lunes, 6 de enero de 2014

El aniversario de una adjudicación con trampa

El 1 de enero de 2012 se iniciaba la mayor privatización de la historia de Cataluña: la concesión durante 50 años de la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona por 1.000 millones de euros. Hoy se cumple el primer aniversario del inicio del trabajo por parte del adjudicatario pero el proceso todavía se encuentra en los tribunales por la reclamación de Aguas de Barcelona (Agbar) y su admisión por parte del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC).
Apenas 24 horas después de iniciarse la concesión, el OARCC, dependiente del Gabinete de Presidencia, emitió un dictamen contrario a la adjudicación de ATLL al consorcio que encabezan Acciona y el banco brasileño BTG Pactual (con una participación del 39% cada uno). De tal manera que al anular este contrato la Generalitat tenía que devolverle a Acciona los 300 millones entregados para empezar a funcionar que fueron utilizados por Mas Collell para atender pagos urgentes y cuadrar el cierre de 2012. Esta devolución es algo que aún no se ha producido y todo está en los tribunales.
El contrato paralizado está a punto de cumplir su primer aniversario, pero la empresa de la familia Entrecanales se resiste a invertir más en las aguas catalanas. No sabe el futuro que tendrá la concesión, ya que está sujeta al veredicto de los tribunales y las primeras resoluciones  auguran un futuro poco optimista para la Generalitat, aseguran fuentes cercanas a la cúpula. Ante este escenario, la compañía ha cerrado el grifo hasta que tenga garantías reales de que ofrecerá el servicio por los 50 años que marca el documento. 

Esto implica un incumplimiento del calendario de inversiones comprometido en el contrato, añaden los mismos interlocutores. Acciona tenía que ejecutar obras por valor de unos cinco millones de euros antes de que finalice el ejercicio. Por el momento, sólo tiene preparados los proyectos para mejorar la distribución de agua en la red Ter-Llobregat, que da servicio a unos 4,5 millones de habitantes de Barcelona y su área de influencia. No ha empezado con las obras. Ni siquiera ha realizado la contratación, indican fuentes de la compañía.

De hecho, Acciona aún tiene pendiente el pago de los 40 millones de euros que debía ingresar a la
Generalitat en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) tras la firma del contrato. 
Las mismas fuentes señalan que, bajo el mandato de Acciona, el agua del Ter ha llegado hasta los grifos de Sitges (Barcelona). “Algo inaudito en toda la historia de la compañía”, declaran. Esta práctica ya ha sido denunciada ante la Agencia Catalana del Aigua (ACA) por el peligro que comporta para los acuíferos del Ter, sobre todo en periodos de sequía como los que se esperan tras un otoño sin precipitaciones. La gestora pública del agua en Catalunya ha tomado cartas en el asunto.

Acciona tampoco ha puesto en marcha a plena capacidad la desalinizadora de El Prat del Llobregat (Barcelona), una infraestructura inaugurada en 2009. Desde que tomó el mando de las aguas catalanas, la planta sólo funciona los fines de semana por tareas casi de mantenimiento. A pleno rendimiento, puede servir el 20% del agua que necesita la zona de influencia.

Los empleados de ATLL también denuncian que la nueva gestora no ha tomado el control real de la compañía. Se ha limitado a nombrar a un director que realiza un trabajo poco ejecutivo, añaden, con los problemas que ello comporta en la organización. 
Para la Generalitat de Cataluña, la circunstancia más grave no es el hecho de que un proceso tan importante y voluminoso (clave para cuadrar las cuentas del Gobierno catalán en 2012) esté aún pendiente de la decisión de los jueces sino que a medida que transcurre el tiempo se incrementa la cuantía económica a la que tendría que hacer frente en concepto de indemnización si, definitivamente, los tribunales deciden revocar la concesión.
Lo que al principio se trataba de la devolución del anticipo de casi 300 millones pagado por el concesionario (que pagaría un hipotético nuevo adjudicatario) se ha convertido en un montante superior a los 400 millones de euros, dado que el grupo de Acciona exige además una compensación por las inversiones realizadas en todo este tiempo, los costes de la financiación y el lucro cesante.

3 comentarios:

  1. X.Reverter

    Que Mas Colell y A.Mas paguen con dinero propio las cagadas de Recoder, Carcolé y cia... Y si no que lo arreglen, que el desaguiado es de órdago.

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  2. Felip Reig

    Ya hizo el pelotazo con Airtel, después con Endesa, y ahora con ATLL. No pondrán un duro. Lo que había ahí era una operación de tránsito para darle después el pase bola a uno de los socios catalanes. Háganme caso, que conozco la intrahistoria

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  3. Isabel Martos Navarro

    Leer para saber la clase politica que tenemos en Cataluña.

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