Cargos de confianza y manifestaciones

Los políticos, acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo dentro del partido a base de servilismo y sumisión personal, cuando llegan a la Administración pública no admiten la independencia del funcionario, a quien ve como una traba, como un burócrata que entorpece con razonamientos y registros legales a quienes piensan que su poder es omnímodo por ser los representantes de la voluntad popular. Incluso muchos políticos, cuando el funcionario pone reparos legales a actuaciones totalmente arbitrarias, ven al funcionario como un esbirro al servicio de la oposición. Para evitar este control legal, el político se ha inventado la figura de los llamados “asesores” o “cargos de confianza”, que son simples empleados públicos (que no funcionarios) metidos a dedo, con retribuciones desorbitadas al margen de la tabla salarial y cuyo único propósito es de que no pongan trabas legales a las resoluciones que dicten los políticos por muy arbitrarias que éstas puedan ser.

Junto a estos asesores o cargos de confianza, el político se ha asegurado también otro tipo de lealtad con los llamados “cargos de libre designación”, que son puestos de trabajo dotados con fuertes complementos salariales que se consolidan con el tiempo. Ello ha provocado que muchos funcionarios se alineen políticamente para acceder a este tipo de puestos de trabajo, con la pérdida de independencia que ello ha conllevado. Otra manera de influir políticamente en la configuración, distribución y selección de efectivos.

Reciben los títulos de asesores o personal de confianza. Son personas sin ninguna formación específica que son nombradas a dedo en alcaldías, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, ministerios o Presidencia del Gobierno y todos ellos cobran con cargo a los respectivos presupuestos. Su número, a pesar de la opacidad que les rodea, no sería inferior a los 100.000 dado que el Ministerio de Hacienda cuantifica en 346.323 los empleados que, bajo el título de “otro personal”, incluye a cargos de confianza e interinos. Y así metidos a dedo en cada uno de los ministerios, autonomías, diputaciones ayuntamientos, etc…o empresas publicas de este país. Se justifica el hecho de no eliminarlos como el chocolate del loro pero sus salarios complementos y prebendas podría representar mas del 40% de las nóminas de agunos departamentos aunque su numero no representen menos del 10% del personal.  

Al contrario que cualquier otro trabajador, el funcionario no tiene derecho a la negociación colectiva. Sus retribuciones vienen impuestas por el poder político y, como mucho y en los mejores años de bonanza económica, su incremento salarial apenas se ha equiparado a la inflación prevista, lo que ha provocado a lo largo de los años que llevamos de democracia una pérdida de poder adquisitivo de más del cuarenta por ciento. Sin embargo, en época de vacas flacas, el político dirige sus iras contra el funcionario, a quien no sólo recorta su sueldo, sino que, mucho peor, atenta contra su dignidad personal.

Ahí está pillada toda la clase política del país que durante los cerca de cuarenta años de democracia ha ido superponiendo personal no técnico en la distintas administraciones, que no está sujeto a las imitaciones, horarios y escalas de salarios de la función publica con el silencio retribuido de las centrales sindicales mas significativas.

El presidente del Gobierno ha aumentado de manera significativa los cargos designados a dedo, personas ajenas a la Administración que tienen el estatus de personal de confianza, mientras ha reducido el número de funcionarios adscritos a la Presidencia: 53 de 336. Rajoy ha aumentado en un 46,43% estos cargos eventuales, de los 56 colaboradores que tenía Zapatero a los 82 que tiene el actual presidente.

Camuflados entre las nóminas de los funcionarios ayuntamientos, autonomías o ayuntamientos existen miles de personas con cargos de libre designación que no son mas que familiares de los políticos en el gobierno  de partidos políticos, se da la paradoja que en el ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el departamento de imagen y comunicación de este ayuntamiento hay 123 personas en nómina. O que solamente la concejalía de Medio Ambiente de Madrid tiene 12 directores generales con sus correspondientes asesores o jefes de gabinete todos ellos con sueldos rondando los 100.000 euros al año.

Cuando un político embista contra el funcionario queriéndole hacer parte de la crisis que ellos han provocado, piénsese en todos aquellos que entraron por la puerta falsa como pago por su voto, en los asesores, cargos de confianza y en los de libre designación al servicio del poder político, pero no cargue su ira contra aquel funcionario que un día superó unas oposiciones bajo los mandatos constitucionales de igualdad y capacidad. Que nadie cargue sus iras contra el maestro que instruye a sus hijos, contra el médico que cuida de su salud, contra el policía que le protege o contra el simple administrativo que le tramita una solicitud. Que nadie cargue su ira contra el hecho de su estabilidad en el empleo porque esa estabilidad es precisamente lo único que puede garantizar el servicio público al que el ciudadano tiene derecho constitucional.

Ahora que están los funcionarios en las calles de todas las ciudades del país protestando por los recortes efectuados en su salario, hay que separar a los policías, bomberos, maestros que están protestando legítimamente contra el gobierno, codo con codo con los perroflautas, liberados sindicales, el PSOE en pleno con los titiriteros habituales, cuando esta protesta debería ser dirigida contra el abuso de los asesores, cargos de confianza, jefes de prensa, comisarios políticos etc…  que precisamente no estuvieron manifestándose ayer y tenian que haber sido los destinatarios de los recortes.

Hasta que llegue alguien con redaños que se decida a separar el grano de la paja de la función pública, este país no tiene posibilidad de salir del abismo cosa cada día mas complicada gracias a que Mariano Rajoy que se ha equivocado en su decisión de ahorrar 4.000 millones a base de negar la paga de navidad a los funcionarios y se ha echado enfrente a un colectivo harto de la intromisión política en la función pública que con toda seguridad habría sido su mejor colaborador en el caso de que pretendiera efectuar una verdadera limpieza y regeneración de la función pública.