viernes, 7 de abril de 2017

Los "derechos liguisticos valencianos" de Compromís

Vicent Marzà y Rubén Trenzano presentan los nuevos niveles y certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 

El filo nazionalista Vicent Marzá pretende trasladar las barreras idiomáticas que plantea el uso exclusivo del idioma valenciano o catalán que ya esta imponiendo en las aulas de la Comunidad Valenciana, siempre  siguiendo las directrices de sus mentores los independentistas catalanes. Ha creado la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat que comienza a dar sus primeros pasos. 

La Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación ha iniciado ya el trámite de información pública para el proyecto de decreto que regula la creación de este «órgano de carácter institucional», que incluso tendrá potestad para dirigirse a particulares, empresas y organizaciones. Garantizará los «derechos» de los valencianohablantes frente a administraciones, particulares o empresas

Según recoge el preámbulo del texto normativo, actualmente en la Comunidad Valenciana «los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando emplea el valenciano en contextos diversos, tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado, como también en las relaciones privadas». Su ámbito de actuación, por tanto, no se limita a la Generalitat y su sector público instrumental, sino que abarca también las administraciones local y estatal y sus correspondientes organismos, pero también a las personas físicas y jurídicas privadas.

La Oficina se plantea para «atender las quejas y las sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos», además de para ejercer de «mediadora» entre la parte reclamante y la parte denunciada. Una vez recibidas las quejas o sugerencias, la Oficina podrá iniciar «un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos».

Además, se garantiza que la Oficina dé respuesta a todas las comunicaciones que reciba. Deberá notificar a la persona interesada «la respuesta del órgano administrativo o de la persona física o jurídica privada competente». En este sentido, el nuevo órgano informará sobre las actuaciones que la parte denunciada «ha llevado a cabo para corregir los defectos que ha originado la queja o la sugerencia o para implantar las iniciativas de mejora sugeridas», tal y como señala el proyecto de decreto.

Pero «no se tramitarán las quejas o sugerencias que no tengan fundamento jurídico». Cuando estas se dirijan contra administraciones distintas a la Generalitat -con sede en la Comunidad Valenciana-, la Oficina se las notificará «para que tengan conocimiento, adopten las medidas oportunas y formulen la respuesta que sea procedente». También emitirá «recomendaciones» a las personas físicas y jurídicas, a las cuales ofrecerá «asesoramiento técnico», ya que deberán «dar cuenta de todas las actuaciones correctivas» en respuesta a la denuncia.

A mi parecer este nuevo paso adelante pretende varios objetivos: Imponer el uso del valenciano-catalán en sus normales relaciones entre la población, en detrimento del idioma español, controlar por este sistema, el pensamiento y tendencias de la población discriminándola entre unos u otros que nunca habían existido problemas de comunicación hasta que llegaron estos iluminados y por este sistema "enchufar" dentro la administración pública a una nueva remesa de amiguetes y colegas pancatalanistas instalados en las distintas oficinas de la región,que se dedicarían a controlar a la población que idioma usa, incluso dentro de su casa.  

1 comentario:

  1. Gonzalo Merino

    Los Muertos se han quedado Solos que indignidad

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