La avaricia rompió el saco en Iqoxe

Estado en que quedo la factoría de Iqoxe despues de la deflgación

Trabajadores de Iqoxe hablan con el Diari de Tarragona para denunciar lo que consideran negligencias
 en la forma de trabajar en la fábrica y asegurar que el accidente «se pudo haber evitado»

Consternados y conmocionados aún por lo sucedido y, sobre todo, por la pérdida de sus compañeros, varios trabajadores de Iqoxe, la empresa química donde se produjo el martes la explosión que sacudió a toda Tarragona y dejó tres muertos y siete heridos, denuncian al Diari que «desde que el grupo Cristian Lay compró IQA –hace cinco años, en abril de 2014– y la renombró como Iqoxe aumentaron los recortes, al tiempo que se minimizó la inversión en mantenimiento y en personal cualificado. La tragedia se pudo haber evitado», dicen al unísono.

Los trabajadores, que piden mantenerse en el anonimato para evitar ser objeto de represalias, hablan con crudeza de las condiciones en que realizaban su trabajo y destacan que el jefe de planta fallecido, Òscar Saladié, «estaba sometido a un nivel de estrés inhumano».

Achacan lo sucedido a los continuos recortes de personal, que provocaron que no hubiera operadores suficientes para controlar los paneles y los reactores. «El motivo exacto del accidente quizá se sepa o quizá no, pero por supuesto que se pudo haber evitado. Para ello hacían falta dos ojos y dos manos, es decir, un operador. Y de eso es de lo que faltaba en Iqoxe», se quejan.

Los empleados critican que «lo único que importaba era producir, cuanto más mejor. Íbamos a saco. Era un despelote. Explotó un reactor, pero había cuatro más, había que sacar cuantos más productos mejor. A veces estaban los cinco reactores a tope, pero con poca gente de supervisión y a veces sin la cualificación necesaria. Era pura avaricia. Ganar dinero y más dinero, sin importar nada más. Y al final la avaricia rompió el saco».

«Se compraban los materiales más baratos, como unas juntas chinas que no duraban nada» Y citan que «se compraban los materiales más baratos. Había unas juntas chinas y nos quejábamos de que no duraban nada, pero, claro, eran las más baratas».

También se quejan los empleados de Iqoxe de que la empresa a menudo contrataba «a chicos que a veces incluso aún estaban estudiando los módulos de operador de planta y, sin apenas formación, los ponía a trabajar y a cubrir un puesto, con el consiguiente riesgo que esa práctica conlleva, pues para manejar un reactor de óxido de etileno se requiere experiencia y meses de aprendizaje».

Otra de las prácticas habituales en Iqoxe era que, cuando había que hacer un trabajo de mantenimiento grande, lo sacaban a subasta, pujaban las empresas contratistas, escogían la más barata y a esa luego le retorcían y le apretaban para rebajar el precio todavía más de lo pactado. El precio y los tiempos, le presionaban para acabar mucho antes».

‘El Sombras’

Cuentan los trabajadores con indignación que «hace unos tres años contrataron a un señor que acompañaba a todos los trabajadores de todas las secciones para medir la productividad. Iba con un cronómetro y los seguía a todas partes. Le llamábamos ‘El Sombras’», dicen con una sonrisa amarga.

«Lo trajeron solo para buscar una excusa para deshacerse de trabajadores. Si un empleado tenía que caminar una larga distancia para cerrar una válvula, ‘El Sombras’ solo contaba el tiempo de cerrar la válvula, no el paseo de 5 o 10 minutos que se daban hasta ella. Lo mismo sucedía con la gente del laboratorio; no tenía en cuenta todos los peparativos necesarios para preparar el PH, por ejemplo. Con ello la empresa llegó a la conclusión de que el tiempo de trabajo efectivo se limitaba al 20% de la jornada laboral. El resultado fue que despidieron a una persona por turno».

No fueron los únicos despidos; «Este pasado mes de diciembre, a las puertas de las Navidades, el señor José Luis Morlanes, consejero delegado de la empresa, y Juan Manuel Rodríguez Prats, director de la fábrica, decidieron echar a seis personas con la excusa de que una de las plantas se iba a dejar parada durante un tiempo».

