La Junta Electoral Central inhabilita a Torra

Quim Torra, durante la visita que ha realizado este viernes a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. EFE

El president de la Generalitat y segundo de Puigdemont es obligado a dejar la presidencia de la Generalidad y su acta de diputado en el Parlament.

La Junta Electoral Central (JEC) ha tomado la decisión de inhabilitar a Quim Torra, que dejará, por tanto, de ser diputado autonómico y presidente de la Generalitat de Cataluña, ya que ser miembro del Parlament es un requisito indispensable para mantenerse como jefe del Govern.

Esta resolución de la Junta, ante un recurso del PP (al que luego se sumaron Cs y Vox), hace estallar la legislatura catalana en un momento de gran tensión entre ERC y Junts per Catalunya, tras el pacto de investidura que los republicanos han firmado con el PSOE.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Torra por un delito de desobediencia a un año y medio de inhabilitación, al haberse negado a quitar los lazos amarillos y pancartas políticas de los edificios públicos del Govern en pleno periodo electoral. Lo juzgó como aforado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por tanto, la sentencia no es firme, ya que puede recurrir al Supremo, como previsiblemente hará la defensa de Torra.

Pero la reforma de la Ley Electoral que pactaron PP y PSOE en 2011 establece, en su artículo 6.2, apartado b, que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado". Y se entiende que la desobediencia a la Junta es un delito contra la Administración Pública.

De igual manera, el órgano encargado de velar por la neutralidad en los comicios ha señalado que la consecuencia de la inelegibilidad "comporta una causa de incompatibilidad sobrevenida en aplicación del artículo 6.4 de la LOREG", donde se establece que las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. De ahí, que la Junta ya haya dicho en ocasiones anteriores que ambos artículos de la Ley de Régimen Electoral General "han ligado una causa de inelegibilidad a la condena de suspensión de cargo público".

Antes de la reunión, fuentes cercanas a la Junta ya destacaron que los 13 magistrados y catedráticos que forman el organismo "no se han plegado a las presiones" externas,y señalaron más bien a la complejidad del debate jurídico: si prevalecía la Ley Electoral o el Estatut de Cataluña. Éste especifica que el presidente de la Generalitat cesa por renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, por aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por defunción, por dimisión, por incapacidad permanente reconocida por el Parlamento y por "condena penal firme" que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La colisión entre ambas leyes ha centrado la discusión de los miembros de la JEC. De hecho, el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que falló en favor de Torra y que es el que recurrió el PP, contó con un voto particular del vocal Pablo Nuevo, quien sostuvo que no había que entrar a valorar el conflicto normativo entre la LOREG y el Estatuto de Cataluña "porque el precepto está formulado como una regla de aplicación automática".

De igual manera, el Partido Popular ha defendido ahora que la inhabilitación de Torra era un trámite meramente "automático", puesto que "la norma estatutaria no puede ser ajena a la normativa electoral específica que rige en nuestro país".