las 17 comunidades autónomas, el mayor desastre político y económico que ha padecido jamás un país civilizado y causa principal de que nuestro futuro común, aún después de que pase la crisis (si es que alguna vez remite), sea perfectamente inviable.

No lo harán, claro, porque ese es el PER de la clase política española, del que viven, y muy bien por cierto, miles de diputados autonómicos y altos cargos con sus correspondientes asesores, todos ellos nombrados naturalmente a dedo. Los políticos se preocupan en primer lugar de su bienestar y el de sus correligionarios. Y si les queda tiempo (y algo de dinero) hacen como que trabajan para preservar el bien común. Es éste un rasgo transversal en toda la clase política, pero en deslealtad hacia los ciudadanos los socialistas baten todas las plusmarcas.

Es algo que se aprecia con perfecta claridad en el debate incipiente sobre la reforma de nuestro organigrama administrativo, en que la clase política ha dejado claro ya que, como mucho, "revisará" su funcionamiento para evitar "duplicidades", que puede representar la eliminación de las fuentes de ingresos de decenas de miles de sus militantes a los que rápidamente tratarán de acomodar en otro tinglado que se habrá montado a toda prisa.