El saqueo de Andalucía 146 - Palos en las ruedas de la justicia










El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado por unanimidad el plan de actuación para el juzgado de instrucción 6 de Sevilla presentado por su titular, María Núñez Bolaños que se quedará con todas las macrocausas, mientras que la anterior juez, Mercedes Alaya, asumirá los ERE. La Sala de Gobierno del TSJA considera que Alaya, que está previsto que se quede como juez de refuerzo en el juzgado, debe hacerse cargo de la instrucción de los ERE, una causa que aún tiene pendiente su posible división en distintas piezas, y de Mercasevilla respecto al delito societario.

La división de trabajo aprobada recoge que el otro de los comisionados en el juzgado, Álvaro Martín, se hará cargo del trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento "sin perjuicio de colaborar con la magistrada titular y ejercer funciones de sustitución interna", según una nota del TSJA.

La actual titular, que pidió un magistrado especialista en contencioso administrativo, una propuesta aún no valorada, asumirá la instrucción de las macrocausas de los cursos de formación, los avales o Madeja, ya que "tienen aún escaso recorrido por ser de reciente incoación o bien están en trámite procesal muy avanzado y pendientes de próxima remisión a otros órganos judiciales".

En su acuerdo, el TSJA considera que la comisionada Mercedes Alaya debe hacerse cargo de dicha instrucción "hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial". De esta forma, Alaya podría citar a declarar al expresidente andaluz José Antonio Griñán una vez perdida su condición de aforado como senador, lo que obligó a que su declaración se realizara ante el Tribunal Supremo.

La titular del juzgado de instrucción 6 había planteado la imposibilidad de decidir sobre el conocimiento y posible reparto de los ERE ya que se encuentra pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla sobre su división en piezas separadas, cuestión relevante para decidir sobre el reparto y colaboración entre titular y comisionada.

Sin embargo, la Sala de Gobierno considera que con "la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del Juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad", Alaya debe encargarse también de la causa de los ERE hasta que se resuelva sobre su división.

Junto a ello, la Sala acuerda que dicho plan y criterios de distribución puedan ser revisados y modificados más adelante, a petición de los interesados, "a la vista de su efectivo desarrollo e incidencia en la tramitación de causas complejas y en la normalización del citado Juzgado".

Disparidad de criterios

Decir Mercedes Alaya y María Ángeles Núñez Bolaños es como decir noche y día, la luna y sol. Como era de esperar ante la disparidad de criterios la anterior instructora no está nada conforme con esta decisión y ha recurrido contra ella. Había rumores del informe "brutal" de Alaya contra su sucesora, pero se concretan en dos elementos incluidos en su escrito al CGPJ por la juez: "El informe de Alaya achaca en primer lugar a su sucesora una supuesta falta de preparación para investigar las macrocausas, dado que la nueva titular del juzgado procede de un juzgado de Familia, en el que ha pasado los últimos 11 años, y por tanto requiere una actualización de sus conocimientos en materia penal, sobre todo ante la complejidad y amplitud de algunos de estos sumarios, como el de los ERE...

El segundo ataque, ya sin artillería, supone un auténtico cuerpo a cuerpo. La juez Alaya viene a cuestionar en su alegato la imparcialidad de Bolaños por la vinculación de ésta y de su marido, el médico forense y psiquiatra Julio Guija, con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. Alaya insinúa que la amistad del matrimonio con el fiscal en excedencia "puede afectar a su labor profesional".

Injerencias políticas en la causa

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha anunciado que está preparando una denuncia contra la juez María Núñez Bolaños al entender que podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación al dividir la causa en tres grandes piezas.

En un comunicado de prensa, Manos Limpias pone de manifiesto que la resolución dictada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla «es presuntamente prevaricadora» porque, en primer lugar, «no ha esperado a los dictámenes» de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Además, la magistrada «no ha esperado a la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe resolver una denuncia al respecto», a lo que se suma que la juez «tiene además una presunta relación estrecha con imputados en la causa -familia Ojeda- y con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera».

Manos Limpias sospecha «las presuntas injerencias políticas que tratan de darse a esta causa y que, lejos de agilizar el proceso, lo entorpecería, dando un balón de oxigeno a los imputados». Además, Manos Limpias «tiene la duda más que razonable de que una magistrada sin experiencia alguna y procedente de un juzgado de Familia, y que tardaría años en ponerse al día de la 'macrocausa', sea ahora la que se haga cargo de ese macro proceso».

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