«La planta se volvió a poner en marcha el pasado fin de semana con solo dos operadores, o sea, que cada operador manejaba un promedio de dos reactores, tanto en panel como en campo. Lo ideal es que si hay cinco reactores haya al menos seis personas. Es lo que sucede en el resto de empresas químicas, donde hay una persona en un panel (panelista) y otra en campo. Pues en Iqoxe dos personas llevaban tres, cuatro o hasta cinco plantas en panel y en campo a la vez. En ese panel a veces no había nadie, puesto que si estaban en campo, enchufando bombas, conectando mangueras, trasvasando tanques... pues no podía haber nadie atendiendo las alarmas».

Y niegan la versión de la empresa de que todo estaba automatizado. «Nada de eso se automatizaba, puesto que costaba dinero y había un operador que podía hacerlo».

Un aviso desoído

La situación era tal que incluso el lunes, un día antes de la explosión, el comité de empresa echó en cara al señor Morlanes haber puesto en marcha la planta de nuevo cuando no se contaba con el personal suficiente, pues lo había despedido en diciembre. «Siempre os estáis quejando. ¿Sabéis qué? Que igual traigo al cronometrador –‘El Sombras’– de nuevo y a ver si nos vamos a llevar una sorpresa», fue la respuesta del consejero delegado de Iqoxe, según recuerdan algunos trabajadores.

«Los despidos dejaron a la planta bajo mínimos, un enorme riesgo en caso de emergencia»

«Es que no parecían conscientes de lo que significa una empresa química –sostiene uno de los trabajadores–. Sólo querían producir, producir y producir, como si esto fuera una fábrica que produce en cadena como en la película de Charlot; no saben nada de química, ni lo que es una molécula, ni lo que una mala mezcla puede suponer, ni que hay procesos que requieren un tiempo de reacción...».

Y quedarse bajo mínimos era correr un riesgo mayúsculo, como ya habían anunciado los empleados en reiteradas ocasiones. «Ante una situación de emergencia los operadores son equipos de primera intervención junto al bombero de la fábrica, al cual, por cierto, quisieron eliminar. Menos mal que la legislación se lo impidió, ya que la ley exige que por los productos que se fabrican haya un bombero las 24 horas».

Los trabajadores dicen que no saben qué fue lo que provocó la explosión, pero aseguran que «muchos empleados de esa planta se quejaban de que, aunque era nueva, no iba bien, de que daba muchos fallos. Pero nunca nadie se paró a analizar el problema».

Se aventuran, sin embargo, a pensar qué fue lo que pudo pasar. «Posiblemente los operadores estuvieran por campo, ya que es donde se encontraron sus cuerpos. Así que si sonaron las alarmas de alta presión del reactor nadie lo pudo ver y frenar», lanzan como hipótesis.

Lo que sí tienen claro es que «estamos muy hartos de callar tras tantos años de represión». Les duelen los fallecidos –«hoy sábado despediremos a Òscar Saladié en el tanatorio de Reus, y mañana haremos lo mismo con Òscar Atance en el de Tarragona», dicen con tristeza– y hablan de las muchas secuelas psicológicas que sufre el resto de trabajadores. Muchos están traumatizados y sin ganas de querer volver a trabajar en esa empresa. Y culpan de lo ocurrido –«y de lo que pudo haber pasado», añaden– a Ricardo Leal, el dueño; a josé Luis Morlanes y a Rodríguez Prats. «Esos tres tienen que sentarse ante el juez», dicen.

José Luis Morlanes

El gravísimo accidente acontecido hace unos días en el complejo petroquímico de Tarragona, ese en el que ya se llevan contabilizadas tres víctimas mortales a estas horas, acaso también podría haberse producido en otro lugar y en otra empresa, pero tampoco por casualidad fue a suceder justo en una factoría sancionada con anterioridad hasta cuatro veces por la Generalitat (tres por fallos graves de seguridad y una cuarta por irregularidades legales en las condiciones de trabajo de su plantilla de empleados), esa misma cuyo flamante consejero delegado responde por José Luis Morlanes. Morlanes, empresario de deslumbrante éxito y a día de hoy uno de los hombres más ricos de Cataluña, posee, entre otros negocios, 140 plantas industriales de producción fotovoltaica con presencia en 20 países. 

