El saqueo de Andalucia 87 – Cierre de filas UGT-PSOE

 

 Esta semana, distintos dirigentes nacionales del PSOE como Elena Valenciano, Oscar López y el mismo Rubalcaba han salido en tromba para apoyar al sindicato hermano sobre el aluvión de facturas de globos, mariscadas, viajes y otras mamandurrias cargadas a la Junta de Andalucia intentando desviar la atención del personal. Afirman que es una campaña de la derecha y sobre todo del PP para intentar desacreditar al sindicato. Este no puede creérselo nadie. Todas estas pruebas no pueden salir de otro lugar del propio sindicato donde hay una serie de trabajadores del propio sindicato muy cabreados con la política de despidos que contemplan como sus dirigentes además de llevarse el dinero del sindicato no asumen ninguna responsabilidad.

Laureano Conde es el trabajador de UGT que ha sido despedido tras ser acusado de ser el responsable del borrado de cientos de archivos exigidos por la Junta y que ahora no entregan para su comprobación. Es la excusa perfecta, han tomado nota de lo que ocurrió con los ordenadores de Bárcenas y también quieren destruir las pruebas. Lo que ocurre es que una contabilidad tan compleja como la de UGT es difícil pensar que dichos archivos estuvieran únicamente en poder de un simple trabajador El mismo ha asegurado que es "demostrable" que el sindicato ha mentido en sus acusaciones y ha reiterado que en realidad no ha habido borrado borrado alguno. Además ¿A quién beneficia? ¿Al trabajador despedido?

"No se ha borrado ningún fichero de la contabilidad porque está en un servidor y no en un ordenador personal", ha afirmado. De hecho, las cuentas de UGT "está en un servidor independiente al que no tienen acceso los trabajadores" del sindicato. Ha añadido que en el caso de que realmente se hubiera borrado toda esta documentación, recuperarla sería "simple" ya que para eso están las copias de seguridad, que no duda que existen dado que el programa con el que trabaja el sindicato, Spyro, que  "costó 300.000 euros" y hace un hinchado automático de de un 10%, 40 o 70% de las facturas que pasan por el antes de mandarlas a la Junta para justificar gastos.

Dicho esto. Junta de Andalucía ha detectado cuatro nuevos expedientes adulterados a los que ha anunciado va a hacer un exhaustiva revisión. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento, en relación con el proceso de análisis de 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A, que se ha adoptado la decisión de iniciar "procedimiento de revisión de oficio" en relación con cuatro de dichos expedientes, mientras que otros cinco expedientes ya cuentan con conclusiones del funcionario instructor. El resto se encuentran en otras fases y hay uno en el que UGT-A ha renunciado a la subvención.

En total, la Junta ha iniciado el análisis de 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A por importe de 7,5 millones de euros y de ellos,cinco cuentan ya con "conclusiones" del funcionario instructor (en dos se plantea la nulidad de ayudas por importe de 1,8 millones), mientras que en relación con otros cuatro expedientes, se ha decidido el inicio del procedimiento de revisión de oficio. El consejero no ha dado a conocer en su intervención el importe de esos cuatro expedientes sobre ayudas que se van a someter al procedimiento de revisión de oficio ni a cuánto ascienden los tres nuevos expedientes de ayuda que ya tienen conclusión del funcionario instructor y que serán remitidos en los próximos días al gabinete jurídico, todo ello a compañado a la falta de colaboración con la justicia, hace de esta revisión algo que puede ser la escenificación de una comedia. 

Así las cosas, el PSOE sigue defendiendo la honorabilidad de los dirigentes de UGT, mientras la Junta de Andalucía, también del PSOE, ha cambiado de estrategia y después de estar largos años obstaculizando la labor de la juez Alaya, ahora dice que va intentar aclarar el destino real de las generosas subvenciones otorgadas al sindicato hermano, eso si, sin facilitar los datos y documentos de esta investigación a la juez, no es que salga lo que todos estamos imaginando.

El PP asegura que la responsabilidad política en el caso de UGT tiene "nombres y apellidos y se llama Susana Díaz", y su portavoz parlamentario ha manifestado que los andaluces están viviendo un "deja vu" de lo que ocurrió en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), "donde la Junta tampoco quería personarse y limitaba la revisión a los ERE vivos". Un detalle, la Junta con la enorme cantidad de irregularidades observadas, sigue enviando dinero de nuevas subvenciones al sindicato amigo.