Las dietas de los enchufados

Un informe del Tribunal de Cuentas revela el derroche millonario que se han repartido en dietas durante el último periodo del gobierno de Rodríguez Zapatero. Solamente en cuarenta empresas públicas se han repartido casi 10 millones de euros en dietas para los que políticos y sindicalistas enchufan en las empresas públicas. Este despilfarro es además de sueldos suculentos de sus consejeros y asimilados que obtienen toda clase de prebendas que se diluyen entre  los parientes, amiguetes y paniaguados que se benefician del sobresueldo de las dietas.

Los Puertos del Estado, Renfe, Aena, el CDTI o Red.es, son algunas de las empresas públicas querepartieron dietas sin cumplir con el procedimiento, según el Tribunal de Cuentas que ha desestimado las alegaciones presentadas por estas entidades. Destaca el caso de las decenas de autoridades de los Puertos del Estado que se fijaron "unilateralmente" un reparto de 4,8 millones en los tres años fiscalizados sin que "exista constancia en el Ministerio de Hacienda de autorización expresa". Al contrario, en 2011, el Ministerio recordó a Puertos del Estado "la actual coyuntura económico presupuestaria".

 El informe resalta que el Real Decreto 462/2002 establece que se pueden pagar dietas en las cúpulas de las empresas públicas "por asistencia a los órganos de administración" sólo "excepcionalmente" y "cuando así lo autorice el Ministerio de Hacienda". "Sin embargo, gran parte de las entidades que abonaron dietas (41 de 45 en los ejercicios 2009 y 2010 y 40 de 45 en 2011) no contaron con la preceptiva autorización para el pago de dietas por asistencias, ascendiendo el importe total de las dietas abonadas en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, sin esa autorización a 3,84 , 3,19 y 2,55 millones". Por tanto, 9,6 millones de euros. De ellos, volvieron al Tesoro Público, un millón de euros que son los correspondientes a los altos cargos del Estado que son consejeros de empresas públicas y que, por normativa, no pueden quedarse con el dinero de las dietas.

Las cuatro Administraciones —la central, la autonómica, la provincial y la municipal- se han inventado cerca de 4.000 empresas para colocar en ellas a sus enchufados. La inmensa mayoría de esas empresas son innecesarias y casi todas deficitarias. Existen solo para atender a los compromisos de los políticos y sindicalistas.

Austeridad y recortes para los demás. La clase política y la casta sindical no quieren saber nada de la crisis. El ciudadano medio asiste impotente a la desmesura. Bajo la presión de la partidocracia se sangra a los contribuyentes con un rosario interminable de impuestos que luego se dedican, en parte considerable, al solaz y la suntuosidad de los enchufados del sistema. La indignación crece en medios populares ante los que con tanto entusiasmo se dedican a chupar del bote.