Sinde y el escándalo de SGAE

Nada más saltar la trama de la SGAE e implicar a altos directivos de la entidad, entre ellos Teddy Bautista (presidente) y José Luis Rodríguez Neri, por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa de especial gravedad y administración fraudulenta. y tras la detención de Bautista, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde se apresuró a desmarcarse de inmediato de la polémica argumentando que no es competencia de su cartera "vigilar, controlar y fiscalizar las actividades de entidades de gestión, ya que esta función corresponde a las comunidades autónomas” algo totalmente incierto.

Pero ya el Tribunal Supremo apunta hacia Ángeles González Sinde como la responsable política de la trama SGAE. Según el Supremo, Cultura es la única competente para fiscalizar las cuentas de las entidades de gestión, salvo en País Vasco y Cataluña. La cuestión es: ¿existe responsabilidad política del Gobierno?

¿Quién tiene razón? En este caso las claves para dilucidar la responsabilidad política de la ministra son estrictamente jurídicas. A continuación, los principales puntos relacionados con la actuación de la ministra.

El artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece lo siguiente:

Facultades del Ministerio de Cultura.

1. Corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 148 y 149, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley.

A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos.

La Ley lo expresa claramente. "Cultura podrá exigir cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías" a las entidades de gestión. Está claro que Cultura no ha cumplido con su obligación a pesar de las numerosas denuncias que han llegado a su poder. Por otro lado, Cultura recibe periódicamente los informes de cuentas y auditorías internas que elaboran las entidades de gestión.

3. Las entidades de gestión están obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 156 de esta Ley.

¿Y qué dice el artículo 156?

Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la entidad confeccionará el correspondiente balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable, el balance y la documentación contable serán sometidos a verificación por expertos o sociedades de expertos [auditorías], legalmente competentes, nombrados en la Asamblea general de la entidad celebrada el año anterior o en el de su Constitución. Los estatutos establecerán las normas con arreglo a las cuales habrá de ser designado otro auditor, por la minoría.

De este modo, en teoría, todos los años las entidades de gestión tienen que depositar en el Ministerio sus cuentas. El problema aquí es que, según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "Cultura simplemente mete estas cuentas en un archivador. Es decir, solo viene actuando como depositarios y no las vigila realmente".

Por último, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) denunciaba en un informe del pasado enero que Cultura recibía puntualmente "tanto las memorias e informes de gestión como las tarifas" de las entidades de gestión. Además, destacaba que las CCAA "no han ejercido ningún tipo de función sobre las entidades de gestión". De hecho, ninguna recibió el traspaso real de competencias en materia de Propiedad Intelectual de manos del Gobierno, salvo el País Vasco, que las obtuvo el pasado 1 de julio (Real Decreto 896/2011), en pleno escándalo SGAE.

De este modo, hasta entonces, ni siquiera el País Vasco, pese a que el TC lo avala, podría haber ejercido la labor de fiscalización que le correspondería. Cultura ha sido hasta ahora la única responsable de tal labor.

Y llegados a este punto cabe preguntarse qué cargo concreto dentro del Ministerio es el encargado de las entidades. Y es aquí cuando salta la penúltima sorpresa respecto a la responsabilidad política de Cultura en la trama SGAE.

Resulta que Sinde eligió en agosto de 2010 para ocupar la vacante dejada por el diplomático Guillermo Corral de director general de Políticas e Industrias Culturales a Santos Castro Fernández, que hasta este momento había sido director de Relaciones Institucionales de la SGAE.

Su departamento fue el encargado de diseñar la polémica Ley Sinde de descargas, y el responsable de la promoción cultural, patrocinio, subvenciones, mecenazgo, convenios internacionales, la acción exterior del departamento y la defensa de la protección intelectual, incluidas las entidades de gestión. Por último, cabe recordar que Sinde era la predilecta de las entidades de gestión para ocupar el cargo de ministra de Cultura…. Blanco y en botella.

Y aquí llega la pregunta ¿Podría estar actuando la SGAE como fuente de financiación ilegal del PSOE? Hay verdadera curiosidad por lo que va contar la ministra en su comparecencia de mañana en el Congreso siempre en el caso que antes, Rodriguez Zapatero no haya decidido relevarla del Gobierno.