Todo un imperio. "El otro día estaba en Méjico, la semana que viene me voy a Alemania y en junio estaré en Vietnam. A mí me gusta lo que como y por eso disfruto. Me gustaba lo que comía cuando estaba en la UGT, me encantó lo que comía cuando estaba en Cornellà y me gusta lo que como trabajando en mi empresa", declaró hace unos años el gran magnate a una revista local del Bajo Llobregat. Y es que el propietario de ese imponente conglometrado industrial transnacional, el emprendedor Morlanes, resulta que fue sindicalista profesional, por más señas de la UGT, y político profesional, también por más señas del PSC, durante la mayor parte de su vida adulta. Currículum cuando menos algo chocante para un hombre de su posición actual.

Obrero manual emigrado a Cornellà con su familia desde un pueblo de Ciudad Real allá por la década de los sesenta, el joven Morlanes decidió afiliarse a la UGT en 1977, en concreto a la federación del Bajo Llobregat, la comarca más industrializada de Cataluña, organización en la que no tardaría demasiado en convertirse en jefe supremo. 

Una vertiginosa carrera, la suya de líder sindical, que sabría compatibilizar con una no menos fulgurante ascensión paralela dentro de las estructuras de poder del PSC, lo que le valió transformarse en la mano derecha de José Montilla dentro del Ayuntamiento de Cornellà. Tan mano derecha del alcalde llegará a ser el polifacético Morlanes que Montilla dejó en sus exclusivas manos el área de gestión más codiciada en cualquier ayuntamiento español, y mucho más en un municipio con las características geográficas de Cornellà, en la práctica una indistinguible extensión de Barcelona. 

El lector ya habrá adivinado que el concejal de Urbanismo de Montilla, esto es el responsable último de conceder unas licencias de construcción que podían multiplicar por mil el valor de cualquier palmo de suelo en la misma linde del término municipal de la capital de Cataluña, se iba a llamar José Luís Morlanes. De su época como responsable del urbanismo de Cornellà, entre otros muchos, proceden los proyectos de implantación en la ciudad del World Trade Center. "He pasado por varias secciones de los periódicos y eso es poco habitual: laboral, política, economía y deportes. Esa es mi suerte", aseguraba en aquella misma entrevista.

Se le olvidó mencionar, sin embargo, que también llegaría a aparecer, y más de una vez, en la de sucesos. Eso fue cuando, todavía sindicalista de UGT a tiempo completo, el compañero Morlanes se metió de cabeza en una de las guerras empresariales más oscuras y turbias que se recuerdan en Barcelona, la que se desató en su día por el control del consejo de administración de La Seda, S. A. Una batalla que duraría años en los juzgados y en la que los contendientes enfrentados no siempre utilizaron métodos legales y ortodoxos. En el transcurso de una junta general de accionistas, el abogado Jacinto Soler Padró, que poco antes había comprado el consorcio empresarial por una peseta, fue agredido y desnudado por un grupo de sindicalistas, y así, como Dios lo trajo al mundo, tuvo que abandonar la reunión. Por las mismas fechas, una bomba nunca reivindicada estalló en el garaje privado de un miembro del consejo de administración de La Seda. A consecuencia de la deflagración quedó completamente destrozando un Mercedes deportivo que allí se guardaba. Nadie lo denunció. 

Sería su primer empleo como alto directivo de una gran empresa. Por lo demás, ya enfrentado a muerte con el todopoderoso Pepe Zaragoza por el control del PSC en el Bajo Llobregat, Morlanes decidió tirar de modo definitivo la toalla en el partido a cambio de la jugosa bicoca empresarial que se le acababa de ofrecer. Y hasta hoy. Lo dicho, le podría haber sucedido a cualquiera. Pero resulta que le ha pasado al prodigioso compañero Morlanes. Cosas de Casa Nostra.